Integrantes de los Comités de Derechos Humanos de la Gran Caracas acudieron este jueves 22 de julio a la Defensoría del Pueblo, en la avenida México, para exigir que se investigue la situación de escasez de agua en la ciudad.
“Llevamos un estudio, una encuesta, y vemos que se está agravando día a día el problema”, expresó Emma Salazar, vecina de Montalbán, al oeste de la capital.
Recalcó que en la mayoría de los hogares del país el agua no llega con regularidad, y “cuando llega, llega amarilla, marrón, con mal olor”.
La mala calidad del agua ocasiona enfermedades de la piel y gastrointestinales. Salazar dijo que a esto se suman los dolores de espalda que padecen quienes tienen que cargar constantemente botellones con agua hasta sus hogares.
“Venezuela es el noveno país que tiene mayores reservas de agua en el mundo. Estamos en este momento como el cuarto país de Latinoamérica y el Caribe con mayor escasez de agua…no es un problema de que no haya recursos sino de mala administración”, expresó.
Ana Fernández, habitante de la parte alta de La Vega, aseguró que hasta la fecha han acudido y hecho reclamos a Hidrocapital y al Ministerio de Aguas sin obtener soluciones. Denunció las malas condiciones en que se encuentran las tuberías de agua que surten a las comunidades y la proliferación de tomas ilegales.
Manifestó su preocupación por que “la pandemia está repuntando y estamos más desprotegidos ya que no contamos con la herramienta más importante que es el agua”.
La vocera aseguró que muchos de los afectados son adultos mayores que no cuentan con los ingresos suficientes para costear el pago de botellones (a un dólar) y de camiones cisternas (a 20 dólares).
El abogado asistente del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Joyffer Olivieri, estimó que las personas deben gastar alrededor de 16 dólares mensuales para obtener agua solo para el consumo, cuando el salario mínimo ronda los 2,5 dólares.
Acompañados de Provea, miembros de los Comités en las parroquias La Vega, Santa Rosalía, San Pedro, Coche (del municipio Libertador de Caracas), La Dolorita y Petare (municipio Sucre) entregaron en la Defensoría un documento con su reclamo.
“Le pedimos al Defensor del Pueblo que haga su papel, que represente los intereses de la gente”, agregaron sobre Alfredo Ruiz Angulo.
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Integrantes de los Comités de Derechos Humanos de la Gran Caracas acudieron este jueves 22 de julio a la Defensoría del Pueblo, en la avenida México, para exigir que se investigue la situación de escasez de agua en la ciudad.
“Llevamos un estudio, una encuesta, y vemos que se está agravando día a día el problema”, expresó Emma Salazar, vecina de Montalbán, al oeste de la capital.
Recalcó que en la mayoría de los hogares del país el agua no llega con regularidad, y “cuando llega, llega amarilla, marrón, con mal olor”.
La mala calidad del agua ocasiona enfermedades de la piel y gastrointestinales. Salazar dijo que a esto se suman los dolores de espalda que padecen quienes tienen que cargar constantemente botellones con agua hasta sus hogares.
“Venezuela es el noveno país que tiene mayores reservas de agua en el mundo. Estamos en este momento como el cuarto país de Latinoamérica y el Caribe con mayor escasez de agua…no es un problema de que no haya recursos sino de mala administración”, expresó.
Ana Fernández, habitante de la parte alta de La Vega, aseguró que hasta la fecha han acudido y hecho reclamos a Hidrocapital y al Ministerio de Aguas sin obtener soluciones. Denunció las malas condiciones en que se encuentran las tuberías de agua que surten a las comunidades y la proliferación de tomas ilegales.
Manifestó su preocupación por que “la pandemia está repuntando y estamos más desprotegidos ya que no contamos con la herramienta más importante que es el agua”.
La vocera aseguró que muchos de los afectados son adultos mayores que no cuentan con los ingresos suficientes para costear el pago de botellones (a un dólar) y de camiones cisternas (a 20 dólares).
El abogado asistente del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Joyffer Olivieri, estimó que las personas deben gastar alrededor de 16 dólares mensuales para obtener agua solo para el consumo, cuando el salario mínimo ronda los 2,5 dólares.
Acompañados de Provea, miembros de los Comités en las parroquias La Vega, Santa Rosalía, San Pedro, Coche (del municipio Libertador de Caracas), La Dolorita y Petare (municipio Sucre) entregaron en la Defensoría un documento con su reclamo.
“Le pedimos al Defensor del Pueblo que haga su papel, que represente los intereses de la gente”, agregaron sobre Alfredo Ruiz Angulo.