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Tras el anuncio de medidas económicas y laborales por parte del gobierno de Nicolás Maduro, analistas advierten que éstas no servirán para reimpulsar la economía sin la reactivación del aparato productivo nacional y atizarán la hiperinflación.

Algunas de ellas son la prohibición de cobrar garantías de créditos, desalojo forzoso a inquilinos, exención del pago del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y registro mercantil, además del Impuesto Sobre la renta (ISLR) hasta diciembre de este año a microempresas creadas en 2021, además de bonos solidarios a los trabajadores del sector privado y autónomos e inamovilidad laboral hasta 2022, que el gobernante informó este 6 de abril.

 Este miércoles 7 de abril, la vicepresidenta Delcy Rodríguez habló del cobro de aranceles a productos importados y una ley de compras públicas a la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, para proteger la producción nacional.

Reiteró lo dicho por Maduro un día antes, sobre una cartera única productiva de créditos dirigida exclusivamente al sector alimentos para incrementar su producción, en especial de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Economía  «enanizada»

«La mejor forma de impulsar el aparato productivo es darle un espaldarazo al sector con políticas económicas que tomen en cuenta las propuestas del sector privado, como las que presentó Fedecámaras. No habrá reactivación económica sin incrementar los niveles de producción», asegura el economista Jesús Casique.

En declaraciones a Efecto Cocuyo, el profesor universitario de Economía y Finanzas resalta el  «divorcio» entre lo que manifiesta el Ejecutivo nacional y la realidad económica con cifras muy duras.

Al respecto, cita los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI) al cierre de 2021 para Venezuela, al estimar una inflación de 5.500 % y una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del -10 %, lo que equivaldría, apunta Casique, a una contracción económica acumulada entre 2013 y 2021 de -83,6 %.

«Según el último informe de Conindustria en Venezuela existían para 1999 más de 11.000 empresas y en 2020 solo quedan  2.121. Tenemos una economía ‘enanizada’; llevamos 40 meses de hiperinflación y cerraremos el año con 50 meses ininterrumpidos», añade.

La mayoría no son medidas nuevas, más bien prórrogas, puesto que fueron anunciadas desde marzo de 2020, fecha de inicio de la pandemia por COVID-19 en Venezuela. El 22 de marzo de 2020 Maduro informó sobre  la ratificación de la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de ese año, la activación del plan especial de pago de nóminas por el sistema Patria y la supresión del pago de alquileres por seis meses.

 Asimismo, la ratificación del plan priorizado de inversión agroalimentario “para garantizar los 7 millones de Clap, bonos para los trabajadores informales y del sector privado.

«Son prórrogas del gobierno que no coadyuvan al crecimiento económico«, reitera Casique.

Falta política de ayuda generalizada

Para el director de la consultora Econométrica, Henkel García, se deben revisar las implicaciones de prorrogar medidas como el congelamiento del pago del alquiler a quienes no puedan pagar (dictada desde marzo de 2020), debido a dificultades generadas por la pandemia. En este caso, el instructor en Finanzas señala que se debe aplicar un plan de ayuda generalizada para que ningún sector resulte afectado por la contingencia.

«El problema es que es tipo de medidas aisladas siempre son en detrimento de alguien, porque no se toma en cuenta que el alquiler puede ser la única fuente de ingresos del propietario; por lo tanto no es una solución para unos. Debe haber una política de ayuda para todos como existe en otros países, para satisfacer la demanda con menos ingresos», señala García.

Subraya que ese tipo de medidas es lo poco que puede hacer el Ejecutivo, ante una economía contraída, puesto que las políticas de ayuda en el contexto de la pandemia, están demandando por lo menos 10 % del PIB y Venezuela estaría lejos de poder destinar unos 6 mil millones de dólares a dichos programas.

«Es una situación complicada para Venezuela con empresas que han cerrado, otras congeladas, a otras les ha ido bien, pero sin duda es una economía menor a 2019«, apunta.

Bonos

Rodríguez ratificó este miércoles la entrega de bonos especiales como el «Quédate en casa» a través del Sistema Patria, para 2.100.000 trabajadores de pequeñas y medianas empresas privadas, y otro en dos partes para 4.000.000 de personas que laboran por cuenta propia.

García y Casique coinciden en afirmar que son ayudas necesarias en estos momentos, pero el problema está en cómo se financian los bonos.

«Tienes que estimular la producción porque si el financiamiento viene del Banco Central de Venezuela (BCV) que crea una base monetaria para pagar los bonos, eso se transforma en presión para el aumento de bienes y servicios, es decir, mayor inflación, lo que hace que ese dinero pierda poder de compra, a diferencia de otros países donde existe la ayuda del gobierno central», explica García.

Casique indica que al inicio de la pandemia, el FMI prestó ayuda a los países solventes, lo que les ha permitido enfrentar los estragos económicos de la pandemia y aplicar planes de ayuda financiera a los distintos sectores y a la población. No fue el caso de Venezuela, expresa, por la diatriba política y porque el gobierno se niega a publicar cifras económicas reales.

Ayudas «pírricas»

El diputado de la AN de 2015 Ángel Medina dijo este 7 de abril que el bono «Quédate en casa», que solo se entregó una vez, es de apenas 2,6 dólares,  mientras se estima que el bono de cuarentena radical sea de casi 7 dólares. Tildó ambos montos de «pírricos» e insuficientes para que comprar alimentos y medicinas en Venezuela. 

«Brasil, ese que tanto critica Maduro, ha dado un bono en cinco oportunidades denominado auxilio de emergencia de 443 dólares, beneficiando a 80 millones de brasileños», cuestionó.