A través de un comunicado oficial de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) expresó su intranquilidad por la cantidad de venezolanos que han dejado el país. El organismo informó que, de acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur),  “para finales de 2012, la cifra de solicitantes de asilo de Venezuela era de 505, pasando a 1.153 en 2013, 4.820 en 2014 y 15.094 para finales de 2015”, un aumento de 2.889% entre 2012 y 2015.

En el mismo documento, la CIDH induce a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a que establezcan mecanismos que permitan la protección para quienes emigran. Asimismo, se incita a los países a que aboguen en todo momento por los Derechos Humanos de los migrantes.

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“La situación humanitaria, en particular a los efectos que vienen ocasionando la escasez de alimentos, medicamentos y tratamientos médicos” y la “falta de canales legales, regulares y seguros para migrar”, como se lee en el texto, se toman como los principales puntos sobre los cuales se sustenta la solicitud del organismo internacional.

Se señala el hecho ocurrido en la madrugada del 9 de diciembre de 2016, en el marco de un operativo de control migratorio en la Feria del Passarão, cuando 450 personas en situación migratoria irregular fueron deportadas desde Brasil, entre quienes se encontraban indígenas Warao y más de 180 niños.

Luego de estos hechos la Defensoría Pública de la Unión (DPU) de Brasil, a través de mecanismos legales respaldados por una decisión del Tribunal Federal del país lusoparlante, logró detener la deportación colectiva de venezolanos.

A la nación brasileña se le induce a respetar los derechos de los migrantes, con especial referencia a los pueblos indígenas, y a aprobar una nueva Ley de Migración. “La asistencia del Estado debe ser proporcionada sin discriminación y de manera culturalmente apropiada a todas las personas migrantes”, se lee en el documento.

Además, CIDH hizo un llamado a los 35 países miembros entre los que se encuentran Argentina, Chile y Colombia, a “reforzar los mecanismos de responsabilidad compartida” en torno a la migración de venezolanos.

Se solicita a los Estados miembros a que recurran a otros mecanismos migratorios como regímenes de visas humanitarias, regímenes de protección temporal por razones humanitarias u “otras alternativas de regularización con base en la normativa migratoria nacional y regional”.

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