Una investigación internacional reveló este miércoles, 27 de octubre, que la brasileña Odebrecht entregó sobornos en México de 2006 a 2011 por 9,2 millones de dólares, un monto adicional al que ahora indaga la Fiscalía General de la República (FGR).
Los 25 pagos ilegales se entregaron a siete funcionarios, cuya identidad es secreta, durante los sexenios de Vicente Fox (2006-2012) y Felipe Calderón (2012-2018), según la información obtenida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el Quinto Elemento Lab.
Estos recursos son adicionales a los 10,5 millones de dólares que habría recibido Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Los documentos que revelan esta información corresponden a la Procuraduría de Brasil y al sistema contable del Departamento de Operaciones Estructuradas, «la oficina secreta de Odebrecht«, que distribuía los sobornos a funcionarios de América Latina y África, indicaron las asociaciones.
«Revelan además que el alcance de las prácticas corruptas fue mucho más extenso que el reconocido originalmente por los exdirectivos cuando confesaron haber sobornado a Lozoya y cuando más tarde admitieron pagos ilegales a campañas políticas», reportó el Quinto Elemento Lab.
La investigación se revela en medio de la polémica que ha causado el rezago del caso Lozoya, quien tiene más de un año extraditado en México, donde solo hay un detenido por el escándalo de Odebrecht, el exsenador Jorge Luis Lavalle del Partido Acción Nacional (PAN).
La oposición ha acusado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de usar el caso de Lozoya, quien se ha acogido al criterio de oportunidad para evitar la cárcel, para «vengarse» de sus enemigos políticos del PAN y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los nuevos documentos evidencian que los pagos ilícitos de Odebrecht comenzaron en México en 2006, «a favor de personajes involucrados en la construcción de una obra hidráulica en Michoacán», conocida como la presa Francisco J. Múgica, aseveró MCCI.
«La obra de Michoacán a la que se hace referencia en los nuevos documentos se ejecutó durante el periodo de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy como gobernadores de aquel estado, y durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón», añadió la organización.
La asociación matizó que las evidencias no mencionan que los expresidentes «hayan sido los receptores de algún pago ilegal, ni tampoco revela la identidad de los beneficiarios».
Los fiscales de Brasil mandaron los documentos, que contienen más de 250 páginas de información, tras una solicitud de la fiscalía de Perú, donde se han abierto nuevas líneas de investigación, de acuerdo con el Quinto Elemento Lab.
El paquete de información incluye cientos de órdenes de pagos y transacciones ilegales que sucedieron de 2004 a 2011 países de América Latina, como Perú, México, Argentina, Venezuela, República Dominicana, Ecuador y Panamá.
A diferencia de Perú, México «no ha sido tan activo» para solicitar ayuda de Brasil y ha rechazado la colaboración ofrecida por Odebrecht, señaló la asociación.
«Sin un acuerdo de colaboración firmado con la firma brasileña, para los fiscales mexicanos resulta más difícil conocer quiénes fueron los beneficiarios de los sobornos», indicó.
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Una investigación internacional reveló este miércoles, 27 de octubre, que la brasileña Odebrecht entregó sobornos en México de 2006 a 2011 por 9,2 millones de dólares, un monto adicional al que ahora indaga la Fiscalía General de la República (FGR).
Los 25 pagos ilegales se entregaron a siete funcionarios, cuya identidad es secreta, durante los sexenios de Vicente Fox (2006-2012) y Felipe Calderón (2012-2018), según la información obtenida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el Quinto Elemento Lab.
Estos recursos son adicionales a los 10,5 millones de dólares que habría recibido Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Los documentos que revelan esta información corresponden a la Procuraduría de Brasil y al sistema contable del Departamento de Operaciones Estructuradas, «la oficina secreta de Odebrecht«, que distribuía los sobornos a funcionarios de América Latina y África, indicaron las asociaciones.
«Revelan además que el alcance de las prácticas corruptas fue mucho más extenso que el reconocido originalmente por los exdirectivos cuando confesaron haber sobornado a Lozoya y cuando más tarde admitieron pagos ilegales a campañas políticas», reportó el Quinto Elemento Lab.
La investigación se revela en medio de la polémica que ha causado el rezago del caso Lozoya, quien tiene más de un año extraditado en México, donde solo hay un detenido por el escándalo de Odebrecht, el exsenador Jorge Luis Lavalle del Partido Acción Nacional (PAN).
La oposición ha acusado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de usar el caso de Lozoya, quien se ha acogido al criterio de oportunidad para evitar la cárcel, para «vengarse» de sus enemigos políticos del PAN y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los nuevos documentos evidencian que los pagos ilícitos de Odebrecht comenzaron en México en 2006, «a favor de personajes involucrados en la construcción de una obra hidráulica en Michoacán», conocida como la presa Francisco J. Múgica, aseveró MCCI.
«La obra de Michoacán a la que se hace referencia en los nuevos documentos se ejecutó durante el periodo de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy como gobernadores de aquel estado, y durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón», añadió la organización.
La asociación matizó que las evidencias no mencionan que los expresidentes «hayan sido los receptores de algún pago ilegal, ni tampoco revela la identidad de los beneficiarios».
Los fiscales de Brasil mandaron los documentos, que contienen más de 250 páginas de información, tras una solicitud de la fiscalía de Perú, donde se han abierto nuevas líneas de investigación, de acuerdo con el Quinto Elemento Lab.
El paquete de información incluye cientos de órdenes de pagos y transacciones ilegales que sucedieron de 2004 a 2011 países de América Latina, como Perú, México, Argentina, Venezuela, República Dominicana, Ecuador y Panamá.
A diferencia de Perú, México «no ha sido tan activo» para solicitar ayuda de Brasil y ha rechazado la colaboración ofrecida por Odebrecht, señaló la asociación.
«Sin un acuerdo de colaboración firmado con la firma brasileña, para los fiscales mexicanos resulta más difícil conocer quiénes fueron los beneficiarios de los sobornos», indicó.
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