Actualmente es muy conocida la serie de televisión que transmite Netflix llamada “13 Reasons Why”. Algunos la han traducido como “Más allá de las Razones”. Sin entrar en detalle de lo que trata la serie, me sirve este título para hacer la analogía con lo que pasa con el llamado a constituyente. En la serie desde el inicio se conoce lo que pasará al final: “ la chica protagonista se suicida”, y los capítulos explican las razones del por qué ella tomo esta decisión.
Lo mismo que pasa con la constituyente. Desde que la rectora Tibisay Lucena, anunciara la convocatoria a la constituyente, el pasado el 23 de mayo, el país que tiene más de 70 días movilizado en las calles, también se ha abocado a expresar su rechazo y descontento por esta iniciativa del gobierno. Ya pasados unos cuantos días, y con la visión clara de qué es lo que se pretende con esta convocatoria, mi interés no es solo reafirmar lo que ya todos sabemos que será el final de la historia del llamado a constituyente, un fraude, sino que, al estilo de esta serie, quiero explicar de forma muy sencilla en estas líneas las trece razones por las cuales los ciudadanos que creemos en la democracia y el estado de derecho no deberíamos apoyar la constituyente de la manera en que ha sido planteada.
1. La recepción y aprobación de las bases de la constituyente, la cual, fue refrendada de forma extremada y sospechosamente expedita por las cuatro rectoras del CNE, permite al Ejecutivo avanzar con su proyecto de reforma a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin tener que someter dicha iniciativa a la aprobación de la ciudadanía mediante el voto directo, secreto y universal, tal como lo establece la propia Carta Magna. Es decir, se vuelan de manera furtiva los principios elementales del derecho al voto.
2. Esta imposición fraudulenta de ANC, sin consulta plena del pueblo como poder originario, viola el principio de progresividad establecido por la Constituyente de 1999 y fundamental cuando hablamos de derechos humanos. Lo que significa que, este proceso constituyente esta al margen de la Constitución y representa un golpe a la vigencia del Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela.
3. El anuncio de elecciones para diciembre 2017 es también una falsa promesa. La presidenta del CNE Tibisay Lucena anunció el 18 de octubre de 2016 que para el primer semestre de 2017 se realizarían las elecciones de gobernadores no solo violando el mandato constitucional que establece que debieron realizarse el pasado mes de diciembre, sino que tampoco fueron convocadas para el primer semestre 2017. El establecer para el 10 de diciembre la realización de las elecciones regionales representa un acto irregular, extemporáneo y totalmente improvisado que evidencia el fraude ciudadano que pretende montar el CNE no teniendo una real intención de que estas elecciones se realicen, siendo así una oferta engañosa a la ciudadania.
4. El fraude se pone igualmente en evidencia al ver como las medidas tomadas por las rectoras del CNE desconocen el calendario electoral fijado por la propia presidenta del CNE en octubre 2016, en el que se estableció que tendríamos las elecciones regionales a finales del primer semestre de este año y las municipales en diciembre. Sobre la no realización de las elecciones regionales hasta el momento no se ha brindado ninguna explicación que justificara su suspensión, y de las elecciones municipales no se ha hecho ninguna mención, lo cual, le subraya el carácter fraudulento del anuncio y acentúan y agravan el desconocimiento sistemático de lo establecido en la Constitución.
5. De instalarse la ANC, las discusiones podrían extenderse hasta el 2018. Si vemos el ejemplo de 1999, las discusiones se realizaron durante 6 meses, lo cual, invalidaría la actuación durante en este plazo del resto de las instituciones del poder público, incluyendo la elección de nuevos mandatarios regionales. Por lo que, elegir una ANC en el mes de julio suspendería de facto la realización de regionales en diciembre o cualquier fecha posterior.
6. De realizarse una ANC se podria configurar la abolición de los llamados “poderes constituidos” en virtud de la ANC posee dentro de sus competencias la reforma del Estado. Es por esto las propias gobernaciones pudieran ser sustituidas por otra figura de gestión regional. Aquí otra posibilidad de engaño a la ciudadania y la oferta engañosa de la ANC que pretende imponer modelos que ya han sido rechazados por los ciudadanos como ocurrió con el referéndum constitucional en el 2007.
7. Con las medidas mencionadas, las cuatro rectoras del CNE demuestran de forma expresa una vez más su sumisión a la voluntad del Ejecutivo Nacional, obviando el mandato constitucional que establece que deben actuar como Poder autónomo y quedando una mas en evidencia la aquiescencia de este CNE de la pretensión del gobierno de mantenerse en el poder por medios extra-constitucionales.
8. La imposición unilateral del citado proceso constituyente pretende no sólo anular a un poder constituido legítimamente, como lo es el Poder Legislativo Nacional, sino suprimir el carácter participativo y protagónico que la constitución otorga al pueblo venezolano. El anuncio de la presidenta del CNE desatiende el clamor de los venezolanos, que han exigido la realización inmediata de las elecciones para escoger a las autoridades de los gobiernos regionales, en mora desde diciembre de 2016 y dar un paso a un espacio electoral que nos encuentre como ciudadanos ante la grave crisis que vivimos en Venezuela.
9. El CNE y sus rectores tienen la responsabilidad y el mandato constitucional de responder de las acciones y omisiones que cometan y que violen derechos de los venezolanos que exigen elecciones en el marco de lo establecido en la carta magna. Al no haber elecciones y darle prioridad a una iniciativa del gobierno que va en contra de la Constitución, nos encontramos ante la ruptura del hilo constitucional como de forma reiterada se ha dicho desde octubre del 2016 cuando el árbitro electoral tomó la decisión de suspender, de manera irregular, el derecho constitucional a evaluar la gestión del primer mandatario a la mitad de su mandato mediante un Referendo Revocatorio.
10. El fraude que plantea el CNE tiene su fundamento en el ganar tiempo para no celebrar elecciones en el 2017. Sin elecciones no hay democracia. Las elecciones que se plantean en el marco de la ANC no son elecciones tal y como lo establece la constitución, sumándose de esa forma a acciones que atentan contra la vigencia de la legalidad y el mantenimiento de la paz en el país.
11. La extensa lista de vicios que trae consigo la iniciativa, la convocatoria y las bases comiciales, entre otros ha hecho que se camine sobre una sucesión de actos viciados de irregularidad que solo conducen a un solo lugar: el del fraude a la ciudadania.
12. Con la declaración de inadmisibilidad por parte del la Sala Electoral del recurso de nulidad introducido por parte de la Fiscalía se cierra la oportunidad de protección judicial que debió ejercer el TSJ de defender a los ciudadanos de un fraude y de esta manera activar los mecanismos institucionales de resolución democrática del conflicto abriéndose más el camino a una intensificación del descontento y de la protesta.
13. El CNE sus rectoras Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tani´Amelio con sus acciones y omisiones se convierten en un factor que provoca la intensificación del conflicto actual y son co-responsable de las consecuencias que tal incremento significa, entre ellas las graves violaciones a los derechos humanos que se vienen produciendo en el marco de la protesta y la lucha por el rescate de la democracia en Venezuela.