El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Perú anuló este miércoles, 3 de octubre, el indulto humanitario que en diciembre pasado recibió el expresidente Alberto Fujimori y ordenó su captura para ser ingresado en una prisión.
Fujimori (presidente 1990-2000) recibió el indulto en el gobierno de Pedro Pablo Kuzcynski (PPK), luego de que éste se salvara de una destitución en el Congreso, el 24 de diciembre de 2017. La medida fue tomada por «razones humanitarias».
La BBC reseñó que este miércoles Miguel Pérez Arroyo, abogado de Fujimori, dijo a medios peruanos que la decisión de mandar a su representado de vuelta a la cárcel era política y no legal y que apelarían.
Gloria Cano, abogada de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, dijo al diario El Comercio que la anulación del indulto «acaba con la impunidad».
«Es una noticia que estábamos esperando […] sabíamos que el indulto era ilegal y no correspondía haberse entregado porque se trataba de graves delitos como asesinato», dijo Cano.
La presidencia de Perú defendió el indulto entonces mediante un comunicado en el que explicaba que PPK había otorgado la gracia presidencial tras conocer la evaluación de una junta médica, que aconsejó su puesta en libertad por sufrir «una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable».
Sin embargo, la Corte Suprema peruana actualizó su posición y sentenció que la resolución de PPK carecía de efectos jurídicos, por lo que ordenó la búsqueda y captura del expresidente, para que sea ingresado nuevamente en prisión.
Fujimori, antes del indulto, cumplía una sentencia de 25 años de prisión -hasta 2032- por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, como las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992.
Luego del indulto del expresidente Fujimori en diciembre, se desataron protestas en Lima y otras ciudades del Perú, mientras se regaba la especie de que PPK había concedido el perdón a cambio los votos de Kenji Fujimori -hijo del expresidente- y otros diputados para evadir la destitución que enfrentaba en el Congreso tras la acusación de compra de fraude.
Finalmente, varios videos que mostraban el supuesto intento de compra de votos, produjeron en marzo de 2018 la renuncia de PPK, cuya imagen estaba ya afectada por el escándalo internacional de corrupción la constructora brasileña Odebrecht.
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Fujimori (presidente 1990-2000) recibió el indulto en el gobierno de Pedro Pablo Kuzcynski (PPK), luego de que éste se salvara de una destitución en el Congreso, el 24 de diciembre de 2017. La medida fue tomada por «razones humanitarias».
La BBC reseñó que este miércoles Miguel Pérez Arroyo, abogado de Fujimori, dijo a medios peruanos que la decisión de mandar a su representado de vuelta a la cárcel era política y no legal y que apelarían.
Gloria Cano, abogada de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, dijo al diario El Comercio que la anulación del indulto «acaba con la impunidad».
«Es una noticia que estábamos esperando […] sabíamos que el indulto era ilegal y no correspondía haberse entregado porque se trataba de graves delitos como asesinato», dijo Cano.
La presidencia de Perú defendió el indulto entonces mediante un comunicado en el que explicaba que PPK había otorgado la gracia presidencial tras conocer la evaluación de una junta médica, que aconsejó su puesta en libertad por sufrir «una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable».
Sin embargo, la Corte Suprema peruana actualizó su posición y sentenció que la resolución de PPK carecía de efectos jurídicos, por lo que ordenó la búsqueda y captura del expresidente, para que sea ingresado nuevamente en prisión.
Fujimori, antes del indulto, cumplía una sentencia de 25 años de prisión -hasta 2032- por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, como las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992.
Luego del indulto del expresidente Fujimori en diciembre, se desataron protestas en Lima y otras ciudades del Perú, mientras se regaba la especie de que PPK había concedido el perdón a cambio los votos de Kenji Fujimori -hijo del expresidente- y otros diputados para evadir la destitución que enfrentaba en el Congreso tras la acusación de compra de fraude.
Finalmente, varios videos que mostraban el supuesto intento de compra de votos, produjeron en marzo de 2018 la renuncia de PPK, cuya imagen estaba ya afectada por el escándalo internacional de corrupción la constructora brasileña Odebrecht.