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La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mostró su preocupación por la operación policial que causó este jueves 6 de mayo 25 muertos en Río de Janeiro (Brasil), y denunció posibles intentos de las fuerzas de seguridad cariocas para evitar que se pueda llevar una investigación independiente de lo ocurrido.

«Hemos recibido preocupantes denuncias tras el suceso de que la policía no tomó las medidas necesarias para preservar las evidencias en la escena del crimen, lo que podría dificultar la investigación de esta trágica y letal operación», subrayó en rueda de prensa el portavoz de la oficina de Naciones Unidas Rupert Colville.

Esta operación, según el portavoz la más sangrienta ocurrida en más de una década en Río de Janeiro, «confirma una prolongada tendencia al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza en las favelas, barrios pobres y marginados habitados predominante por población afrobrasileña».

Colville calificó además de «especialmente perturbador» el hecho de que la operación policial se haya organizado después de que en 2020 el Supremo Tribunal Federal ordenara una restricción de este tipo de medidas de fuerza en las favelas de Río, debido a la pandemia de COVID-19.

El portavoz pidió que el procurador general de Brasil inicie una investigación profunda e imparcial del suceso «de acuerdo con los estándares internacionales» y con ello se garantice la seguridad de los testigos y que éstos sean protegidos «de toda intimidación o intento de represalia».

La operación en la favela de Jacarezinho, en la que hubo un intenso tiroteo en las primeras horas de la mañana del jueves, causó la muerte de uno de los policías que participaron en ella, mientras que el resto de los fallecidos son sospechosos de formar parte de una banda de narcotraficantes.

También resultaron heridos al menos tres uniformados y dos civiles, que fueron impactados por balas perdidas cuando viajaban dentro del metro de la ciudad por la zona en el momento de los disturbios.

Piden justicia

Habitantes de la favela de Jacarezinho se dieron cita este viernes 7 de mayo, frente a las instalaciones de la Policía Civil de Río de Janeiro, para pedir justicia por las 25 vidas segadas la víspera en un violento operativo policial contra la banda de delincuentes que domina esa deprimida zona carioca.

La acción de los uniformados se llevó a cabo en momentos en que este tipo de acciones están restringidas en Río de Janeiro y fue la más letal en la historia de la emblemática ciudad brasileña.

«Eso no fue una operación de inteligencia. Fue una competa masacre que forma parte del genocidio que está en curso en nuestro país y principalmente en nuestro estado», aseguró a EFE Giovanna Almeida, una estudiante de 22 años que se juntó a los manifestantes.

El operativo, que contó con la participación de unos 200 uniformados y tuvo una duración de nueve horas, fue calificado de «exitoso» por la Policía Civil, que negó las acusaciones de abusos y afirmó que la acción -que tenía por objetivo desmontar una banda de narcotraficantes que reclutaba menores de edad para acciones criminales- fue planificada, autorizada y supervisada por el Ministerio Público.

Los datos oficiales señalan que un policía perdió la vida minutos después de recibir un impacto en la cabeza al comienzo de la operación y que 24 sospechosos (que los comisarios no calificaron como simples sospechosos sino como probados pistoleros) fallecieron durante el operativo en la favela de Jacarezinho.

No obstante, habitantes de la favela que fueron testigos de los hechos aseguran que los presuntos delincuentes fueron «asesinados» dentro de las viviendas y sin oponer resistencia.

«Las personas murieron sentadas, murieron dentro de casas. Las imágenes son esclarecedoras y por la dirección de la sangre se ve que no hubo intercambio de tiros. Hubo ejecución, hubo asesinato», dijo Milena Santos, otra estudiante que participó en la protesta.

«Como carioca, mujer, joven, negra y favelada mi sentimiento es de repudio, de tristeza. Fueron 25 vidas de jóvenes. Sospechosas o no, las personas no tienen que ser asesinadas. Son crímenes, es una violencia de estado», afirmó.

Cargados con carteles que decían «Paren de matarnos» y «Las vidas negras importan», unos 70 manifestantes madrugaron a pedir justicia frente a las instalaciones de la Policía y posteriormente se desplazaron a la favela de Jacarezinho, donde pusieron velas y flores en los sitios donde se registraron las muertes. Unos 50 policías armados acompañaron la protesta.

Expertos en seguridad pública y organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch repudiaron el operativo.

El propio alcalde de Río, Eduardo Paes, criticó la acción de los uniformados y señaló que es el resultado de una política de seguridad pública «inexistente y errónea» que «pone en riesgo a la policía y permite que se propague el crimen».

La Defensoría y el Ministerio Público de Río anunciaron investigaciones de los hechos.

De acuerdo con datos oficiales, unas 1.800 personas murieron en operaciones policiales en Río de Janeiro en 2019, cifra que se redujo a 1.300 víctimas en 2020 gracias principalmente a que la Corte Suprema restringió las operaciones policiales en las favelas durante los confinamientos por la pandemia del COVID-19.

No obstante, solo en el primer trimestre de este año 453 personas han muerto a manos de uniformados, según cifras del Instituto de Seguridad Pública (ISP), entidad adscrita a la Gobernación de Río.