Un mapa inédito elaborado por una red de organizaciones ambientales de los países amazónicos ha revelado la presencia de minería ilegal en 2.312 lugares en 245 áreas de la Amazonía. La mayoría de éstos, 1.899 específicamente, ubicados en Venezuela. Su elaboración contó con la coordinación de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georrefenciada (RAISG), que en el país cuenta con Provita y Wataniba como socios locales.
La herramienta en línea, que puede verse aquí, permite ver además los territorios indígenas, áreas protegidas y ríos afectados por las balsas de extracción y campamentos mineros, así como las rutas de entrada y salida de minerales y mercurio.
La plataforma está acompaña de un storymap que reúne fotografías, videos, documentos y una narrativa que explica los hallazgos realizados en los seis países. La misma, elaborada junto a InfoAmazonía de Brasil, puede leerse aquí.
Lanzada el lunes 10 de diciembre de forma simultánea en Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Bolivia, el mapa seguirá siendo actualizado periódicamente. En el país la metodología incluyó la vectorización de puntos de extracción de oro, coltán y diamantes con representantes de pueblos indígenas, imágenes satelitales y noticias sobre minería ilegal.
«La incidencia de la minería ilegal en la Amazonía ha aumentado exponencialmente en los últimos años con el incremento del precio del oro. Sin embargo, es una de las presiones menos investigada debido a los riesgos asociados a su monitorización. Por eso decidimos incluirla como uno de los temas que requieren monitorización continua, especialmente dados sus impactos sociales y ambientales«, indicó Beto Ricardo, Coordinador General de RAISG.
Bibiana Sucre, directora ejecutiva de Provita explicó a Efecto Cocuyo que la mayoría de puntos mineros en Venezuela se debe al aislamiento de éstos entre sí, mientras otros países reportan más áreas de explotación como Madre de Dios en Perú, que se considera el área más degradada por la minería del oro. «En Provita hicimos un barrido completo a través de imágenes de satelitales para detectar piscinas de oxidación generadas por la minería a cielo abierto», lo que solo se realizó en Venezuela. Esto lleva a que los números no sean directamente comparables.
«Con esta investigación estimamos un incremento de la minería posterior a 2010», explica Sucre sobre la gran cantidad de puntos de minería. Ese fecha coincide con el retiro de las concesiones a empresa transnacionales como Gold Reserve y Crystallex, que ahora demandan a Venezuela por el impago por sus activos. Lo que se ha observado en otros países es que donde hay muchos puntos se conviertan eventualmente en grandes extensiones que entonces se considerarían áreas.
Los hallazgos apuntan que de 649 áreas naturales protegidas, 55 tienen puntos de minería ilegal activos o dragas dentro de sus límites. Hay también un total de 41 áreas naturales protegidas que sufren daños indirectos, ya sea en áreas de amortiguamiento o en los límites. Entre 6.207 territorios indígenas, 37 presentan minería ilegal dentro del territorio y otros 78 en su entorno.
El trabajo destaca los casos del Parque Nacional Yapacana en el estado Amazonas, con un mapa satelital que muestra la deforestación desde 1986 así como los actuales conflictos devenidos por la acción del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC con la complicidad de la Guardia Nacional venezolana, así como los del territorio Yanomami entre Brasil y Venezuela.
«Fue un enorme reto trabaja en esta investigación», detalla Sucre, sobre la baja cantidad de fuentes científicas e institucionales en comparación con el resto de los países amazónicos. «El trabajo directamente en campo, que fue liderado por Wataniba, se ha vuelto muy complejo por la logística y los riesgos de trabajar en zonas de conflicto».
Ante estas circunstancias Provita desarrolló un método de análisis para detectar las piscinas de oxidación de manera remota para lograr una primera aproximación que lleve a un análsis sistemático del problema. El trabajo concluye, por ejemplo, en la necesidad de un esfuerzo de todos los países involucrados para encontrar soluciones.
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Un mapa inédito elaborado por una red de organizaciones ambientales de los países amazónicos ha revelado la presencia de minería ilegal en 2.312 lugares en 245 áreas de la Amazonía. La mayoría de éstos, 1.899 específicamente, ubicados en Venezuela. Su elaboración contó con la coordinación de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georrefenciada (RAISG), que en el país cuenta con Provita y Wataniba como socios locales.
La herramienta en línea, que puede verse aquí, permite ver además los territorios indígenas, áreas protegidas y ríos afectados por las balsas de extracción y campamentos mineros, así como las rutas de entrada y salida de minerales y mercurio.
La plataforma está acompaña de un storymap que reúne fotografías, videos, documentos y una narrativa que explica los hallazgos realizados en los seis países. La misma, elaborada junto a InfoAmazonía de Brasil, puede leerse aquí.
Lanzada el lunes 10 de diciembre de forma simultánea en Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Bolivia, el mapa seguirá siendo actualizado periódicamente. En el país la metodología incluyó la vectorización de puntos de extracción de oro, coltán y diamantes con representantes de pueblos indígenas, imágenes satelitales y noticias sobre minería ilegal.
«La incidencia de la minería ilegal en la Amazonía ha aumentado exponencialmente en los últimos años con el incremento del precio del oro. Sin embargo, es una de las presiones menos investigada debido a los riesgos asociados a su monitorización. Por eso decidimos incluirla como uno de los temas que requieren monitorización continua, especialmente dados sus impactos sociales y ambientales«, indicó Beto Ricardo, Coordinador General de RAISG.
Bibiana Sucre, directora ejecutiva de Provita explicó a Efecto Cocuyo que la mayoría de puntos mineros en Venezuela se debe al aislamiento de éstos entre sí, mientras otros países reportan más áreas de explotación como Madre de Dios en Perú, que se considera el área más degradada por la minería del oro. «En Provita hicimos un barrido completo a través de imágenes de satelitales para detectar piscinas de oxidación generadas por la minería a cielo abierto», lo que solo se realizó en Venezuela. Esto lleva a que los números no sean directamente comparables.
«Con esta investigación estimamos un incremento de la minería posterior a 2010», explica Sucre sobre la gran cantidad de puntos de minería. Ese fecha coincide con el retiro de las concesiones a empresa transnacionales como Gold Reserve y Crystallex, que ahora demandan a Venezuela por el impago por sus activos. Lo que se ha observado en otros países es que donde hay muchos puntos se conviertan eventualmente en grandes extensiones que entonces se considerarían áreas.
Los hallazgos apuntan que de 649 áreas naturales protegidas, 55 tienen puntos de minería ilegal activos o dragas dentro de sus límites. Hay también un total de 41 áreas naturales protegidas que sufren daños indirectos, ya sea en áreas de amortiguamiento o en los límites. Entre 6.207 territorios indígenas, 37 presentan minería ilegal dentro del territorio y otros 78 en su entorno.
El trabajo destaca los casos del Parque Nacional Yapacana en el estado Amazonas, con un mapa satelital que muestra la deforestación desde 1986 así como los actuales conflictos devenidos por la acción del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC con la complicidad de la Guardia Nacional venezolana, así como los del territorio Yanomami entre Brasil y Venezuela.
«Fue un enorme reto trabaja en esta investigación», detalla Sucre, sobre la baja cantidad de fuentes científicas e institucionales en comparación con el resto de los países amazónicos. «El trabajo directamente en campo, que fue liderado por Wataniba, se ha vuelto muy complejo por la logística y los riesgos de trabajar en zonas de conflicto».
Ante estas circunstancias Provita desarrolló un método de análisis para detectar las piscinas de oxidación de manera remota para lograr una primera aproximación que lleve a un análsis sistemático del problema. El trabajo concluye, por ejemplo, en la necesidad de un esfuerzo de todos los países involucrados para encontrar soluciones.