Ataques contra las ONG perjudican a los más vulnerables, advierten activistas de DDHH

LA HUMANIDAD · 17 DICIEMBRE, 2020 09:22

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Deisy Martínez │@deicamar

Foto por Convite

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Amenazas públicas, allanamientos, detenciones y hostigamientos contra Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y sus miembros, por parte de autoridades venezolanas, han venido en aumento durante los últimos meses.

Activistas de derechos humanos advierten que dichas acciones más que perjudicar a una ONG, afecta a sectores vulnerables de la población que reciben en su mayoría alimentos y medicinas. Exigen “el cese de la criminalización” de la labor humanitaria que realizan en Venezuela y advierten que la labor social no se detendrá pese a la persecución y el amedrentamiento gubernamental.

Los más afectados

 El abogado y miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, señala que el percibir a las ONG como una especie de “enemigos” no es un rasgo exclusivo de 20 años de gobierno del chavismo, sino que también se vivió en gestiones anteriores a la de Hugo Chávez.

 “El Estado venezolano no ha comprendido el papel que juegan las ONG, positivo para la sociedad, para ayudar a sectores vulnerables”, sostiene. Lo atribuye a que en paralelo ejercen contraloría social, denuncian los abusos del poder y presentan propuestas para que el Estado mejore en materia de DDHH y se fortalezca la institucionalidad.

Pero señala que en los últimos seis años, concretamente con la llegada de Nicolás Maduro a Miraflores, las ONG encuentran más obstáculos para realizar su labor en Venezuela y el activismo por los DDHH se ha vuelto un trabajo de mucho riesgo. Esto, porque se les vincula con actividades terroristas y de desestabilización.

 “La primera consecuencia de los ataques contra las ONG es que los más vulnerables dejan de recibir los beneficios, entre ellos alimentos, medicinas y orientación civil. Se termina afectando a la gente más que a la organización”, alerta el abogado.

Francelis Ruíz, directora de proyectos de la Asociación Civil, Convite, sostiene que dentro de la emergencia humanitaria compleja que padecen los venezolanos, cada ONG dentro de sus ámbitos de acción y sus posibilidades ha desarrollado capacidades para asistir a los sectores más vulnerables, en el caso de esta ONG, a 800 personas de la tercera edad, en Caracas y Barquisimeto.

En este sentido, advierte, que si alguna de las organizaciones es atacada, el impacto en la población asistida y en la ayuda que alivia su situación, es directo. Alerta que por si solos, muchas personas de la tercera edad no tienen acceso a medicinas como antihipertensivos o insumos médicos, o en el caso de 83 ancianatos que asiste la ONG, a implementos de bioseguridad para prevenir el COVID-19.

Hay 14 millones de personas en Venezuela con necesidades humanitarias, muchas de ellas se verán afectadas si se impide el trabajo de las ONG”, dice.

Amenaza de ley

El principal portavoz del malestar oficial hacia las actividades de las ONG, ha sido el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello. El 20 de febrero de este año, tras acusar específicamente a Provea de recibir financiamiento internacional para conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro amenazó con la aprobación de una ley, vía ANC, que impida que las organizaciones reciban recursos del exterior.

La propuesta legal no vio luz con la Constituyente que de acuerdo con Maduro, cesará en sus funciones al final de este mes. Durante la campaña electoral de las parlamentarias 2020, como aspirante al Parlamento, Cabello, retoma la amenaza y la ratifica el 9 de diciembre, una vez electo como diputado en unos cuestionados comicios.

Durante una transmisión en su programa Con el Mazo Dando que transmite VTV, el también primer vicepresidente del Psuv, acusó a un grupo de ONG de “robar el dinero” que llegó al país a través del gobierno interino de Juan Guaidó. Mencionó directamente a  Alimenta La Solidaridad, Fundación Futuro Presente, Asociación Civil Manos al Aire, Provea, Transparencia Venezuela y Foro Penal.

También involucró a Acción Solidaria, Rescate Venezuela, Caracas Mi Convive, Meals 4 Hope Alimentando Esperanza, Fundación American Venezuela Engagement, Fundación I Love Venezuela, Asociación Vendato Humano y Un Mundo Sin Mordaza.

 Pero no han sido solo palabras. El 7 de septiembre de 2020, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) irrumpieron en la sede de Acción Solidaria en Caracas y detuvieron a ocho de sus miembros, quienes fueron liberados luego de unas horas. La organización brinda ayuda integral (desde servicios médicos, donación de medicinas hasta asistencia legal) a personas con VIH.

 Antes, en agosto, la Comisión Interamericana de DDHH (Cidh), otorgó medidas cautelares a la abogada y directora de Prepara Familia,  Katherine Martínez. La razón, el hostigamiento del cual había sido víctima por denunciar el deterioro de los servicios del Hospital de Niños J.M de los Ríos desde 2017.

Martínez denunció que a principios de año el centro de acopio de la ONG que asiste con alimentos, medicinas e insumos y defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados, con patologías crónicas y sus familias, fue invadido, por lo que tuvo que ser cerrado.

 “Nos nos van a eliminar”

Para Alvarado, lo preocupante no es una ley que impida financiamiento internacional, pues de prosperar, asegura que las ONG buscarán la manera de adaptarse y seguir con el trabajo. Acusa a Cabello de estar “obsesionado” con las organizaciones, por la posición firme de seguir asistiendo a la población frente un Estado que no garantiza los derechos básicos de la población.

Tratamos de mantener el trabajo por más que nos quieran liquidar y en materia de aportes internacionales no tenemos nada que ocultar. Nuestra mayor preocupación es seguir trabajando por los derechos humanos en Venezuela, esa ley incrementaría los obstáculos pero no nos van a eliminar”, asegura.

A modo de ejemplo cita el decreto de cancelación de personalidad jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua en 2018 y que pese a ello, la ONG continúa trabajando dos años después de la medida.

Ruiz coincide en que pese a los inconvenientes, las ONG trabajan a diario para que la ayuda llegue a su destino.

 “Nos la pasamos enfrentando obstáculos, hace poco un equipo que llevaba insulina a Barquisimeto fue parado en varias alcabalas a riesgo de que le confiscaran el producto o se perdiera la cadena de frío necesaria para su preservación. Padecemos la falta de combustible y si se suman estas medidas de hostigamiento la labor se dificulta aún más”, dice.

 Arrecian los allanamientos

Las ONG Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive, también fueron víctimas de allanamiento en su sede en El Rosal, en Caracas, el 24 de noviembre, por quienes se identificaron como miembros de la Policía Nacional contra la Corrupción.

Miembros de ambas organizaciones, dedicadas a asistir a niños y familias, madres lactantes y personas de la tercera edad, en riesgo de inseguridad alimentaria, indicaron que venían siendo hostigados desde el 20 de noviembre.

 Aunado a ello les fueron congeladas las cuentas bancarias por órdenes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y el 25 de noviembre, también fue allanada la vivienda del director fundador, Roberto Patiño.

 Mediante un comunicado, ambas organizaciones alertaron que las medidas “comprometen seriamente la atención de más de 25.000 niños en 239 comedores en 14 estados del país”. Destacaron también que durante la pandemia han llevado más de 65.000 alimentos a más de 14 hospitales y centros de salud.

La acción más reciente contra una ONG venezolana, fue ejecutada de nuevo por las Faes este miércoles 15 de diciembre. La sede de la asociación civil, Convite, ubicada en Los Dos Caminos, en Caracas fue allanada, por orden del Tribunal 4to de Control que conoce delitos asociados al terrorismo.

 El director de la ONG, Luis Francisco Cabezas y la administradora, Patrizzia Latini, fueron conminados declarar en la sede del organismo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la avenida San Martín. Luego de dos horas de «entrevista» les permitieron marcharse y les fueron devueltos los equipos incautados en el procedimiento.

 Exigen cese del hostigamiento

 En un comunicado divulgado este miércoles 16 de diciembre, la ONG aseguró que sus actividades responde a la normativa legal del país y están dispuestos a proporcionar la información que las autoridades requieran, por cuanto toda la documentación y soportes del origen lícito de los fondos, acota Ruíz, están en regla.

 A la par, exigen que cese el hostigamiento y la criminalización de la labor social porque perjudica a quienes más lo necesitan, que en este caso es la población de la tercera edad.

 “Toda la ayuda humanitaria que se ha podido distribuir con el apoyo de Naciones Unidas, entre otros organismos, han servido para salvar vidas, para aliviar el sufrimiento de la gente durante la Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por la pandemia. No ha tenido el impacto esperado porque falta recursos y por obstáculos a organizaciones como Médicos sin Fronteras”, agrega Alvarado.

 En el caso de Convite, destaca, ha llevado comida, medicinas, consultas médicas gratuitas a personas de la tercera edad, principalmente en geriátricos públicos olvidados por el Estado, pero también en privados que enfrentan serias dificultades, por lo que cualquier acción que limite sus actividades deben ser rechazadas.