Cecilia García Arocha desmiente acusaciones de corrupción en su contra - Efecto Cocuyo

LA HUMANIDAD · 21 ENERO, 2020 20:27

Cecilia García Arocha desmiente acusaciones de corrupción en su contra

Texto por Isabella Reimí │@isabellareimi

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La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV) emitió un informe contrarrestando las acusaciones que hizo el Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez,  en su carta de renuncia al cargo en esta casa de estudios.

El miércoles 15 de enero Méndez informó de su renuncia en el Consejo Universitario de la UCV. Al día siguiente, el jueves 16, emitió una carta con los motivos que supuestamente impulsaron su decisión.

Entre las acusaciones a García Arocha se encuentra el nombramiento y destitución inconsulta de autoridades en su departamento, aprobación de presupuestos y contrataciones sin su permiso y la realización de obras dentro del campus con fondos superiores a los destinados originalmente por la Oficina de Presupuesto del Sector Universitario (Opsu).

El pasado lunes 20, en un informe presentado en la reunión extraordinaria del Consejo Universitario de la UCV, la rectora respondió a cada uno de los puntos difundidos por Méndez. Además, en la misma reunión se determinó la creación de una comisión de contraloría para el seguimiento de este caso. La comisión que será nombrada el miércoles, estará respaldada por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

En relación con el punto: “Destitución y nombramiento inconsulto de jefes y directores de dependencias adscritas al Vicerrectorado Administrativo” expuesto en la carta de Méndez, García Arocha recordó que la destitución y el nombramiento de jefes y directores de los vicerrectorados, secretaría y dependencias centrales es una competencia del rector según el mandato del numeral 4 del artículo 36 de la Ley de Universidades.

Aprobación de presupuestos

Méndez también dijo que la Dirección de Planificación y Presupuesto fue adscrita al Rectorado, centralizando este departamento “sin estudio técnico que justificase la modificación de la estructura”. Sin embargo, García Arocha recordó que la argumentación válida de este traslado, solicitado por la Dirección, se planteó en el informe La planificación y su rol medular dentro de una Organización.

“Es necesario precisar que durante esta prolongada gestión rectoral, de todas las direcciones adscritas, sólo la Dirección de Planificación y Presupuesto fue objeto de traslado al Rectorado con la previa aprobación del Vicerrector Administrativo” en la sesión extraordinaria del 2015, señaló la rectora. Agregó  que se trataba de la implementación de una recomendación del Ministerio de Planificación “hacía años atrás”.

Sobre la aprobación de presupuestos y contrataciones sin el aval del Vicerrector Administrativo, Méndez criticaba que se designara una Comisión de Contrataciones para “todos los procesos administrativos que correspondían al Vicerrectorado”, cuando este ya contaba con una comisión para el fin de contrataciones. García Arocha mostró mediante anexos al informe que la comisión designada solo estaba a cargo de la dotación de vestuario, beneficio de alimentación, plan vacacional, fiesta de fin de año y seguros patrimoniales, no solo del Vicerrectorado Administrativo, sino también del Vicerrectorado Académico y la Secretaría.

También enfatizó que la razón de esta designación devino de problemas que se había tenido con estas planificaciones “causados por el ex Vicerrector” que iniciaba los procedimientos “deficientemente y de forma tardía”, expuso.

Sobre las disposiciones extraordiarias del presupuesto que Méndez señaló, García Arocha respondió que “estas acciones en absoluto son ilegales” de acuerdo con la Opsu.

“Las mismas son válidas siempre que se realicen las diferentes modificaciones presupuestarias que permitan el uso de esos recursos para otros fines distintos a los que originalmente fueron asignados”, dijo en el informe.

Supuestos actos de corrupción

Méndez había hecho observaciones ante supuestos actos de corrupción en los casos de la contratación de una póliza de HCM para los profesores activos y jubilados de la UCV.

Se  trataba de la transferencia de la administración y custodia al Rectorado de los bienes inmuebles provenientes de la liquidación de la Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación de la Universidad Central de Venezuela (Fonjucv).

Este convenio se realizó entre el Instituto de Previsión Social del Profesorado (IPP) de la UCV con el seguro autoadministrado Samhoi y la adquisición del Centro de Diagnóstico para la Vida C.A. (Cedivi).

García Arocha, argumentó que “ante la situación de precariedad de las condiciones de vida y salud del personal docente y de investigación” decidió unificar la administración de los inmuebles para que formaran parte de las inversiones y disponibilidades en moneda extranjera protegidas de los efectos inflacionarios. En el caso de la compra de Cedivi, el presupuesto de la compra fue discutido y aprobado por el Consejo Universitario en la sesión de fecha 16 de mayo de 2018.

En el informe García Arocha señaló que además el Vicerrectorado Administrativo no había cumplido con las funciones de administrar correctamente estos locales comerciales que pertenecían a los jubilados, ya que tenían contrataciones vencidas y deudas de condominio.

Riesgo de intervención a las universidades

La rectora finaliza el informe alertando sobre las consecuencias de las denuncias “falsas” de Méndez para la reputación de la UCV.

“Expone a nuestra Casa de Estudios a la intromisión de organismos que siempre han pretendido aniquilar su autonomía y la libertad de pensamiento plural en la enseñanza de la educación superior”.

En este sentido, el movimiento estudiantil también teme que el Consejo Nacional de Universidades (CNU) decida tomar el cargo de Vicerrector Administrativo de la UCV, que actualmente lo ocupa de manera interina el secretario Amalio Belmonte.

En oportunidades anteriores el CNU ha violado la autonomía universitaria encargando a personas afines al partido oficialista. Este fue el caso de la Universidad Simón Bolívar y más recientemente, de La Universidad de Zulia.

Esta amenaza se hace latente después de que el mismo jueves, 17 de enero, la Asamblea Nacional Constituyente recibió la carta de renuncia del exvicerrector como una denuncia en contra de Cecilia García Arocha.

La renuncia de Bernardo Méndez al icerrectorado Administrativo de la UCV deja un panorama de incertidumbre para la autonomía universitaria, especialmente cuando falta poco más de un mes para el 27 de febrero, fecha impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia para la realización de elecciones de autoridades en todas las universidades públicas del país, que en defensa de sus reglamentos internos y la Constitución, han obviado las instrucciones del estado para la realización de elecciones desde el 2012.

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