La red Clamor Venezuela y la Comisión Justicia y Paz, instancias de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), repudiaron la deportación por parte del Gobierno de Trinidad y Tobago de 16 niños venezolanos y los adultos que los acompañaban el pasado 22 de noviembre.
Recordaron que trascurrieron 48 horas en las que se desconocía la ubicación precisa de los migrantes, quienes estuvieron a la deriva, sin abrigo ni alimentos, hasta arribar nuevamente a la isla caribeña.
En un comunicado conjunto, las organizaciones manifestaron su preocupación sobre las declaraciones de autoridades trinitenses al «promover conductas que institucionalmente menosprecian la dignidad de la persona humana y marcan un cruel modelo de comportamiento en el que pueden prosperar atropellos y violaciones, como los ya suscitados en el territorio de Trinidad y Tobago«.
Indicaron que la actuación del Gobierno de la isla es una transgresión al artículo XXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto del Refugiado, en particular los principios fundamentales de No Devolución y Unidad Familiar y el artículo 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
«Se agregan las declaraciones de su primer ministro, que estigmatizan a los migrantes y solicitantes de refugio venezolanos al asociarlos a actividades ilícitas como el tráfico de personas», indicó la declaración.
Ratificaron su apoyo a los niños y sus familias «manteniendo contacto con nuestra Diócesis Carúpano y de Trinidad y Tobago, para exigir al gobierno de ese país cumpla con los convenios internacionales, a favor de nuestros hermanos venezolanos migrantes que están en su territorio».
Por último, la Conferencia Episcopal se hicieron eco de las palabras del papa Francisco: “nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse integralmente como persona. Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llegan pueden resumirse en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar».
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La red Clamor Venezuela y la Comisión Justicia y Paz, instancias de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), repudiaron la deportación por parte del Gobierno de Trinidad y Tobago de 16 niños venezolanos y los adultos que los acompañaban el pasado 22 de noviembre.
Recordaron que trascurrieron 48 horas en las que se desconocía la ubicación precisa de los migrantes, quienes estuvieron a la deriva, sin abrigo ni alimentos, hasta arribar nuevamente a la isla caribeña.
En un comunicado conjunto, las organizaciones manifestaron su preocupación sobre las declaraciones de autoridades trinitenses al «promover conductas que institucionalmente menosprecian la dignidad de la persona humana y marcan un cruel modelo de comportamiento en el que pueden prosperar atropellos y violaciones, como los ya suscitados en el territorio de Trinidad y Tobago«.
Indicaron que la actuación del Gobierno de la isla es una transgresión al artículo XXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto del Refugiado, en particular los principios fundamentales de No Devolución y Unidad Familiar y el artículo 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
«Se agregan las declaraciones de su primer ministro, que estigmatizan a los migrantes y solicitantes de refugio venezolanos al asociarlos a actividades ilícitas como el tráfico de personas», indicó la declaración.
Ratificaron su apoyo a los niños y sus familias «manteniendo contacto con nuestra Diócesis Carúpano y de Trinidad y Tobago, para exigir al gobierno de ese país cumpla con los convenios internacionales, a favor de nuestros hermanos venezolanos migrantes que están en su territorio».
Por último, la Conferencia Episcopal se hicieron eco de las palabras del papa Francisco: “nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse integralmente como persona. Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llegan pueden resumirse en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar».