El Centro de Estudios Agroalimentarios (CEA) de Venezuela denunció este jueves que se han registrado unas 200 ocupaciones ilegales en tierras agrarias, al tiempo que advirtió de una «nueva ola» de invasiones en, al menos, tres estados de la nación caribeña.
«En Venezuela pareciera que estamos ante la conjunción de actores delictivos, dedicados a la extracción de madera y minerales, que usan la fachada de movimientos campesinos para ocupar tierras de vocación agraria», señaló el presidente el CEA, Edison Arciniega, citado en nota de prensa.
Asimismo, dijo que los estados donde más ha recrudecido esta situación es en Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), Falcón y Barinas.
Estas ocupaciones ilegales se han dado producto de la «impunidad agraria» por la «acumulación de decisiones administrativas del Instituto Nacional de Tierras (INTI), y de tribunales agrarios que no son acatadas, ni ejecutadas por demás organismos del Estado».
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«Existen decisiones favorables a la ratificación de la propiedad, sin que estas se traduzcan en debido apoyo institucional del Estado en razón de la concreción de sus propias decisiones», añadió.
Arciniega, de acuerdo a la nota de prensa, consignó estas denuncias ante el Ministerio de Agricultura.
En abril del año pasado, ante las constantes denuncias de agricultores sobre las invasiones de sus terrenos, el ministro de Interior, Remigio Ceballos, anunció la creación de una «coordinación de seguridad rural nacional» para atender los problemas de violencia e inseguridad que afectan a los productores del campo venezolano.
Ceballos habló entonces de revisiones semanales de este plan de seguridad, con «líneas de tiempo, tareas y responsables» para garantizar, «en breve plazo», un cambio «rotundo» en la seguridad del sector agrario.
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El Centro de Estudios Agroalimentarios (CEA) de Venezuela denunció este jueves que se han registrado unas 200 ocupaciones ilegales en tierras agrarias, al tiempo que advirtió de una «nueva ola» de invasiones en, al menos, tres estados de la nación caribeña.
«En Venezuela pareciera que estamos ante la conjunción de actores delictivos, dedicados a la extracción de madera y minerales, que usan la fachada de movimientos campesinos para ocupar tierras de vocación agraria», señaló el presidente el CEA, Edison Arciniega, citado en nota de prensa.
Asimismo, dijo que los estados donde más ha recrudecido esta situación es en Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), Falcón y Barinas.
Estas ocupaciones ilegales se han dado producto de la «impunidad agraria» por la «acumulación de decisiones administrativas del Instituto Nacional de Tierras (INTI), y de tribunales agrarios que no son acatadas, ni ejecutadas por demás organismos del Estado».
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«Existen decisiones favorables a la ratificación de la propiedad, sin que estas se traduzcan en debido apoyo institucional del Estado en razón de la concreción de sus propias decisiones», añadió.
Arciniega, de acuerdo a la nota de prensa, consignó estas denuncias ante el Ministerio de Agricultura.
En abril del año pasado, ante las constantes denuncias de agricultores sobre las invasiones de sus terrenos, el ministro de Interior, Remigio Ceballos, anunció la creación de una «coordinación de seguridad rural nacional» para atender los problemas de violencia e inseguridad que afectan a los productores del campo venezolano.
Ceballos habló entonces de revisiones semanales de este plan de seguridad, con «líneas de tiempo, tareas y responsables» para garantizar, «en breve plazo», un cambio «rotundo» en la seguridad del sector agrario.