Comisión de DDHH de la ONU encontrará este panorama en Santa Elena de Uairén - Efecto Cocuyo

LA HUMANIDAD · 20 MARZO, 2019 18:47

Comisión de DDHH de la ONU encontrará este panorama en Santa Elena de Uairén

Texto por Vanessa Moreno Losada | @MoreLosada24

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Persecución, detenciones arbitrarias y asesinatos. Este es el escenario con el que se topará la comisión de la Organización de Naciones Unidos (ONU) que llegará el jueves 21 de marzo a Santa Elena de Uairén, estado Bolívar.

La población del municipio Gran Sabana continua asediada por las fuerzas de seguridad del Estado desde el 22 de febrero de este año. Para el día siguiente se organizó desde la Asamblea Nacional el ingreso de la ayuda humanitaria por las fronteras. Una de ellas era la de Santa Elena de Uairén, que colinda con la población de Roraima de Brasil.

Aunque los indígenas habían acordado no participar en el ingreso de la ayuda humanitaria en un Consejo de Caciques, ésta fue la población más afectada por la represión y persecución.

De los siete fallecidos por acción policial, cuatro eran indígenas. De los 58 detenidos, 16 pertenecían a la comunidad originaria del estado Bolívar. Además, los pueblos de indígenas en el municipio Gran Sabana fueron desalojados. Más de 800 de ellos tuvieron que refugiarse en Brasil, por sentirse amenazados de muerte. Incluso el alcalde, también de origen indígena, fue destituido.

“Tras los sucesos del 22 de febrero, el hostigamiento contra el pueblo pemón y comunidades de la frontera con Brasil se mantiene. La gente está muy preocupada y con miedo por esos allanamientos sin orden judicial”, relató una investigadora que tiene más de cuatro años trabajando con las comunidades indígenas del país.

El asedio comenzó el 22 de febrero, cuando  la comunidad San Francisco de Yuruaní o Kumarakapay fue atacada por la Fanb. Allí había un grupo de indígenas que impedía el paso del contingente militar que tenía como dirección la zona fronteriza en Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana.  En ese incidente murió una mujer instantáneamente y otros 15 habitantes fueron lesionados por las balas.

Entre ese día y el 28 de febrero murieron siete personas: Zoraida Rodríguez, de 46 años de edad; su esposo, Rolando García (51), Jorge González Parra (40), José Hernández (25), José Pérez (20) José Barrios (23) y Kliver Alfredo Pérez Rivero (24). Zoraida, Rolando, Kliver y José Pérez eran parte de comunidades indígenas.

Cierre de frontera

La primera medida del Gobierno de Nicolás Maduro para frenar la ayuda humanitaria fue cerrar la frontera. Después vino la represión.

Durante los ataques armados, muchos heridos no podían ser atendidos en el hospital local. La falta de insumos para tratar heridas graves obligaba su movilización hacia Pacaraima, localidad más cercana en Brasil. Muchos de los traslados ambulatorios fueron retrasados por el cierre de frontera y se tuvieron que hacer por trochas o caminos improvisados.

Esta es la tercera semana en la que el tránsito entre ambos países permanece restringido.

“El cierre de la frontera persiste. Para llegar a Pacaraima, primer pueblo de Brasil, se hace por una trocha desde El Escamoto hasta San Antonio de Morichal, último pueblo de Venezuela. Para pasar por esta trocha se debe pagar una vacuna. Estas vacunas son selectivas (no se las cobran a todos) Los montos oscilan entre 50 y 150 reales brasileños”, expuso la investigadora, que prefiere mantenerse en anonimato.

La especialista consultada explicó también que en la jurisdicción indígena no hay fronteras establecidas, por lo que la medida del Gobierno vulnera su derecho de libre tránsito.

Tanto indígenas como el resto de los habitantes, tienen por costumbre cruzar hacia Brasil diariamente. La tarea más común que se realiza en Pacaraima es la compra de alimentos, medicinas y otros productos que no se encuentran en el estado Bolívar. Incluso hay personas que trabajan y estudian en la localidad brasileña.

Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) dictó medidas cautelares al pueblo indígena pemón. El 28 de febrero el ente internacional exigió al Estado de Venezuela que protegiera y garantizara la vida e integridad de ellos y de la comunidad de San Francisco de Yuruaní, Kumarakapay.

Violencia al pueblo indígena, problema de vieja data

“Los indígenas enfrentan un contexto global de militarización de la Amazonía, violación de todos sus derechos, especialmente el de la salud y la alimentación”, puntualizó la investigadora.

La primera agresión hacia los indígenas venezolanos es la violación al derecho de la libre determinación. Al ejercerlo “determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”.

Otra  violación es el uso de los territorios indígenas para actividades militares. Esto está contemplado en el artículo 30, numeral 2 de la Declaración de los Pueblos Indígenas: “Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”.

La fuente indicó que esta violación además transgrede al derecho de la consulta previa, libre e informada. Esto en relación a los proyectos extractivistas dentro en sus territorios ancestrales, como es el caso del Arco Minero del Orinoco. Ella asegura que nunca se consultó ni hubo estudio de impacto socioambiental.

“Los indígenas están en un contexto muy difícil, que ellos no inventaron, y han intentado dar respuesta a través de sus organizaciones tradicionales. Hoy esas organizaciones están en peligro, porque con la represión y la militarización de los territorios lo que se busca es fragmentarlos y dividirlos, desmantelar los esfuerzos de gobernabilidad ancestral”, enfatizó.

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