El adulto mayor padece inseguridad alimentaria y dependencia económica. Además sufre las interrupciones en servicios básicos, la presencia de una o más enfermedades crónicas y es víctima de las múltiples barreras al acceso a servicios de salud. Esto demuestra una acentuada vulnerabilidad y múltiples riesgos de protección.
Esas son parte de las conclusiones generadas por el proyecto denominado “Contribuir a mejorar la salud y la protección de las poblaciones más vulnerables, incluida la prevención de la propagación del COVID-19, en varios estados de Venezuela”, presentado por la asociación civil Convite.
Este 28 de julio se dieron a conocer los resultados del proyecto, en el cual se resalta que la vulnerabilidad económica dificulta el acceso a material de bioseguridad y a dispositivos de asistencia, con un impacto negativo importante en la salud, la inclusión y la independencia.
También señala que el compromiso de la salud mental se presenta en un porcentaje relevante de los entrevistados; que la actividad de la vida diaria más afectada es la movilidad, seguida de vestirse y realizar la higiene personal (bañarse).
Convite realizó entre julio de 2020 y julio 2021 1.233 entrevistas, en cinco localidades (estado Miranda: Baruta, Chacao, Sucre y Páez y en el municipio Libertador del Distrito Capital), y de esos encuentros obtuvo resultados como que 83 % de las personas mayores dependen de otros para cubrir sus necesidades básicas y 21 % son completamente personas dependientes para realizar sus actividades de la vida diaria.
También encontró que 18 % de las personas mayores viven solas y que 61 % se sienten preocupadas o ansiosas con frecuencia.
En este monitoreo anual se consultaron las condiciones de salud, resultando que 63 % de las personas mayores tiene algún tipo de discapacidad, igual porcentaje tiene al menos dificultades visuales, 91 % tiene una o más enfermedades crónicas y 92 % tiene dificultades para acceder a sus medicamentos regularmente.
Convite además reportó que 86 % no tiene acceso a consultas médicas periódicas.
De un total de 1.233 adultos mayores que fueron abordados y atendidos, 88% manifestó que se ha visto en la necesidad de disminuir la cantidad de alimentos consumidos y la calidad de los mismos, una muestra clara de que padecen inseguridad alimentaria.
Una de las principales razones para esto es que 93% de estas personas depende de una pensión de vejez menor a $2 al mes y sumando otros ingresos no llegan a $5.
La organización, durante el mismo lapso de estudio, evaluó las áreas de asistencia que incluyen atención domiciliaria por fisioterapeutas, apoyo psicosocial por pares voluntarios y movilizadores, asistencia de protección individual (referencia a otros servicios, dispositivos de asistencia, medicamentos, kits de higiene y alimentos preparados, entre otros), y abogacía.