Las comunidades en territorio venezolano y colombiano que hacen frontera viven “en un beso permanente”, pero desde el 22 de febrero la relación fue fracturada. En esa fecha el gobierno de Nicolás Maduro anunció el cierre de los pasos oficiales entre ambas naciones y, tras los hechos de violencia del día 23 en los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, el presidente de Colombia, Iván Duque, ratificó la medida por varias horas.
El martes 26 de febrero, Migración Colombia informó que reabría la frontera pero que el paso sería restringido por los puentes Simón Bolívar, Santander y Tienditas hasta que no existieran, por parte del gobierno venezolano, garantías para los transeúntes tras evaluar la presencia de obstáculos en esos puentes del lado de Venezuela y la presencia de personas armadas que son un riesgo para la integridad de los viajeros, incluidos los niños.
El antropólogo Mauro Carreño recalcó que este cierre no es como otros. Esta vez, el gobierno de Maduro afirma que Colombia amenaza la paz del país al apoyar el ingreso de la ayuda humanitaria que promovió el líder del Parlamento y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que realmente esconderían intenciones de apoyar una intervención militar.
El exintegrante de la Comisión Binacional Fronteriza Colombia-Venezuela, de fue donde responsable de Demarcación del Hábitat y Territorios Indígenas de Venezuela, destacó que esa característica supone que la decisión se extienda por un período indefinido e incluso “puede estar sujeta a la permanencia, o no, de Maduro en el poder”.
Los caminos irregulares
La abogada y profesora de Derecho Internacional de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Milagros Betancourt, advirtió que la situación de “alta tensión” en la zona fronteriza afecta, entre otros aspectos, la relación comercial que permite la supervivencia de muchos especialmente del lado venezolano. Recordó, también, a quienes quedaron varados en Cúcuta y no han podido regresar a Venezuela.
Agregó, además, que la situación conlleva a que muchos venezolanos y colombianos recurran a caminos irregulares “como única opción” para transitar entre ambos territorios lo que compromete no solo su integridad física sino que también implica un riesgo económico al tener que pagar a los paramilitares que controlan las trochas.
Betancourt señaló que pese a que en este contexto los derechos vulnerados para la población de los territorios fronterizos podrían ser denunciados ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh), por el momento no habría mayor solución porque la decisión responde a un problema político.
Derecho a la Educación
Jonathan Mejía, líder de permanencia-cobertura de la secretaría de Educación de Cúcuta, dijo a Efecto Cocuyo que en las escuelas de esa ciudad colombiana atienden a 12 mil 300 niños de los cuales 3 mil cruzan diariamente la frontera con la ciudad venezolana de Ureña y no han podido ir a clases.
“Estamos muy preocupados y en espera que el Gobierno apruebe nuevamente el corredor estudiantil (que debe ser aprobado por ambas naciones) ya que las clases continúan con quienes si pueden asistir”, manifestó vía WhatsApp.
Mientras la líder del área de Cobertura de la Secretaría de Educación de Norte de Santander, Carmen Helena Rodríguez, advirtió que del total de alumnos residentes en Venezuela que a diario transitaban el puente Simón Bolívar solo está asistiendo el 70%, de los cuales “algunos pasan por las trochas y otros se han quedado en casa de familiares o amigos” en territorio colombiano.