Así se vive la pandemia del coronavirus en Venezuela. La vida de Yasmaira Méndez cambió en un mes. Esta joven de 24 años trabaja en una panadería en el acomodado municipio Chacao, en el este de Caracas. Ella vive en el oeste: en la parroquia Sucre, en una de las 10 zonas en las que fue divida Catia, donde el chavismo gobernante en Venezuela intenta un confinamiento a cal y canto desde el pasado 13 de abril.
Yasmaira es una de las 25 millones de personas que viven en Venezuela a quienes la llegada de la pandemia les trastocó aún más la calidad de vida, que ya venía maltrecha por la emergencia humanitaria compleja, la hiperinflación y la precarización de servicios públicos que desde hace meses, por no decir años, le niega la calidad de vida a los habitantes de este país.
Esta catiense atiende la barra de la panadería junto a un grupo de compañeras. Algunas de ellas son sus vecinas de Nuevo Horizonte. A todas las sorprendió la entrega de un “pase de movilidad” que desde el domingo 12 de abril los consejos comunales de Catia comenzaron a repartir a los vecinos.
Se trata de una especie de ticket. Este papel solo les permite salir de sus casas cuatro veces a la semana. En su caso, está privada de movilizarse por la parroquia, con más habitantes de Caracas, los días miércoles, sábados y domingos.
Yasmaira estaba tranquila el 13 de abril cuando inició la implementación del pase. Aunque su horario cambió por la cuarentena, acudía interdiario a su trabajo.
Pero, el 20 de abril volvió a cambiar su ya trastocada rutina. Al trabajo ahora le toca ir solo los lunes, jueves y viernes. En el Metro de Caracas no la dejan subir porque trabaja en una empresa privada. El subterráneo solo permite el acceso a empleados de áreas prioritarias fijadas en el decreto de alarma nacional que emitió la administración de Nicolás Maduro el 13 de marzo.
“Ahora con la pandemia nos cambian hasta la forma de trabajar. Tenemos tres días de parada donde no podremos salir”, dijo a Efecto Cocuyo.
En pasajes de autobús gasta al menos 17.000 bolívares diarios y debe pedirle a sus jefes dinero en efectivo para movilizarse. Desde el pasado 13 de marzo la banca, tanto pública como privada del país, no está operativa. Las agencias están cerradas y los cajeros automáticos no dispensan billetes por la cuarentena que vive Venezuela.
Intento a medias
La parroquia Sucre de Caracas es la de mayor cantidad de población de la capital venezolana. El último censo en Venezuela, en 2011, reveló que sus habitantes representaban 17,8 % del número total de residentes caraqueños.
Es martes 21 de abril. El bulevar de Catia, al que se llega desde la plaza Sucre, es un caos. Comerciantes informales venden comida, tapabocas y especias. Las bancas están repletos de personas, algunos vendedores ofrecen cigarros y café.
Adle Hernández, directora de Proyección y Relaciones Comunitarias de la Extensión Social de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), lo explicó en su artículo La dinámica del barrio y las medidas ante el COVID-19.
“El barrio no se aísla socialmente no porque no quiera o no entienda, o no colabore; el barrio no se aísla completamente porque su subsistencia depende del encuentro: para conseguir algún ingreso en el día, para alimentarse, para conseguir el gas, para conseguir el agua necesaria para lavarse las manos de la manera correcta durante 20 segundos; y en el transcurrir de esa dinámica la gente trata de acatar como puede lo que se le pide”.
Un cristiano evangélico con una corneta a todo volumen llama a quienes caminan por la zona, entre ellos una señora que intenta comprar una bomba de gas, a arrepentirse y creer en Dios, para que se vaya la pandemia que, en Venezuela, al 23 de abril reportaba 311 casos, 10 fallecidos y 126 personas recuperadas.
Con el pase de movilidad el chavismo intenta implantar un confinamiento general en Catia, pero hasta ahora no ha podido hacerlo.
Aglomeraciones ante poco tiempo para comprar
A pesar de cerrar el comercio tres días a la semana, los otros cuatro en los que están abiertos la cantidad de personas en las calles de Catia es mayor. Aquí solo se permiten compras entre 7:00 y 10:00 am.
Esto lejos de ser una solución, provoca que más personas estén frente a grandes supermercados agolpados para intentar adquirir alimentos.
La señora Cecilia Martínez vive en La Silsa. Mientras compra un “compuesto” (cebollín y cilantro) por 20.000 bolívares, toma un pequeño descanso en uno de los bancos del bulevar. Se queja del aumento de los precios. Un kilo de pollo cuesta 280.000 bolívares, uno de carne 480.000 bolívares y uno de mortadela está en 498.000 bolívares.
“Nos vamos a morir de hambre”, dice Martínez como lanzando una premonición ante la escalada de precios desde el inicio de la cuarentena en Venezuela.
Lo dijo dos días antes de que el dólar paralelo en Venezuela rompiera la barrera de los 200 mil bolívares. Después de eso el kilo de carne saltó de 480.000 bolívares a Bs. 780.000 y el ingreso mínimo mensual de los venezolanos, que hasta el 30 de abril es de 450 mil bolívares, pasó de 4 dólares a apenas 2 dólares.
Las palabras de Martínez resonaron el mismo día que se presentó el Informe mundial sobre las crisis alimentarias 2020. Venezuela en 2019 experimentó la cuarta peor crisis alimentaria del mundo. Es decir, 9,3 millones de venezolanos padecen inseguridad alimentaria aguda; otros 2,3 millones de modo severo y 7 millones de manera moderada.
Suave en el bulevar, pero mano dura en el barrio
En Catia hasta las zapaterías estaban abiertas el martes 21 de abril. Tiendas de ropa incluso ofrecían alimentos como harina o pasta alimenticia para intentar generar ganancias.
Eso ocurre en el bulevar, porque en las 10 zonas en las que dividieron a la parroquia Sucre, la realidad es otra.
Pasan patrullas o camiones de la PNB. A quien esté en el frente de su casa, así sea con tapabocas, lo montan en esas unidades y los detienen toda la noche. Los dejan ir en la madrugada a su riesgo. Los robos no se han parado en esta localidad. Una enfermera que llegaba de su trabajo en el área de pediatría de una clínica en el este de Caracas fue asaltada. Tres jóvenes le arrebataron su teléfono celular, pese a la constante vigilancia policial en las comunidades.
Quienes quieren comprar alimentos deben bajar a las 6:00 am a sus sectores. Hacer colas de hasta tres horas en los negocios y regresar en las pocas camionetas que funcionan, ante las dificultades para abastecerse de gasolina que alcanzaron a Caracas con la pandemia del coronavirus.
El intento de confinamiento total en Catia no le funciona a la administración de Maduro. Desde el inicio de la pandemia del coronavirus, su gobierno, alaba los pocos contagios por la pandemia de coronavirus en Venezuela y cuestiona las políticas que se implementan en Estados Unidos, Brasil o Colombia.
El 13 de marzo el sueldo de 2.200.000 bolívares que percibía Yasmaira por su trabajo en la panadería representaban 28 dólares, pero 40 días después solo son 11 dólares. Su ingreso es cinco veces más que el salario mínimo venezolano (450.000 bolívares), que con un dólar a 200.000 bolívares es apenas 2,5 dólares mensuales.
Venezuela tiene 5 años en recesión. Desde 2014 el Producto Interno Bruto (PIB) del país cayó 70 % y de tener una economía de 350 mil millones de dólares, en 2019 llegó a producir solo unos 70 mil millones de dólares, según los cálculos de Consecomercio, la asociación de comerciantes nacional.
Petróleo en 10 dólares y escasez de gasolina
El desplome venezolano tiene que ver mucho con la baja producción petrolera. En 2018 la producción diaria del país era de 1.354.000 barriles, según las fuentes secundarias de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), pero en marzo de 2020 fue de 660 mil barriles diarios, una reducción en los últimos dos años de 51,26%.
A la baja producción petrolera nacional y las sanciones de EEUU a la comercialización de petróleo venezolano, se añadió la pandemia del coronavirus. Desde la declaratoria de pandemia del coronavirus por la OMS, el precio del barril venezolano cayó a 10 dólares el lunes 20 de abril, cuando el crudo de Texas, valor referencia del petróleo de EEUU, quedó en valores negativos por primera vez en la historia.
Carlos Grujeles, un transportista de la línea Trébol Blanco que lleva pasajeros desde Bellas Artes hasta la parroquia San Bernardino, solo ha podido trabajar dos veces en abril. La escasez de gasolina y la aplicación del plan pico y placa, el suministro del combustible a través del terminal del número de placas de su unidad, en vez de una solución ha sido un problema.
Al quinto intento para abastecer su camioneta de 28 puestos logró que le surtieran 40 litros de gasolina. Eso no alcanza para las seis vueltas que hacía con frecuencia a San Bernardino. El 22 de abril solo pudo hacer tres. El dinero le alcanzó para “una harina pan y una pasta”. Volvió a su casa a esperar una semana para que le volvieran a surtir combustible.
Pero no solo son los transportistas los que deben pernoctar en las 24 estaciones de servicio dispuestas por la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Caracas, el mayor comando del Ejército en la capital del país que controla la distribución del combustible.
Médicos, enfermeras, farmaceutas, distribuidores de alimentos, diplomáticos, cuerpos de seguridad y medios de comunicación, son algunos de los sectores que pueden obtener gasolina. Eso después de pasar hasta 24 horas en una gasolinera.
Los transportistas denuncian la reventa ilegal de combustible por parte de los militares. El precio fijado es un dólar por cada litro, y quien pueda pagar entre 30 y 50 dólares para llenar su tanque, se ahorra las colas.
En Petare bajan caminando del barrio para comprar
Al otro extremo de Catia está Petare. Esta parroquia del municipio Sucre, estado Miranda, tiene 37 barrios. Y como en el oeste, solo pueden comprar en un horario que va de tres a cinco horas.
Los comercios laboran entre 7:00 y 10:00 am. Las panaderías hasta las 12 del mediodía y las farmacias hasta las 4:00 pm.
Aquí todos, como Yasmaira en Catia, experimentaron un cambio drástico en su forma de vivir por la pandemia del coronavirus. Los comercios con horarios restringidos, los que viven del comercio informal y las ventas al detal para su sustento diario y los que deben salir del cerro a la redoma para comprar. Con menos unidades de transporte, todo se ha encarecido.
Carmen Hernández reactivó su antigua venta de helados caseros para obtener por lo menos los 20.000 bolívares en efectivo para pagar el pasaje que necesitarían ella y su esposo, o ella y su hija cuando bajan a hacer compras desde el barrio Juventud Bolivariana, del que salen caminando y al que regresan en el escaso transporte público con las bolsas donde llevan la compra.
Salir de su casa a la redoma le toma a Hernández y sus familiares entre 20 y 30 minutos, todo depende de la rapidez con la que salgan para evitar que los sorprendan las colas.
Todo se ha encarecido, los precios se multiplicaron a un ritmo mucho más veloz que los casos de la pandemia del coronavirus en Venezuela.
Un barbero que se convirtió en vendedor de café lo dice de forma certera: “Aquí se trabaja hasta donde lo permite la ley”. Su negocio está cerrado y vende la bebida aromática o cigarrillos para sobrevivir.
Entre llamados de policías y guardias con patrullas y parlantes, los petareños y los catienses cumplen a regañadientes los horarios de restricción en la venta de alimentos que los llevan a aglomerarse para adquirir lo que sus bolsillos les permiten.
En ambos sectores, a partir de las 10:00 de la mañana comienzan los recorridos a pie de policías y guardias con megáfonos para obligar a desalojar a los vendedores informales, a que los negocios bajen sus santamarías y los habitantes regresen a sus hogares.
El 14 de abril en Petare, primero fue una patrulla de la GNB que con la sirena encendida y un parlante advirtió: “Señores, por favor, vamos a retirarnos, ya los comercios están cerrados”. Se mantuvo varios minutos y después dio paso a un policía que con un megáfono desalojó el espacio.
El tsunami venezolano
Feliciano Reyna describió con un ejemplo muy gráfico lo que ocurre en Venezuela. Es un país golpeado por un tsunami apocalíptico, como el que vivieron los países asiáticos en 2004 con el terremoto del Océano Índico.
Con un país ya golpeado por una emergencia humanitaria compleja desde 2016, el 13 de marzo se instaló el COVID-19. Y llegó con un sistema inmunológico, si Venezuela fuese un ser humano, debilitado y con padecimientos crónicos; es decir, con la alerta de ser un paciente más vulnerable que a toda costa debe sobrevivir, pese a estar en cuidados intensivos.
Reyna, defensor del derecho a la salud y fundador de la ONG Acción Solidaria, advirtió sobre la llegada de un nuevo tsunami que arrasaría lo poco que queda en pie en Venezuela.
Como director de una ONG que trabaja prestando ayuda humanitaria a pacientes crónicos desde el año 2015, bien sabe cuáles son las consecuencias del manejo político, parcializado y la confrontación, entre los factores de poder que no permiten avizorar una estrategia unitaria para enfrentar la pandemia.
El sector salud es uno de los más golpeados por ese “tsunami venezolano”.
La última actualización de la Encuesta Nacional de Hospitales dejó en evidencia que entre noviembre de 2018 y septiembre 2019 la inoperatividad de los servicios en los centros monitoreados fue de 58 %.
En este lapso el funcionamiento de equipos de Rayos X no superó el 40 %; los laboratorios solo estuvieron activos en 16 % de los recintos y apenas 14 % de los tomógrafos funcionaron.
Advertían que estas cifras “afectan la capacidad de los hospitales de poder realizar desde los estudios más básicos hasta los más complejos. Y esto se traduce para el paciente tener diagnósticos a destiempo, tener que movilizarse hasta otros centros y pagar de sus bolsillos los estudios, e incluso en algunos casos las consecuencias son fatales”.
Sin protección para combatir pandemia del coronavirus
El 14 de abril una médica internista acompañaba a su hermana en la maternidad Santa Ana, en Caracas. Trabaja en el Pérez de León, uno de los 46 hospitales centinelas que dispuso el gobierno de Maduro, para recibir a pacientes con sospechas de COVID-19 o portadores de la enfermedad.
Un día antes a este último centro asistencial acudieron integrantes de Médicos Sin Fronteras para verificar la operatividad del lugar. Ella se sorprendió al ver los equipos de bioprotección de los visitantes.
Para los médicos de ese hospital solo hay batas quirúrgicas, guantes y tapabocas. Ni rastros de los trajes de bioseguridad ni mucho menos lentes para enfrentar la pandemia del coronavirus.
“No tenemos trajes ideales, ni caretas. Hay algunos equipos que debemos compartir y lo ideal es que sean unipersonales. Hemos recibido casos sospechosos, pero hasta ahora ningún paciente está aislado”.
Personal de salud imputado
No quiso revelar su nombre para evitar represalias. Ya una bionalista en Trujillo fue imputada por mostrar en sus estados de Whatsapp los récipes de un paciente con COVID-19 y un obstetra en Carora (estado Lara) fue apresado durante 24 horas. El delito: compartir un estado de Whatsapp donde se ve cómo va un político protegido a visitar un hospital y cómo lo recibe un médico: con la misma descripción que dio la internista.
El doctor Luis Araya fue sacado de su consulta por militares de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 15 de abril. Un día después tras amenazas del gremio médico en Lara de paralizar sus labores, Araya quedó en libertad a medias: imputado por el supuesto delito de odio y deberá ir a tribunales cada 30 días cuando termine la cuarentena.
Mauro Zambrano, dirigente sindical del sector salud, presentó un balance del primer mes de aislamiento en Venezuela y el monitoreo que llevan en 16 centros asistenciales, entre centinelas y de atención general.
Algunos datos son desestimulantes: “Trabajadores de hospitales como el Vargas tuvieron que usar durante ocho días consecutivos el mismo tapaboca, violando así las medidas de bioseguridad e higiene, poniendo en riesgo su salud y la de sus familiares”.
Trabajadores de riesgo y a riesgo
El personal de salud venezolano también está expuesto a la pandemia del coronavirus. El primer médico que se enfermó con COVID-19 fue un residente del Hospital Clínico Universitario de Caracas el 29 de marzo.
Un enfermero de una clínica privada en Caracas se enfermó por contacto con los pacientes aislados en el lugar. Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación e Información de Maduro, dijo que era de los Valles del Tuy, donde además infectó a un hermano.
El 16 de abril se informó sobre el contagio de cuatro trabajadores de Barrio Adentro, la misión médico cubana creada por Hugo Chávez en 2004. Trabajan en un CDI de Guarenas, estado Miranda, donde se infectaron. Son dos enfermeras, un enfermero y un odontólogo. Contrajeron el virus de una enfermera cubana.
Pero en la Venezuela del coronavirus ser médico también es una amenaza para el chavismo. El 18 de abril el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek Willian Saab, informó la detención y acusación contra la epidemióloga del estado Nueva Esparta, Carmen Hernández.
En esta entidad un foco de contagio en una academia de béisbol que deja al menos 20 casos confirmados, llevó a la aprehensión de cinco personas. Cuatro de ellas relacionadas con la escuela y la quinta es Carmen Hernández, la epidemióloga regional.
“A Carmen Hernández, epidemióloga y encargada de coordinación epidemiológica regional del estado Nueva Esparta se le imputó el artículo 54 de la Ley Orgánica de Seguridad Nacional”, dijo Saab en rueda de prensa.
“Por incumplir con la obligación que tiene como funcionario público de suministrar los datos e información al estado mayor de salud”, la dejaron presa.
Saqueos por hambre
A medida que avanzan los días de cuarentena por la pandemia del coronavirus, esta semana en ciudades del oriente de Venezuela se produjeron saqueos, que fueron antecedidos de protestas por gasolina y alimentos como la de los pescadores de Araya.
En Cumanacoa y Río Caribe (Sucre); en Punta de Mata y Maturín (Monagas); pero también en Upata (Bolívar) se produjeron saqueos a mediados de esta semana. La falta de alimentos y el encarecimiento del costo de la vida sacaron a la gente a las calles.
El pasado 23 de abril, el Observatorio Venezolano de Conflicto Social (Ovcs) lo explicó: A 41 días de las medidas de cuarentena y confinamiento, continúan las protestas por derechos sociales en toda Venezuela. En las primeras tres semanas de abril se registran más de 500 manifestaciones en todo el país.
Y en medio del conflicto, la vida de todos en Venezuela, la de Yasmaira en Catia; la de Carmen en Petare; la del transportista Carlos, la del personal de salud y la de los comerciantes se trastocó por la pandemia del coronavirus.
