Tras peticiones de los fiscales 55° nacional y auxiliar, Pedro Lupera y Luis Sánchez, respectivamente, ante el Tribunal 11° de Control del Área Metropolitana de Caracas, fueron congeladas las cuentas bancarias que tenía en el país la constructora brasileña Odebrecht. También se prohibió enajenar o gravar sus bienes, muebles e inmuebles.
Mediante un comunicado el Ministerio Público explicó que dirige la investigación sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de Odebrecht en Venezuela, que incluyó también un allanamiento a sus oficinas principales, ubicadas en la Torre Humboldt de Prados del Este, Caracas, este 14 de febrero.
“Dicha investigación está dirigida a esclarecer la situación y determinar si las obras para las cuales fue contratada esta compañía están culminadas o no; además de verificar cuál sería el destino del dinero cancelado por las mismas, y para corroborar si algunos funcionarios públicos se beneficiaron con esas negociaciones”, dice el comunicado.
El procedimiento fue realizado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (Dgcim), días después de que el presidente Nicolás Maduro y el Parlamento pidieran a la justicia investigar el caso. La Fiscalía General de la República aseguró que supervisó este procedimiento que buscaba, según dijo, “recabar elementos de interés criminalístico”.
Por este caso la Fiscalía también anunció, el pasado 26 de enero, que se solicitó una orden de aprehensión contra una persona por estar presuntamente vinculada con el caso, y requirió que sea incorporada al código rojo de Interpol, en caso de que esta se encuentre fuera del país, para que sea aprehendida y extraditada al país caribeño. Aún no se sabe el nombre de la persona acusada.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por unos 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en 12 países de América Latina y África.
En el caso venezolano, Odebrecht habría pagado unos 98 millones de dólares en sobornos para hacerse con contrataciones de obras públicas, según esos documentos de EEUU.
Algunas de estas obras no han sido culminadas y el Gobierno venezolano anunció una nueva inyección de recursos y un plan para reactivar los trabajos con mano de obra local.
Con el fin de cruzar datos sobre este caso, la Procuraduría General de Brasil citó para el jueves a delegados de las Fiscalías de Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela.