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La crisis de movilidad sigue su cauce en las ciudades fronterizas de Chile. Decenas de migrantes que acampaban en la plaza Brasil, de la ciudad fronteriza de Iquique, fueron desalojados por la policía este viernes, 24 de septiembre, situación que puso de nuevo en el foco el trato de las autoridades chilenas a los migrantes que entran sin la documentación que exige ese país.

Iquique es la primera gran ciudad que los migrantes alcanzan después de entrar a Chile por la frontera con Bolivia, donde la tensión migratoria se ha acrecentado durante el último año, especialmente en la localidad de Colchane.

Este nuevo incidente reavivó el debate de las políticas migratorias aplicadas por la gestión del presidente Sebastián Piñera. A continuación, las claves del desalojo.

Lo ocurrido

Este viernes, un operativo del cuerpo policial de Carabineros de Chile desalojó un campamento de alrededor de un centenar de migrantes en la Plaza Brasil de la ciudad de Iquique. Durante el desalojo masivo se produjeron algunos enfrentamientos entre los y las migrantes y los agentes policiales, pero también entre los acampantes y los vecinos de la ciudad, contrarios a su presencia continuada en este lugar.

Según el ministro de Interior chileno, Rodrigo Delgado, la orden de desalojo se generó a la necesidad de recuperar los espacios públicos que tienen fines de esparcimiento para la ciudadanía y que se habían perdido al poner viviendas transitorias en tiendas de campaña.

Días antes, Delgado dijo que reiniciarían las expulsiones masivas ante la situación en Colchane, reportó el medio chileno La Tercera. Luego comentó que “obviamente, las expulsiones no son la única salida a este tema, acá hay que entender que este proceso lamentablemente de muchas familias que están peregrinando por América”.

Lo que no se vio

Un reporte de La Tercera dice que se escuchó a muchas personas entonar el himno nacional de Venezuela antes de que algunos empezaran a forcejar con los funcionarios. Detuvieron al menos a cinco personas y se conoció que una carabinera fue golpeada con una botella en la cabeza.

El gobernador de la región de Tarapacá (una de las 16 regiones en las que se divide Chile), José Miguel Carvajal, dijo a CNN Chile que él y otras autoridades, como el alcalde de Iquique, no recibieron información sobre el desalojo previo a que se llevara a cabo.

A raíz de esta acción, según Carvajal, las familias empezaron a deambular. Algunos se encuentran en proceso de reubicarse con amigos y personas cercanas, se van con sus carpas a las playas de Iquique o se movilizan al sector Alto Hospicio.

Carvajal dijo que se presentó un recurso de protección contra el presidente “por su omisión”. “Necesitamos que este gobierno se dé cuenta que le falta una estrategia migratoria”.

¿Qué dicen las organizaciones humanitarias?

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) rechazó “la forma y el fondo” del desalojo y condenó la violencia como respuesta a un problema humanitario y sanitario. “Fuimos testigos de golpes a menores de edad y mujeres embarazadas. Llamamos a respetar la integridad y dignidad de personas que se encontraban en ese lugar y, sobre todo, llamamos a respetar y velar por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en cualquier circunstancia”, dijo la directora nacional, Waleska Ureta, a Efecto Cocuyo este sábado.

A juicio de la organización, la solución (que se ha planteado en varias oportunidades al Delegado Presidencial) debe incluir el acceso a albergues con condiciones sanitarias adecuadas, salud, alimentos y el inicio de procesos de regularización. “De lo contrario solo se perpetuará un círculo de irregularidad, exclusión e incluso rechazo frente a las personas migrantes”.

En declaraciones a CNN, el director de Incidencia y Estudios del SJM, Carlos Figueroa, dijo que “el desalojo de lugares públicos, sin tener una solución de llegada, finalmente lo que hace es perpetuar un círculo de pobreza y ocupación de lugares públicos sin una solución real”.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile demandó a las autoridades que no se hagan expulsiones de migrantes que ingresaron de forma irregular sin que se realice “un análisis objetivo, previo, razonable, individual y donde cada una de las personas que puedan ser afectadas tengan el derecho a dar a conocer su situación”.