Cofavic: El Estado no tomó las medidas para evitar una masacre como la de Tumeremo

LA HUMANIDAD · 13 MAYO, 2016 14:49

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Julett Pineda Sleinan | @JulePineda


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A pesar de que efectivos del Sebin abatieron a Jamilton Ulloa Sánchez, alias “El Topo”, el pasado 6 de mayo, las investigaciones de la masacre de Tumeremo están lejos de terminar. La falta de acción por parte de las autoridades encargadas de esclarecer los hechos y la presunta existencia de otras fosas comunes en el sector minero son parte de las denuncias de familiares de las víctimas y residentes de la zona minera.

Tras trasladarse al lugar de los hechos, el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic), organismo que vela por los derechos humanos, instó al Estado venezolano a «investigar de manera independiente, eficaz y conclusiva» la masacre.

A dos meses de la desaparición de 28 mineros, y tras la muerte de quien fuera señalado como autor material de la matanza, Cofavic elaboró un informe en el que denuncia que el Estado «no asumió, con la debida diligencia, todas aquellas medidas necesarias para evitar que operaciones de esta envergadura pudiesen llevarse a cabo en una zona declarada de seguridad por su carácter fronterizo y estratégico».

Jamilton Ulloa Sanchez

El Topo fue abatido cerca de donde fueron hallados los cuerpos de 14 mineros

Luego de que fuera denunciada la masacre en una mina adyacente al pueblo de Tumeremo, el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, desmintió las denuncias. «Una vez más politiqueros irresponsables pretenden generar zozobra en el sur de son FALSAS informaciones sobre mineros asesinados», publicó a través de su cuenta de Twitter el 5 de marzo, un día después de la desaparición de los mineros.

“Yo dije que se presumía un enfrentamiento entre bandas armadas en la zona, pero que había que esperar las investigaciones. Hoy podemos decir que hubo una masacre”, declararía posteriormente en el programa Vladimir a la 1.

Once días después de que fuera hecha pública la desaparición de los mineros, los cuerpos aparecieron en una fosa común. “Catorce de los cuerpos están plenamente identificados y ya fueron entregados”, anunciaría la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a mediados de marzo. Con la entrega de los 14 fallecidos a sus respectivas familias, la fiscal desmentiría las denuncias de que fueron 28 los mineros desaparecidos. También negaría que hubieran sido 21 personas, como había informado anteriormente.

En el documento, Cofavic concluye que el Estado venezolano «es responsable por los sufrimientos físicos, mentales y morales padecidos por las presuntas víctimas«, así como por la falta de investigación que han denunciado los familiares. También se señala que muchos de los crímenes quedan silenciados por el miedo, porque se trata de personas extranjeras o porque no tienen familiares que denuncien la desaparición.

Un mes de la masacre, Efecto Cocuyo se trasladó al lugar de los hechos y pudo constatar que la impunidad seguía reinante en el pueblo dedicado a la extracción minera. Robos y asesinatos estaban a la orden del día en Tumeremo, a pesar de que efectivos de seguridad estuvieran desplegados en las adyacencias del sitio, en las minas, en búsqueda de El Topo y su banda.

«¿Para qué tener miedo? Tantas cosas que pasan que yo digo: ¿para qué?”, contó a Efecto Cocuyo uno de los familiares de las víctimas que sigue viviendo en el pueblo.

Recientemente, antes de la muerte de Jamilton Ulloa Sánchez, una locutora fue asesinada en el patio de su casa, en Tumeremo. Lucía Marina Seoane tenía un programa de variedades, en el que interactuaba con los oyentes y leía noticias. De acuerdo con pesquisas policiales, vecinos mencionaron que la locutora tenía problemas con “personas de mala conducta”.

Lucía Marina Seoane Homsy

Kelver Jesús Rivas Ruíz, un GNB de 23 años de edad, fue señalado de ser el culpable de la muerte de la joven

El temor de la población, apunta Cofavic, ha contribuido a la consolidación del control de grupos armados civiles en la zona e «ilustra las consecuencias de múltiples omisiones, actos de aquiescencia y la presunta colaboración de agentes del Estado con grupos armados civiles».

Aunque el autor de los hechos fue dado de baja por efectivos del Sebin, el organismo solicita que las investigaciones continúen y que se impulse un programa de salud mental para las víctimas con el fin de disminuir los efectos individuales y colectivos que dejan hechos tan violentos, como la masacre de Tumeremo. Todo esto a manera de establecer la verdad y que haya «una reparación integral y la garantía de no repetición»

LA HUMANIDAD · 26 ENERO, 2023

Cofavic: El Estado no tomó las medidas para evitar una masacre como la de Tumeremo

Texto por Julett Pineda Sleinan | @JulePineda

A pesar de que efectivos del Sebin abatieron a Jamilton Ulloa Sánchez, alias “El Topo”, el pasado 6 de mayo, las investigaciones de la masacre de Tumeremo están lejos de terminar. La falta de acción por parte de las autoridades encargadas de esclarecer los hechos y la presunta existencia de otras fosas comunes en el sector minero son parte de las denuncias de familiares de las víctimas y residentes de la zona minera.

Tras trasladarse al lugar de los hechos, el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic), organismo que vela por los derechos humanos, instó al Estado venezolano a «investigar de manera independiente, eficaz y conclusiva» la masacre.

A dos meses de la desaparición de 28 mineros, y tras la muerte de quien fuera señalado como autor material de la matanza, Cofavic elaboró un informe en el que denuncia que el Estado «no asumió, con la debida diligencia, todas aquellas medidas necesarias para evitar que operaciones de esta envergadura pudiesen llevarse a cabo en una zona declarada de seguridad por su carácter fronterizo y estratégico».

Jamilton Ulloa Sanchez

El Topo fue abatido cerca de donde fueron hallados los cuerpos de 14 mineros

Luego de que fuera denunciada la masacre en una mina adyacente al pueblo de Tumeremo, el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, desmintió las denuncias. «Una vez más politiqueros irresponsables pretenden generar zozobra en el sur de son FALSAS informaciones sobre mineros asesinados», publicó a través de su cuenta de Twitter el 5 de marzo, un día después de la desaparición de los mineros.

“Yo dije que se presumía un enfrentamiento entre bandas armadas en la zona, pero que había que esperar las investigaciones. Hoy podemos decir que hubo una masacre”, declararía posteriormente en el programa Vladimir a la 1.

Once días después de que fuera hecha pública la desaparición de los mineros, los cuerpos aparecieron en una fosa común. “Catorce de los cuerpos están plenamente identificados y ya fueron entregados”, anunciaría la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a mediados de marzo. Con la entrega de los 14 fallecidos a sus respectivas familias, la fiscal desmentiría las denuncias de que fueron 28 los mineros desaparecidos. También negaría que hubieran sido 21 personas, como había informado anteriormente.

En el documento, Cofavic concluye que el Estado venezolano «es responsable por los sufrimientos físicos, mentales y morales padecidos por las presuntas víctimas«, así como por la falta de investigación que han denunciado los familiares. También se señala que muchos de los crímenes quedan silenciados por el miedo, porque se trata de personas extranjeras o porque no tienen familiares que denuncien la desaparición.

Un mes de la masacre, Efecto Cocuyo se trasladó al lugar de los hechos y pudo constatar que la impunidad seguía reinante en el pueblo dedicado a la extracción minera. Robos y asesinatos estaban a la orden del día en Tumeremo, a pesar de que efectivos de seguridad estuvieran desplegados en las adyacencias del sitio, en las minas, en búsqueda de El Topo y su banda.

«¿Para qué tener miedo? Tantas cosas que pasan que yo digo: ¿para qué?”, contó a Efecto Cocuyo uno de los familiares de las víctimas que sigue viviendo en el pueblo.

Recientemente, antes de la muerte de Jamilton Ulloa Sánchez, una locutora fue asesinada en el patio de su casa, en Tumeremo. Lucía Marina Seoane tenía un programa de variedades, en el que interactuaba con los oyentes y leía noticias. De acuerdo con pesquisas policiales, vecinos mencionaron que la locutora tenía problemas con “personas de mala conducta”.

Lucía Marina Seoane Homsy

Kelver Jesús Rivas Ruíz, un GNB de 23 años de edad, fue señalado de ser el culpable de la muerte de la joven

El temor de la población, apunta Cofavic, ha contribuido a la consolidación del control de grupos armados civiles en la zona e «ilustra las consecuencias de múltiples omisiones, actos de aquiescencia y la presunta colaboración de agentes del Estado con grupos armados civiles».

Aunque el autor de los hechos fue dado de baja por efectivos del Sebin, el organismo solicita que las investigaciones continúen y que se impulse un programa de salud mental para las víctimas con el fin de disminuir los efectos individuales y colectivos que dejan hechos tan violentos, como la masacre de Tumeremo. Todo esto a manera de establecer la verdad y que haya «una reparación integral y la garantía de no repetición»

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