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El 28 de marzo de 2018, 69 presos murieron en un centro de detención preventiva de la Policía del estado Carabobo. En su momento, las autoridades informaron que se había generado un incendio tras un intento de motín, pero tres años y siete meses después los familiares esperan justicia.

Con audiencias diferidas, explicaciones vagas y con poca información sobre los casos tuvieron que vivir a lo largo de estos casi cuatro años los familiares de los 67 hombres y dos mujeres muertos en un calabozo policial que estaba hecho para albergar a 80 personas, pero el día de la tragedia convivían 248 hombres, un hacinamiento del 310 %.

El juicio

Tras tres años y medio de audiencias aplazadas, este miércoles 20 de octubre comenzó el juicio sobre la masacre de los presos del centro de detención preventiva de PoliCarabobo. Cinco funcionarios de ese cuerpo policial fueron acusados de homicidio, complicidad y corrupción.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reveló que la jueza Melissa de Souza realizó la audiencia en la que se declaró el caso como un delito de lesa humanidad y admitió en su totalidad la acusación que presentaron los fiscales del Ministerio Publico y el Comité de Víctimas de la Justicias y la Verdad.

“No alcanzaba el número de camillas para poder trasladar a todos los muertos”, motín en Policarabobo

La acusación

José Luis Rodríguez, subdirector del cuerpo policial, fue acusado de homicidio calificado; mientras que  los otros cuatro funcionarios fueron señalados de complicidad necesaria, corrupción, introducción de armas de fuego en el calabozo policial y omisión al socorro.

Pero familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos de los privados de libertad rechazaron que solo sean imputados cinco funcionarios cuando participaron más de 50. El OVP alegó que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que participaron en el motín tampoco fueron imputados.

Lo qué ocurrió

La tragedia  ocurrió la mañana del 28 de marzo de 2018, en la comandancia general de la Policía de Carabobo, en Valencia, donde hubo un incendio durante un supuesto motín que protagonizaron los privados de libertad en protesta por una requisa organizada por los funcionarios de ese cuerpo policial desde tempranas horas de la mañana.

Las fiscalías 62ª nacional, 28ª y 35ª de la referida jurisdicción presentaron el escrito acusatorio contra el comisionado por el delito de homicidio calificado por medio de incendio en grado de complicidad.

Autopsia

Debido a la contingencia y magnitud de la tragedia, el Servicio Nacional de Medicatura y Ciencias Forenses (Senamecf) desplegó a sus especialistas en antropología y odontología forense dentro del recinto policial.

A los fallecidos les hicieron la autopsia en el patio de la comandancia. Para hacer rápido el proceso tuvieron que traer forenses provenientes desde los estados Falcón, Lara, Miranda, Distrito Capital y Aragua. No hubo forma de mover los cadáveres de allí, porque no había camillas suficientes y porque la piel se les desprendía a la mayoría, lo que podría alterar los resultados de la necropsia.

Los sobrevivientes

Los privados de libertad que sobrevivieron relataron que ese día todo comenzó con una discusión entre los presos y los funcionarios por una requisa. Los privados de libertad no querían permitir el ingreso de los policías, porque en la última revisión todas sus pertenencias fueron robadas o dañadas.

Uno de los privados de libertad contó al OVP que los detenidos pusieron los colchones como barrera para evitar que les dispararan. Los policías les echaron gasolina y encendieron fuego.  En otras celdas lanzaron bombas lacrimógenas y no abrieron las rejas oportunamente.

Justicia tardía

Carolina Girón, directora del OVP, aseguró que en la ONG se sienten “muy contentos de que por fin se llevara a cabo la audiencia”, sin embargo considera que la “justicia tardía no es justicia” tras todo los diferimientos de la audiencia para enjuiciar a los presuntos responsables de la tragedia que enlutó a 69 familias.

“La audiencia del caso Policarabobo estuvo diferida 26  veces, nuestras denuncias fueron hechas todo el tiempo porque esas 26 veces fuimos a las afueras de los tribunales con los familiares y siempre por una u otra razón fue diferida, esta vez se llevó a cabo la audiencia y eso forma parte de dar justicia a los familiares y seguimos ahora con la otra parte del proceso”, explicó la defensora de derechos humanos a Efecto Cocuyo.