La organización Human Rights Watch (HRW) exhortó a Ecuador a restringir las nuevas facultades que ha concedido a sus Fuerzas Armadas a la hora de intervenir en funciones de seguridad pública, porque considera que “podría alentar el uso de la fuerza letal” contra civiles.
“Un acuerdo ministerial adoptado para regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público, podría alentar el uso de la fuerza letal en circunstancias que van más allá de las permitidas según estándares internacionales de derechos humanos“, advirtió HRW en un comunicado difundido desde su sede en Washington.
Este viernes 19 de junio la organización alertó que la resolución adoptada el pasado 29 de mayo como Acuerdo Ministerial 179 dispone que “las operaciones militares deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos según estándares internacionales de derechos humanos”.
“Sin embargo, al mismo tiempo, vulnera esos principios al conceder a las Fuerzas Militares amplias facultades para usar la fuerza letal y participar en operaciones de seguridad pública vinculadas con manifestaciones y reuniones”, agregó.
Reforma de modos
El llamado “Reglamento de Uso Progresivo, racional y diferenciado de la Fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas” fue publicado en el Registro oficial el 29 de mayo y supone una reforma a los modos y funcionalidades de intervención y conducta de fuerzas militares en situación de desasosiego, disturbios y resistencia social interna.
El mandato enmienda las reglas de intervención con base en un Manual de Derecho que data de 2014. En cierta medida este fue utilizado ya durante las protestas de octubre de 2019, cuando decenas de miles de ecuatorianos salieron a las calles para protestar por la eliminación de los subsidios a la gasolina.
En ese sentido, el Acuerdo Ministerial autoriza el uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas “en operaciones de apoyo a otras instituciones del Estado”. Según el comunicado de HRW, aún si no existe estado de emergencia autoriza a los militares para apoyar a la policía.
José Miguel Vivanco, director de la ONG para América, consideró que esas nuevas reglas pueden alentar al uso letal contra civiles.
“A las Fuerzas Militares se las entrena para la guerra, no para participar en operativos de orden público. Otorgarles facultades que van más allá de las permitidas según estándares internacionales para el uso de la fuerza letal durante manifestaciones, es una medida que podría generar graves abusos”, advirtió el activista.
Ya en las protestas civiles de ciertos sectores a raíz de la pandemia de COVID-19 el Ejército se vio involucrado.
Fuerza excesiva en las protestas
Organismos de derechos humanos denunciaron que “policías y militares ecuatorianos usaron fuerza excesiva contra manifestantes durante las protestas multitudinarias de octubre de 2019”. Solo cuando el presidente Lenín Moreno aceptó derogar su decreto los disturbios se apaciguaron.
El Gobierno asegura que se emplearon en todo momento medios no letales de contención de masas. A su vez, acusó a los manifestantes de liderar el uso excesivo de la fuerza.
HRW denuncia que en mayo”hubo manifestantes golpeados y heridos por policías durante una protesta vinculada con el COVID-19″. Sin embargo “no se han iniciado aún investigaciones sobre muchos de estos señalamientos”.
Por ello, exhorta al Gobierno ecuatoriano a “actuar con urgencia para modificar la resolución sobre la participación de las fuerzas armadas en actividades de orden público”.
Vivanco instó igualmente a Ecuador a “asegurarse de que los parámetros para el uso de la fuerza letal cumplan cabalmente con las obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos y prevengan de manera efectiva los abusos militares, en vez de alentarlos”.
Señaló que la participación de militares en operaciones de orden público es “problemática para los derechos humanos debido a que no están entrenados para tareas policiales”. Advirtió que “difícilmente se puede asegurar que estos funcionarios respondan por sus actuaciones, cuando son las propias autoridades militares quienes investigan los abusos cometidos por sus miembros”.
Con información de EFE