El Ministerio Público (Fiscalía) de Perú abrió investigación por la muerte de tres personas, uno de ellos menor de edad, en la región Junín, entre el 28 de marzo y 2 de abril, durante las manifestaciones de protesta de transportistas, que se extendieron a otras regiones y gremios del país.
La Fiscalía precisó este miércoles, en un comunicado, que la Policía Nacional reportó la muerte de un menor de 13 años, fallecido «en extrañas circunstancias», tras encontrar su cuerpo en el río Yacus, en la provincia de Jauja.
Según sus familiares, el menor huía de la persecución policial a los manifestantes cuando cayó al río.
La fiscal Liz Santos realizó el levantamiento del cuerpo del menor el pasado 1 de abril y quedó a cargo de la investigación del deceso.
A su vez, respecto a la muerte de la profesora Candy Hinostroza, precisó que la mujer falleció atropellada por Hans Oré a la altura del puente Las Balsas, en la provincia de Concepción, y que el fiscal David Yaranga apeló la decisión judicial que rechazó la prisión preventiva contra el investigado.
El tercer fallecido es Jorge Maldonado, de 82 años y quien murió por no haber recibido su tratamiento de hemodiálisis en un hospital de Huancayo, la capital de Junín, que fue el centro de las movilizaciones y desmanes el pasado fin de semana.
El deceso de Maldonado no fue reportado a la Policía Nacional ni al Ministerio Público, precisó la Fiscalía.
Asimismo, la fuente oficial negó haber recibido información sobre un cuarto fallecido en Junín, a raíz de las movilizaciones de protesta.
Los movilizaciones de protesta han dejado seis personas fallecidas hasta el momento, dos en la sureña Ica y el último en esta jornada en la región central de Huánuco.
Respecto a los heridos en Junín, la fiscalía mencionó el caso de Frayan Toribio, de 27 años, que sufrió una herida grave en el ojo derecho por un perdigón, así como de Diego Quispe, de 21 años, y Armando Quispe, de 53 años, atropellados por una camioneta que intentaba huir de las protestas.
También recibieron el caso de Erwin Romero, de 26 años, con lesiones en el ojo izquierdo, y de otros cinco heridos, que son objeto de investigación por la fiscal Yanderit Hinostroza.
Sobre los desmanes producidos en Junín en el marco de las protestas, la cuarta fiscalía provincial penal corporativa de Huancayo abrió investigación preliminar contra 37 detenidos por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbio agravado.
Igualmente, se abrió investigación contra los que resulten responsables por el delito de robo agravado y daño en el almacén y sede de la municipalidad provincial de Huancayo el pasado 1 de abril, y por los delitos de daños materiales y contra la tranquilidad pública de inmuebles públicos y privados en el distrito de Chilca.
El paro de transportistas había sido anunciado ante la subida de precios de los combustibles y exige eliminar la competencia desleal de los transportistas extranjeros y direccionar la reserva de carga para los gremios nacionales.
Además, urge la eliminación del impuesto selectivo al consumo de los combustibles y la revisión de los contratos de concesión de carreteras y peajes.
Las protestas se trasladaron el martes a la ciudad de Lima donde se produjeron ataques en una sede judicial y destrozos en un local de la fiscalía, así como en tiendas y establecimientos privados, hechos criminales que el Gobierno afirmó que estuvieron previamente planificados.
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El Ministerio Público (Fiscalía) de Perú abrió investigación por la muerte de tres personas, uno de ellos menor de edad, en la región Junín, entre el 28 de marzo y 2 de abril, durante las manifestaciones de protesta de transportistas, que se extendieron a otras regiones y gremios del país.
La Fiscalía precisó este miércoles, en un comunicado, que la Policía Nacional reportó la muerte de un menor de 13 años, fallecido «en extrañas circunstancias», tras encontrar su cuerpo en el río Yacus, en la provincia de Jauja.
Según sus familiares, el menor huía de la persecución policial a los manifestantes cuando cayó al río.
La fiscal Liz Santos realizó el levantamiento del cuerpo del menor el pasado 1 de abril y quedó a cargo de la investigación del deceso.
A su vez, respecto a la muerte de la profesora Candy Hinostroza, precisó que la mujer falleció atropellada por Hans Oré a la altura del puente Las Balsas, en la provincia de Concepción, y que el fiscal David Yaranga apeló la decisión judicial que rechazó la prisión preventiva contra el investigado.
El tercer fallecido es Jorge Maldonado, de 82 años y quien murió por no haber recibido su tratamiento de hemodiálisis en un hospital de Huancayo, la capital de Junín, que fue el centro de las movilizaciones y desmanes el pasado fin de semana.
El deceso de Maldonado no fue reportado a la Policía Nacional ni al Ministerio Público, precisó la Fiscalía.
Asimismo, la fuente oficial negó haber recibido información sobre un cuarto fallecido en Junín, a raíz de las movilizaciones de protesta.
Los movilizaciones de protesta han dejado seis personas fallecidas hasta el momento, dos en la sureña Ica y el último en esta jornada en la región central de Huánuco.
Respecto a los heridos en Junín, la fiscalía mencionó el caso de Frayan Toribio, de 27 años, que sufrió una herida grave en el ojo derecho por un perdigón, así como de Diego Quispe, de 21 años, y Armando Quispe, de 53 años, atropellados por una camioneta que intentaba huir de las protestas.
También recibieron el caso de Erwin Romero, de 26 años, con lesiones en el ojo izquierdo, y de otros cinco heridos, que son objeto de investigación por la fiscal Yanderit Hinostroza.
Sobre los desmanes producidos en Junín en el marco de las protestas, la cuarta fiscalía provincial penal corporativa de Huancayo abrió investigación preliminar contra 37 detenidos por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbio agravado.
Igualmente, se abrió investigación contra los que resulten responsables por el delito de robo agravado y daño en el almacén y sede de la municipalidad provincial de Huancayo el pasado 1 de abril, y por los delitos de daños materiales y contra la tranquilidad pública de inmuebles públicos y privados en el distrito de Chilca.
El paro de transportistas había sido anunciado ante la subida de precios de los combustibles y exige eliminar la competencia desleal de los transportistas extranjeros y direccionar la reserva de carga para los gremios nacionales.
Además, urge la eliminación del impuesto selectivo al consumo de los combustibles y la revisión de los contratos de concesión de carreteras y peajes.
Las protestas se trasladaron el martes a la ciudad de Lima donde se produjeron ataques en una sede judicial y destrozos en un local de la fiscalía, así como en tiendas y establecimientos privados, hechos criminales que el Gobierno afirmó que estuvieron previamente planificados.