Hace dos años, cuando se iniciaron las protestas estudiantiles, había un rosario de demandas y exigencias ciudadanas que no eran satisfechas por los organismos correspondientes. Problemas como la escasez crónica, los altos niveles de inflación y las alarmantes estadísticas en rojo correspondientes a la inseguridad y a los homicidios, fueron las razones detrás de la marcha del pasado 12 de febrero de 2014.
“Cada 20 minutos lloran a alguien” o “No hay leche, hay balas” fueron algunas de las consignas rayadas en las paredes en los principales puntos de concentración del sector opositor para expresar los niveles de inflación y de inseguridad que atravesaba el país. En aquella ocasión, los lugares más concurridos fueron Las Mercedes, Altamira y Chacaito. Durante tres meses hubo manifestaciones, abusos, heridos, y muertos. El saldo es en negativo.
Los que esperan
Herencia de ese 14 de febrero son los presos políticos que aún quedan tras las rejas, causas a mitad de camino y asesinos que andan libres. Mientras, 43 familias venezolanas lamentan la muerte de algún pariente que nunca regresará.
En el informe presentado por el Ministerio Público sobre los hechos de 2014 se establece que solo seis de los victimarios de los 43 asesinados han recibido sentencia. El asesino de Johan Gabriel Quintero Carrasco, Richard José López Crespo, es uno de ellos. Admitió los hechos, fue acusado por el delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles y le fue impuesta una pena de cuatro años y nueve meses de prisión.
Guillermo Sánchez Velásquez fue asesinado en una manifestación y Jhon Anderson Torres Sinisterra fue acusado por el delito de homicidio intencional e intimidación pública. Como resultado, se le condenó a 5 años de prisión.
Kenneth Augusto Martínez Vargas arrolló a Marianna Ceballos durante una manifestación, causándole la muerte. Fue acusado por el delito de homicidio culposo y posteriormente fue condenado a un año y 11 meses de prisión.
El taxista Arturo Alexis Martínez era hermano del diputado Francisco Martínez. El asesino, Héctor Doménico Cusatti Martínez, fue condenado a 27 años de prisión.
Adriana Urquiola estaba embarazada pero Yonny Bolívar la mató tras intentar disolver una manifestación. Bolívar admitió los hechos y el 15 de enero de 2016 fue condenado a 17 años, un mes y 20 días de prisión. No obstante, el Ministerio Público apelará dicha sentencia.
A Danny Malgarejo lo mató un menor de edad que hoy cumple la máxima sentencia establecida, cinco años. Mientras, el adulto fue condenado a cumplir la pena de cuatro años y seis meses de prisión por el delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles a título de facilitador.
Veinte de los casos se encuentran aún en fase de investigación, es decir 46,5% de los casos ni siquiera han entrado a la fase de juicio.
Inflación
Otro de los móviles de las protestas que tuvieron lugar entre enero y abril de 2014 fue la pérdida del poder adquisitivo. La inflación del año anterior había cerrado en 56,2%, de acuerdo con el informe emitido por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Ya para el segundo semestre de 2013, el presidente Nicolás Maduro había advertido que la inestable situación se debía a una guerra económica dirigida por el sector privado. Con esta medida, aseguró el primer mandatario, se buscaba desestabilizar al país a través de prácticas como el acaparamiento de productos, la especulación de precios y la escasez, lo cual derivó en las largas colas en centros de expendio para adquirir bienes de consumo básico.
Dos años después y tras 12 meses sin publicar los niveles de inflación ni escasez, el BCV emitió el pasado 15 de enero su boletín con una de las tan esperadas cifras. La máxima entidad bancaria del país reveló que para septiembre de 2015 la inflación anualizada se había ubicado en 141,5%. Un aumento de más del doble en comparación con 2013.
A pesar de no haber presentado los niveles de inflación del último trimestre, el presidente Nicolás Maduro informó durante una cadena nacional transmitida en octubre que la cifra se ubicaba en 80% según proyecciones del “BCV y el Instituto Nacional de Estadísticas”.
Hasta la fecha, 11 de febrero de 2016, el banco sigue debiendo el porcentaje correspondiente al último trimestre del año para conocer en cuánto cerró la inflación.
Inseguridad y delincuencia
A la conmoción de la opinión pública ante la muerte de la reina de belleza venezolana Mónica Spear a manos del hampa, le antecedió una estadística que ubicaba los niveles de delincuencia en nuevas dimensiones. Para finales de 2013, la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) proyectó 24.763 homicidios para situar ese año como el más violento de la historia del país hasta esa fecha.
La tasa de asesinatos se ubicó ese año en 79 muertes por cada 100 mil habitantes y el total de homicidios calculados representaba un aumento de 12% con respecto al año anterior, que cerró en 21.692 muertes violentas de acuerdo con el OVV.
No obstante, la cifra de homicidios aumentaría considerablemente dos años después y registraría un nuevo récord de violencia en el país al cerrar el año 2015 con 27.875 muertes violentas, según informó la misma ONG.
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Incluso, el año en curso arrancó teñido de rojo en la Gran Caracas, marcando el enero más violento de los últimos seis años con 467 autopsias realizadas en la morgue de Bello Monte.
Aunque para el año 2015 el Observatorio Venezolano de Violencia estimó más de 27 mil muertes violentas, el pasado martes 2 de febrero la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró durante su acto de comparecencia ante la Asamblea Nacional (AN) que el año anterior cerró con 17.778 personas asesinadas en Venezuela.
Las cifras oficiales, proporcionadas por la Fiscal, y las extraoficiales, estimadas por el OVV, están separadas por 10.097 muertes de diferencia. No obstante, el informe presentado por la ONG precisa que en su conteo se incluyen también los fallecimientos calificados como “resistencia a la autoridad” y “averiguaciones de muertes”, aparte de los homicidios.
Para el momento de las protestas que tuvieron lugar en el año 2014, el Gobierno ya había implemento 23 planes de seguridad durante sus 15 años de gestión. El Plan Patria Segura lanzado en mayo de 2013 fue el más reciente.
Luego, en julio de 2015, el Gobierno creó la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) como nuevo plan de seguridad para hacer frente a la delincuencia organizada y el paramilitarismo. A pesar de la medida, 2015 batió récord y superó en más de 3 mil muertes violentas las proyecciones del año 2013.
Escasez
El desabastecimiento de comida y de productos de higiene en supermercados y locales también tuvieron su cuota dentro del malestar social.
De acuerdo con el presidente Nicolás Maduro, la culpa fue de los especuladores y vendedores, quienes colocaron los precios a conveniencia o escondieron productos. Para diciembre de 2013, meses después de que fuera anunciada la guerra económica, el BCV informó que los niveles de escasez se ubicaban en 22%.
La situación se agravó aún más durante los meses de protesta. La entidad reveló que en enero de 2014 la escasez llegó a 28%. Dos meses más tarde, fue informado un leve aumento, alcanzando 29,4% en marzo. El mandatario atribuyó las deficiencias para abastecer a las protestas.
En su informe, el BCV advirtió que 19 rubros básicos faltaban en los anaqueles, entre ellos figuraban papel higiénico, afeitadoras, harina de maíz precocida, aceite de maíz, azúcar, leche en polvo y café.
Aunque la máxima entidad bancaria del país emitió su boletín en enero de este año con las cifras correspondientes a 2015, el documento no especifica ningún dato referente a la escasez. No obstante, sí agregó un nuevo indicador: la apreciación de existencia de acaparamiento, índice que se ubicó en 87%.
Especialistas afirmaron a Efecto Cocuyo que el nuevo indicador refleja un componente ideológico, en línea con el discurso del Gobierno, y señalaron que la apreciación de la gente corresponde a los índices de escasez, no de acaparamiento.