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América Latina mantiene sus niveles de hambre por la exclusión social de los más pobres, el impacto de la migración y los desastres climáticos, explicaron en Roma responsables de la ONU este jueves, 18 de octubre.

El director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, detalló en un acto que la seguridad alimentaria en esa región está relacionada con el crecimiento económico, que debe ser de un mínimo del 2 % anual para «pagar a los ricos y distribuir las migajas entre los pobres«.

Da Silva recordó que en 2008, cuando la crisis de los precios de las materias primas que Latinoamérica exportaba afectó a la economía, «no hubo un gran aumento de la miseria» como en épocas anteriores porque «se habían creado políticas sociales en los años de vacas gordas» que garantizaban ingresos mínimos, comedores escolares o el derecho a la jubilación.

Sin embargo, algunas personas quedaron fuera de esas redes de protección y actualmente viven en la «exclusión completa«, como los 7 millones de brasileños que -apuntó- no tienen ninguna fuente de ingreso y dependen de la caridad.

«Son la cultura de la futura pobreza en la región», afirmó el director general de la FAO, que insistió en reclamar más compromiso político.

Desaceleración económica

Según las últimas cifras de la ONU, el hambre en América Latina y el Caribe pasó de afectar a 38,9 millones de personas en 2016 a 39,3 millones en 2017. 6,1 % de la población, debido a la desaceleración económica en Sudamérica, marcada especialmente por el caso de Venezuela.

El director regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Miguel Barreto, coincidió en que se necesita estabilidad económica para financiar la protección social, inversiones que han disminuido en los últimos años a nivel regional.

Remarcó que en el incremento del hambre también han influido nuevos factores como el incremento del número de migrantes y de fenómenos extremos relacionados con el clima en zonas como el Chaco sudamericano o el Corredor Seco de América Central.

Barreto pidió «incorporar el componente de cambio climático en las estrategias de protección social» para evitar que las comunidades más vulnerables pierdan décadas de desarrollo por una sequía, un huracán o un terremoto.

A esas recomendaciones se sumaron las de Aura Leticia Teleguario, del (Filac), que reclamó «programas integrales» capaces de generar empleo, sanear el agua y promover la agricultura familiar, fomentando la igualdad de oportunidades.

Asimismo, defendió la participación política de los ciudadanos y especialmente de los grupos más vulnerables como los indígenas, que están entre quienes sufren la exclusión.

EFE