El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció este jueves que firmó un memorando de entendimiento con el Gobierno de Sudán para la entrega de todas las personas acusadas por este tribunal de crímenes de guerra y lesa humanidad en Darfur, entre ellos el exdictador sudanés Omar al Bashir.
“Pedí al Gobierno que firmara un nuevo memorando de entendimiento con mi oficina que incluyera la entrega de todos los individuos contra los que la CPI emitió órdenes de detención, y me complace anunciar que el memorando ha sido firmado hoy (jueves 12 de agosto)”, dijo Khan en una rueda de prensa en Jartum, donde realizó una visita de una semana.
El fiscal aseveró que “el traslado de cualquier sospechoso a la sede de la Corte Penal Internacional es un paso importante, pero debe ser precedido y acompañado por una cooperación objetiva que esté continuamente reforzada”.
En este sentido, dijo que ha pedido a las autoridades sudanesas que permitan el acceso a las “pruebas” de los acusados por crímenes en Darfur para garantizar que “el trabajo culmine con éxito”.
CPI se instalará en Sudán
Para poder llevar a cabo todo el proceso, Khan anunció que se establecerá un equipo de la CPI en Jartum con una sede para que “se dedique a este trabajo y lo realice de forma independiente”.
Expresó, además, su esperanza de que este equipo “logre también trabajar en colaboración con sus homólogos sudaneses para defender los derechos de las víctimas en Darfur”.
A finales de junio, el Consejo de Ministros decidió garantizar la entrega a la CPI de los antiguos dirigentes a los que ese tribunal reclama, acusados de crímenes de guerra en la región de Darfur (oeste). Entre estos se encuentra el exdictador Omar al Bashir.
Esa decisión incluyó, además de a Al Bashir, entregar a su ministro de Defensa, Abdelrahim Mohamed Husein, y al de Interior, Ahmed Haroun, por su responsabilidad en los crímenes cometidos durante la guerra civil que tuvo lugar en Darfur entre 2003 y 2008 y que costó la vida al menos a 300.000 personas, según la ONU.
Este miércoles, la ministra de Exteriores sudanesa, Mariam al Sadeq, confirmó al fiscal de la CPI que “el Gabinete decidió entregar a las personas buscadas a la Corte Penal Internacional”, algo que el tribunal reclama desde 2007.
La CPI acusa a los exdirigentes de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre otros, durante un conflicto armado que estalló en 2003 entre las fuerzas gubernamentales y los movimientos rebeldes en Darfur.
Foto: El Mundo de España