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Ronny Rodríguez Rosas | @ronnyrodriguez
Foto por AFP (Referencial)El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que embargará el combustible iraní que transportan cuatro barcos con bandera de este país a Venezuela.
Este jueves 2 de julio, un Tribunal del Distrito de Columbia decidió apoyar la petición de fiscales de este país para embargar y confiscar la gasolina que Irán trae a Venezuela, después de un acuerdo de la administración de Nicolás Maduro con la República Islámica para paliar la escasez interna del hidrocarburo.
La medida aplicará para los tanqueros Bella, Bering, Pandi y la Luna. Entre los cuatro intentan atracar en refinerías venezolanas para descargar 1.163.208 barriles de gasolina aproximadamente, según los cálculos de la justicia de Estados Unidos.
Gracias al primer envío que hizo Irán con cinco tanqueros, Venezuela comenzó a reducir las largas colas para cargar combustible en el país. Desde el pasado primero de junio se impuso un nuevo esquema de venta: gasolina subsidiada a 5.000 bolívares el litro, con un cupo máximo de 120 litros para vehículos y 60 litros para motos.
Además, se comenzó a vender gasolina a precio internacional, a 50 centavos de dólar estadounidense sin restricción para el despacho bajo esta modalidad. Solo los transportistas, tanto públicos como de carga, tienen acceso al combustible gratuito por un plazo de 90 días.
Con este segundo cargamento de combustible iraní, se esperaba mantener la distribución de la gasolina en el territorio nacional. Sin embargo, el juez federal James E. Boasderg emitió «una orden de captura de toda la gasolina iraní en estos cuatro buques». La decisión ordena que la carga se lleve a la jurisdicción exclusiva del Tribunal del Distrito de Columbia.
Alegan para ello que el beneficiario de esta venta son los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica que es EE. UU. califica de organización terrorista.
«Los documentos alegan que las ganancias de las ventas de petróleo respaldan toda la gama de actividades nefastas de la Guardia Revolucionaria Iraní, incluida la proliferación de armas de destrucción masiva y sus medios de entrega, apoyo al terrorismo y una variedad de abusos contra los derechos humanos, en el país y en el extranjero».
El diario estadounidense de The Wall Street Journal, que tuvo acceso a la demanda de los fiscales, dijo que un empresario iraní (Mahmoud Madanipour) usó compañías con sede en Emiratos Árabes Unidos para poder comercializar combustible iraní y evadir las sanciones de EEUU contra Irán y Venezuela.
Esta es la segunda decisión internacional en contra de la administración de Maduro de este jueves, que representa un duro golpe para su gestión.
Más temprano, un tribunal de Londres decidió que el oro represado en el Banco de Inglaterra debe ser usado por el gobierno interino de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela y reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela.
El mes pasado, el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) designado por Maduro, Calixto Ortega, demandó al Banco de Inglaterra, para exigir la entrega de 930 millones de euros de las reservas de oro que el país tenía en esa institución.
La solicitud se hizo al justificar el uso de esos recursos para tratar la pandemia del coronavirus en Venezuela.
Sin embargo, el tribunal londinense decidió que es la junta ad hoc designada por Guaidó, la que puede acceder a esa reserva de oro.
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que embargará el combustible iraní que transportan cuatro barcos con bandera de este país a Venezuela.
Este jueves 2 de julio, un Tribunal del Distrito de Columbia decidió apoyar la petición de fiscales de este país para embargar y confiscar la gasolina que Irán trae a Venezuela, después de un acuerdo de la administración de Nicolás Maduro con la República Islámica para paliar la escasez interna del hidrocarburo.
La medida aplicará para los tanqueros Bella, Bering, Pandi y la Luna. Entre los cuatro intentan atracar en refinerías venezolanas para descargar 1.163.208 barriles de gasolina aproximadamente, según los cálculos de la justicia de Estados Unidos.
Gracias al primer envío que hizo Irán con cinco tanqueros, Venezuela comenzó a reducir las largas colas para cargar combustible en el país. Desde el pasado primero de junio se impuso un nuevo esquema de venta: gasolina subsidiada a 5.000 bolívares el litro, con un cupo máximo de 120 litros para vehículos y 60 litros para motos.
Además, se comenzó a vender gasolina a precio internacional, a 50 centavos de dólar estadounidense sin restricción para el despacho bajo esta modalidad. Solo los transportistas, tanto públicos como de carga, tienen acceso al combustible gratuito por un plazo de 90 días.
Con este segundo cargamento de combustible iraní, se esperaba mantener la distribución de la gasolina en el territorio nacional. Sin embargo, el juez federal James E. Boasderg emitió «una orden de captura de toda la gasolina iraní en estos cuatro buques». La decisión ordena que la carga se lleve a la jurisdicción exclusiva del Tribunal del Distrito de Columbia.
Alegan para ello que el beneficiario de esta venta son los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica que es EE. UU. califica de organización terrorista.
«Los documentos alegan que las ganancias de las ventas de petróleo respaldan toda la gama de actividades nefastas de la Guardia Revolucionaria Iraní, incluida la proliferación de armas de destrucción masiva y sus medios de entrega, apoyo al terrorismo y una variedad de abusos contra los derechos humanos, en el país y en el extranjero».
El diario estadounidense de The Wall Street Journal, que tuvo acceso a la demanda de los fiscales, dijo que un empresario iraní (Mahmoud Madanipour) usó compañías con sede en Emiratos Árabes Unidos para poder comercializar combustible iraní y evadir las sanciones de EEUU contra Irán y Venezuela.
Esta es la segunda decisión internacional en contra de la administración de Maduro de este jueves, que representa un duro golpe para su gestión.
Más temprano, un tribunal de Londres decidió que el oro represado en el Banco de Inglaterra debe ser usado por el gobierno interino de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela y reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela.
El mes pasado, el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) designado por Maduro, Calixto Ortega, demandó al Banco de Inglaterra, para exigir la entrega de 930 millones de euros de las reservas de oro que el país tenía en esa institución.
La solicitud se hizo al justificar el uso de esos recursos para tratar la pandemia del coronavirus en Venezuela.
Sin embargo, el tribunal londinense decidió que es la junta ad hoc designada por Guaidó, la que puede acceder a esa reserva de oro.