El Centro Caribeño de Derechos Humanos (CCHR, en inglés) dijo este sábado a raíz de la afluencia de migrantes de Venezuela a Trinidad y Tobago que se debe solicitar a los 15 miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) que ayuden con la crisis.
La CCHR también señaló en un comunicado que el Gobierno de Trinidad y Tobago tiene el deber de proteger los derechos humanos según lo establecido en su Constitución y las leyes del país, además de sus obligaciones como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Un naufragio ocurrido el sábado pasado en el Caribe venezolano dejó al menos 29 muertos, una cifra que ha ido subiendo en los últimos días conforme avanzan las investigaciones.
Este hecho viene precedido de otro en el que por lo menos 16 venezolanos fueron expulsados de Trinidad y Tobago y estuvieron desaparecidos en aguas caribeñas casi dos días antes de volver a dicho país.
«Es posible asegurar nuestras fronteras, proteger nuestra seguridad nacional, mitigar la tensión en nuestra economía y preservar las relaciones con nuestros socios internacionales mientras honramos nuestras obligaciones bajo el derecho internacional», señaló la CCHR.
«Proteger a las personas vulnerables que huyen de una crisis humanitaria desesperada no es un juego», agregó.
El centro agregó que su Convención sobre Refugiados establece que cualquier estado que se sienta desbordado a la hora de proporcionar asilo puede buscar ayuda internacional.
«La Convención sobre los Refugiados espera que sus signatarios protejan los derechos de los solicitantes de asilo y los refugiados. Sin embargo, también ofrece vías para un estado que está luchando por cumplir con sus obligaciones bajo la convención y brindar protección internacional», subrayó.
«Basándonos en este principio, instamos al Gobierno de Trinidad y Tobago a buscar la ayuda de sus hermanos y hermanas de la Caricom y de la comunidad internacional en general para gestionar la crisis», indicó.
El centro señaló que Trinidad y Tobago se encuentra al borde de una de sus peores crisis humanitarias y de derechos humanos de la historia moderna.
«Las necesidades básicas están fuera del alcance de muchos venezolanos y el sistema de salud es casi inexistente. El Gobierno venezolano continúa cometiendo atrocidades sistemáticas de derechos humanos contra su propio pueblo, como se detalla gráficamente en el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU», reflejó.
«También hacemos un llamado a los líderes de la Caricom para que reconozcan que es necesario un enfoque regional para esta crisis y apoyen los esfuerzos del Gobierno de Trinidad y Tobago para prevenir tragedias como la que ocurrió el domingo pasado con los ahogamientos de migrantes venezolanos», recalcó.
«Deportar a las personas a la situación de riesgo de la que huyeron es inhumano y viola las obligaciones de Trinidad y Tobago en virtud del derecho internacional de los derechos humanos», agregó el centro.
Por último, la CCDH indicó que la criminalización del proceso de asilo, donde las personas que deportan por ingreso irregular pone a las personas vulnerables en mayor riesgo».
Efe
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El Centro Caribeño de Derechos Humanos (CCHR, en inglés) dijo este sábado a raíz de la afluencia de migrantes de Venezuela a Trinidad y Tobago que se debe solicitar a los 15 miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) que ayuden con la crisis.
La CCHR también señaló en un comunicado que el Gobierno de Trinidad y Tobago tiene el deber de proteger los derechos humanos según lo establecido en su Constitución y las leyes del país, además de sus obligaciones como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Un naufragio ocurrido el sábado pasado en el Caribe venezolano dejó al menos 29 muertos, una cifra que ha ido subiendo en los últimos días conforme avanzan las investigaciones.
Este hecho viene precedido de otro en el que por lo menos 16 venezolanos fueron expulsados de Trinidad y Tobago y estuvieron desaparecidos en aguas caribeñas casi dos días antes de volver a dicho país.
«Es posible asegurar nuestras fronteras, proteger nuestra seguridad nacional, mitigar la tensión en nuestra economía y preservar las relaciones con nuestros socios internacionales mientras honramos nuestras obligaciones bajo el derecho internacional», señaló la CCHR.
«Proteger a las personas vulnerables que huyen de una crisis humanitaria desesperada no es un juego», agregó.
El centro agregó que su Convención sobre Refugiados establece que cualquier estado que se sienta desbordado a la hora de proporcionar asilo puede buscar ayuda internacional.
«La Convención sobre los Refugiados espera que sus signatarios protejan los derechos de los solicitantes de asilo y los refugiados. Sin embargo, también ofrece vías para un estado que está luchando por cumplir con sus obligaciones bajo la convención y brindar protección internacional», subrayó.
«Basándonos en este principio, instamos al Gobierno de Trinidad y Tobago a buscar la ayuda de sus hermanos y hermanas de la Caricom y de la comunidad internacional en general para gestionar la crisis», indicó.
El centro señaló que Trinidad y Tobago se encuentra al borde de una de sus peores crisis humanitarias y de derechos humanos de la historia moderna.
«Las necesidades básicas están fuera del alcance de muchos venezolanos y el sistema de salud es casi inexistente. El Gobierno venezolano continúa cometiendo atrocidades sistemáticas de derechos humanos contra su propio pueblo, como se detalla gráficamente en el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU», reflejó.
«También hacemos un llamado a los líderes de la Caricom para que reconozcan que es necesario un enfoque regional para esta crisis y apoyen los esfuerzos del Gobierno de Trinidad y Tobago para prevenir tragedias como la que ocurrió el domingo pasado con los ahogamientos de migrantes venezolanos», recalcó.
«Deportar a las personas a la situación de riesgo de la que huyeron es inhumano y viola las obligaciones de Trinidad y Tobago en virtud del derecho internacional de los derechos humanos», agregó el centro.
Por último, la CCDH indicó que la criminalización del proceso de asilo, donde las personas que deportan por ingreso irregular pone a las personas vulnerables en mayor riesgo».
Efe