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«El país se encuentra sumido en una coyuntura política con alarmantes signos de violencia, en la que las armas de fuego tienen un claro protagonismo». Así inicia el Manifiesto entregado por 33 organizaciones a la Defensoría del Pueblo y Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, como un llamado a la defensa del derecho a la vida y el desarme de la población.

El documento fue entregado a primera hora de la mañana de este lunes, 18 de junio, en las tres instancias. Inmediatamente, se dio lugar a la rueda de prensa para informar a la sociedad civil de las exigencias realizadas. La declaración se realizó en la Plaza Morelos de Caracas, frente la Defensoría del Pueblo.

Cheo Carvajal, activista portavoz de la actividad, expresó al inicio de la rueda de prensa que durante décadas se ha normalizado la violencia en el país, en 2016 ocurrieron 21 mil 752 homicidios, de los cuales, el 86% se perpetraron con armas de fuego.

En tal sentido, las exigencias contempladas dentro del Manifiesto para la defensa del derecho a la vida y la seguridad de los venezolanos, fueron las siguientes:

1. Que la Compañía Anónima de Industrias Militares (CAVIM) se comprometa a reducir al mínimo la producción de balas con las que finalmente morimos los venezolanos, y que estas sean controladas al máximo, permitiendo la contraloría social y que cada munición esté debidamente marcada, dándole uso a los equipos que ya adquirió el Estado para este fin.
2. Que la importación de pistolas y revólveres por parte del Estado se reduzca al mínimo y que se suspenda la venta de las mismas a particulares.
3. Que todas las armas estén bajo control, tanto las de los policías como las de los particulares, tanto las que reposan en los parques policiales como las que son incautadas, tanto las que reposan en las casas como las que andan en las calles. Exigimos que absolutamente todas estén bajo control y que dejen de formar parte de este negocio sangriento.
4. Crear mesas de trabajo donde la ciudadanía, a través de organizaciones sociales, participe en la construcción de los protocolos de desarme, control de las armas existentes, y destrucción de aquellas incautadas o entregadas voluntariamente.
5. Que se desactiven aquellas políticas del Gobierno central que incrementan la presencia de armas en manos de la población civil, a través de las llamadas “milicias” y de grupos paraestatales armados.
6. Que los cuerpos de policía cesen la política de mano dura y de ajusticiamientos extrajudiciales, que respeten estrictamente la convención del uso progresivo de la fuerza y que asuman las orientaciones que surgieron de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL).
7. Que se haga pronta justicia en aquellos casos que han sido denunciados por familiares y organizaciones, y que se cree un sistema nacional de acompañamiento y reparación para las víctimas de la violencia en general, que haga hincapié en los familiares de víctimas de homicidios, que cree los mecanismos necesarios para atenderlas de manera adecuada, oportuna y sostenida en el tiempo.
8. Como parte de este sistema, y a la par de los programas de atención y reparación, deberían desarrollarse políticas, programas y acciones para la creación de oportunidades de formación, recreación y participación social para los más jóvenes, población sobre la que se cierne la amenaza de esta violencia, ya sea en calidad de víctimas o de futuros victimarios. Dicho programa debería operar con el apoyo de todos los sectores de la sociedad venezolana.

Acción por la Vida es una red de organizaciones y sociedad civil que buscan prevenir y reducir la violencia en Venezuela. Algunas de las organizaciones que la integran son Reacin, Caracas Mi Convive, Haciendo Ciudad, Runrunes y Efecto Cocuyo. A través de la plataforma internacional Instinto de Vida, tienen el objetivo de reducir los homicidios por arma de fuego en Venezuela y otros 6 países de América Latina y El Caribe.