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La Red Justicia y Libertad de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos y Los Andes (Fundehullan), presentó su informe trimestral en la vulneración y violación a los derechos humanos, siendo el estado Barinas donde han ocurrido más detenciones arbitrarias

De acuerdo a lo que indica el informe, la criminalización a la sociedad civil es el factor predominante por parte de quienes ejercen el poder en Venezuela, a través de los organismos de seguridad del estado impidiendo a la  ciudadanía, de acuerdo a lo informado por Luis Montilla vocero de esta organización.

Para la Red Justicia y Libertad y Fundehullan, es preocupante los resultados de la documentación donde prevalece la estigmatización contra las ONG, fundaciones, gremios y sindicatos y es un patrón reincidente y continuo,  de igual forma las limitaciones a la libertad de expresión  afectando el desempeño de los  medios de comunicación y periodistas, así como  el derecho de la población venezolana a mantenerse oportunamente informada.

El monitoreo e investigaciones realizadas por el equipo desplegado por la Red Justicia y Libertad -en los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa de la región llanera y de los Andes Mérida, Táchira y Trujillo, desde el 1 de noviembre hasta el 31 de enero- dio como resultado; dos casos de estigmatización a ONG y miembros de la Sociedad civil, 13 detenciones arbitrarias, tres ataques contra la integridad física, 16contra la libertad de expresión (intimidación a periodistas), tres la libertad de prensa (cierre arbitrario de emisoras de radio y confiscación de equipos), siete a programas de radios cerrados de forma arbitraria, así lo detalló Montilla.

Casos registrados

Con respecto a las detenciones arbitrarias, la Red Justicia y Libertad documento 13, que  se dieron en el desarrollo de los procesos electorales, tanto en la jornada del 21 de noviembre de 2021 como en el proceso electoral repetido el 9 de enero de 2022 en el estado Barinas, vulnerando el derecho a los ciudadanos. En el caso del estado Barinas, los hostigamientos fueron pre y post elecciones, siendo el estado Barinas donde han ocurrido más detenciones arbitrarias, de acuerdo a lo que indica el informe de la organización.

Durante el trimestre Fundehullan fue nuevamente objeto de estigmatización, el pasado (05) de enero del año 2022, la periodista Erika Ortega Sanoja, a través de un tweet desprestigia y descalifica la labor que desempeña el equipo de Fundehullan en la región de los llanos y andes de Venezuela.

En cuanto a la vulneración a la integridad física, documentamos los siguientes casos, siete personas fueron agredidas en estas regiones de Venezuela, siendo los periodistas y Trabajadores de la prensa los más afectados, así como simpatizantes de organizaciones políticas de la oposición, expresó Montilla.

En Venezuela, se sigue repitiendo de manera sistemática la obstaculización al ejercicio de los profesionales de comunicación y a los medios de comunicación, que cada vez se ven restringidos de cumplir con el sagrado deber de informar a la ciudadanía, en el reporte de la Red Justicia y Libertad, se documentó varios hechos, como borrar material audiovisual y sonoro.

Citan el caso de la periodista Pilar Guerra en Cojedes el pasado 21 de noviembre, igual manera la vulneración a la libertad de expresión, donde durante este trimestre, impedimento de cubrir la proclamación del alcalde en Mocotíes 104.9 FM, Javier Cuberos, irrespeto a las credenciales otorgadas por el CNE a los periodistas que brindarían cobertura a las elecciones, impidiendo la labor informativa, el 09 de enero del año 2022, en el estado Barinas se documentaron limitaciones y agresiones contra periodistas que cubrían el evento, tal es el caso de la periodista Fabiola Barrera, quien denunció, que efectivos del Plan República le impidieron el acceso al centro de votación de la Escuela Básica Juan Andrés Varela, por mencionar algunos de los registros que en el informe de la Red se detalla con más precisión.

En el proceso de documentación, Fundehullan registró cierres de tres emisoras dos en Portuguesa ambas propiedad del alcalde electo Carlos Barrios en el municipio Ospino y una en Barinas; por otra parte fueron sacados del aire de la parrilla de programación siete programas, todos en el estado Barinas, en los que se encuentra el de Freddy Superlano excandidato a la gobernación el 21 de noviembre de 2021 y el de Sergio Garrido gobernador electo el 9 de enero de 2022.

Montilla resaltó, un hecho sin precedentes fueron las elecciones del 9 de enero de Barinas donde se evidenció una serie de abusos y violación de las normativas electorales y ante la expulsión de los Observadores Internacionales y ante la repetición, la sociedad civil junto a las diversas organizaciones erigieron el Centro de Observación Electoral (Coesc), en el que, se capacitó y desplegó por los municipios de la entidad llanera un equipo de 160 observadores electorales,  que su objetivo era documentar y denunciar las diversas vulneraciones al ejercicio del derecho al sufragio, esto permitió ser garante del proceso en el estado Barinas de monitorear el desarrollo de la jornada.

Finalmente Montilla, expresó que es más evidente la política de criminalización por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y sus instituciones. «El Estado Venezolano insiste en aplicar métodos coercitivos que obstaculizan e impiden la labor de defensa y acción humanitaria en la región de los Llanos y Andes, incumpliendo los estándares y obligaciones internacionales que están enmarcadas en proteger a las personas y organizaciones defensoras como parte de la obligación de proteger los derechos humanos y garantizar todas sus libertades cívicas para ejercer la labor de defensa», declaró.