Hace unas semanas era un delito, pero ahora pudieran levantarse las restricciones. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó el derogamiento de la Ley de Ilícitos cambiarios sin conocerse mayores detalles. Sin embargo, en lo que sí coincidieron es que la medida estará orientada a atraer inversión privada al país.
Es una acción pedida por el propio presidente Nicolás Maduro, pero vista con muchas dudas por los economistas. ¿Cómo será el nuevo sistema cambiario? ¿La tasa se regirá por el mercado o la impondrá el Gobierno? ¿Quiénes podrán participar?.
El decreto surge en medio del descenso de los ingresos en divisas del país. Ello ocasionado por la caída en la producción de Pdvsa, que genera al menos el 95% de las divisas del Estado. Por ello, a juicio de Luis Vicente León, no es casualidad que se hable ahora de una “flexibilización cambiaria“.
Pero las condiciones aún no están claras y eso incide en la confianza de los posibles inversionistas. “No se espera una apertura global sino una permeabilización de las operaciones privadas, camino a un mercado dual“, afirmó el analista por Twitter.
Si las operaciones en mercado privado pueden realizarse libremente y el tipo de cambio se fija por oferta y demanda, sería una permeabilización que ayudará a desatrancar importaciones y precios. Pero si el gob intenta controlar el cambio con operadores sesgados es más de lo mismo
— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 2 de agosto de 2018
Si se trata de un esquema abierto y que permita transar con una tasa acordada por el mercado, León cree que aniquilaría el mercado paralelo. Pero precisa: “cualquier intervención o intento de manipulación por parte del Gobierno destruiría la posibilidad de éxito”.
Siguen los controles
La única diferencia con el sistema anterior, según el diputado José Guerra, es que “aparentemente habrá un mercado oficial con una tasa de cambio preferencial solo para el Gobierno y una tasa de cambio cara para el ciudadano”.
De ser así, Guerra advierte que la brecha entre las dos tasas se acrecentará y permanecerán los incentivos para la corrupción.
Para quienes no recuerdan o no lo saben. Entre 1984 y 1988 existió un régimen de cambio dual con una tasa de cambio preferencial y otra paralela. Se llamó Recadi y propició la corrupción más grande de la historia de Venezuela hasta que Chávez impuso Cadivi batiendo ese récord
— Jose Guerra (@JoseAGuerra) 2 de agosto de 2018
¿Una buena noticia?
Ante la escasez de divisas en los mecanismos oficiales, las transacciones en el mercado paralelo incrementaron. La firma Ecoanalítica calcula que durante 2017 se transaron a diario un promedio de 9,5 millones de dólares.
A pesar que no hay detalles de cómo será su puesta en práctica, la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios es una buena noticia. Especialmente si permite que lo que los privados han venido haciendo hasta ahora, que es trabajar con sus dólares, no sea penalizado.
— Asdrubal R. Oliveros (@aroliveros) 2 de agosto de 2018
“En 2017, 53,4% de las importaciones privadas se hizo con divisas distintas a los mecanismos oficiales. En el primer trimestre de 2018, la proporción subió a 90%”, expresó Asdrúbal Oliveros.
Corrupción por controles
En lugar de evitar la fuga de capitales, los controles de cambio aceleraron la corrupción. Así lo reflejan los datos de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que estima se perdieron entre $350.000 millones y $400.000 millones en la era del chavismo.
Los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han usado 10 esquemas cambiarios desde 2003. El primero fue Cadivi, que ofrecía cupos para viajar, y ahora el Dicom III, que apenas ha otorgado poco más de 20 millones de dólares este año.
Derrumbe del PIB, corrupción y controles de cambio desplomaron el valor del bolívar
Quince años después las divisas son escasas y la producción se desplomó. El Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía venezolana se contraerá 18% a finales de 2018. Y, en total, desde 2014 el PIB del país habría caído al menos 45%, según dicha organización.
A ello se suma el endeudamiento del país que, según la firma Síntesis Financiera, alcanza la cifra de los $150.000 millones. Pero en estos momentos el país no tiene las condiciones para pagar sus compromisos, explicó Tamara Herrera. Además, por esta razón los mercados financieros internacionales cerraron sus financiamientos a la administración de Maduro.
Urgido de dinero, la flexibilización de los mecanismos cambiarios pudiera ser una nueva alternativa del Gobierno para adquirir financiamiento.