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Dos días después de las marchas y hechos violentos ocurridos en Iquique en contra de migrantes venezolanos, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, condenó este lunes la «brutal agresión» e  insistió en frenar la entrada irregular de extranjeros bajo el lema de «ordenar la casa» ante el agravamiento de la crisis migratoria en el norte.

Las declaraciones de Piñera, quien cumple una visita a Uruguay, fueron divulgadas por su despacho después de que la ONU expresara su «preocupación por la violencia y xenofobia» hacia los inmigrantes en la protesta en la ciudad norteña de Iquique.

En esa movilización, algunos de los 3.000 manifestantes quemaron las pertenencias de los migrantes que acampaban en la calle, hechos que son investigados por la Fiscalía.

«Estamos haciendo todo lo necesario para que ese crimen no quede impune y sea severamente sancionado de acuerdo a la ley», añadió el jefe de Estado. Recordemos que la mesa directiva del Senado exigió hoy al Gobierno presentar una querella por los hechos reportados en la marcha del sábado.

«Como Gobierno estamos cumpliendo nuestro compromiso de poner orden en nuestra casa, promoviendo una migración legal, ordenada y segura que proteja los derechos de los migrantes que muchas veces son abusados por bandas de trata de personas y que, también, proteja los derechos de los chilenos», continuó Piñera.

«Por eso impulsamos una ley que favorece la migración legal y combate la migración ilegal», añadió.

La protesta estuvo marcada por carteles y gritos contra los migrantes irregulares, principalmente venezolanos, que desde hace años ingresan a Chile por pasos clandestinos desde Bolivia, cruzando la cordillera de Los Andes y el desierto de Atacama.

El gobierno chileno endureció este año su política migratoria, otrora solidaria y receptiva en medio de una mayor hostilidad hacia los migrantes por parte de la población.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, también manifestó su rechazo a la violenta protesta, pero advirtió que el gobierno seguirá con los desalojos de migrantes «en todos los espacios públicos que se requieran» y las expulsiones de indocumentados.

Un día antes de la protesta, la policía chilena desalojó a centenares de migrantes venezolanos que acampaban desde hace un año en una plaza de Iquique.

Hace unos meses, las autoridades afirmaron que con las deportaciones se redujeron drásticamente los ingresos clandestinos, pero el drama sigue, con un flujo migratorio que genera hostilidad entre muchos chilenos.

Los ingresos de personas a Chile por pasos clandestinos suman 23.673 hasta julio, casi 7.000 más que en todo 2020, según un informe del Servicio Jesuita a Migrantes.

En febrero de 2019, en un acto en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, Piñera prometió una «Visa de responsabilidad democrática» para venezolanos, pero su gobierno solo concedió el 21% de las 164.908 solicitadas hasta diciembre de 2020.

Según el Departamento de Extranjería y Migración, hay 1,4 millones de migrantes en Chile, lo que equivale a más del 7 % de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.

Con información de EFE y El Mostrador