El Gobierno de Nicolás Maduro, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Unión Europea firmaron este martes dos convenios para promover la seguridad alimentaria y la agricultura familiar en 19 estados del país.
«Venimos a colaborar, a trabajar juntos, a estar allí donde más se pueda necesitar y creo que este proyecto con la FAO que firmamos hoy (…) representa esa apuesta fundamental por estar trabajando juntos», expresó el jefe de la misión de la Delegación de la UE en Venezuela, Rafael Dochao, en Barlovento, municipio del estado Miranda.
El proyecto, centrado en la agricultura familiar, innovadora y remunerativa, tiene como objetivo promover el reforzamiento de las capacidades de producción de alimentos para una mejora en la dieta y de los ingresos de los involucrados en esta actividad, según la ficha del mismo.
Uno de los ejes de este programa es incrementar «de manera inmediata» la producción y disponibilidad de alimentos «saludables, frescos, variados y nutritivos» a través de la rehabilitación directa de la capacidad productiva de asociaciones locales de productores (ALP) de la agricultura familiar en asociación con Escuelas Técnicas de Agricultura.
El otro enfoque es «fortalecer» las capacidades productivas de las ALP y de organizaciones de productores agrícolas (OPA) comerciales con el desarrollo de una oferta de «servicios integrales» para mejorar sus capacidades de organización, acceso a financiamiento y establecimiento de «herramientas digitales» para mejorar el acceso a la información y asistencia técnica.
Este proyecto, que durará 18 meses y cuenta con un presupuesto de un millón de euros, tendrá presencia en los estados Delta Amacuro, Amazonas, Zulia, Apure, Bolívar, Monagas, Yaracuy, Trujillo, Portuguesa, Sucre, Falcón, Guárico, Anzoátegui, Cojedes y Miranda.
Por otra parte, el segundo plan está enfocado en la promoción de la seguridad alimentaria a través de un enfoque multi-actores y tiene como fin promover el desarrollo de «esquemas asociativos» de fortalecimiento de producción y comercialización de semillas de cereales y leguminosas.
Esto incluye sinergias entre organizaciones de la sociedad civil, el sector privado agroindustrial de semillas en el país y las instituciones públicas de Venezuela.
Se implementará en los estados Anzoátegui, Aragua, Barinas, Carabobo, Portuguesa, Guárico, Lara, Monagas y Yaracuy por 30 meses con un presupuesto de dos millones de euros.
El representante de la FAO en Venezuela, Alexis Bonte, explicó que, actualmente, hay 135 escuelas de agricultura en el país y que se impulsará la producción entre 20 y 25 que se encuentran en esos estados.
«El objetivo inicial y mayor del proyecto es la seguridad alimentaria y nutricional de los niños», indicó.
Bonte añadió que en la nación se está formulando una ley de compras públicas y la «FAO que tiene como interés defender el derecho a las oportunidades para los pequeños productores, queremos que en esa ley se integre unas cláusulas para que esas compras públicas» los incluya.
Igualmente, Dochao sostuvo que ambos programas tienen «acento2 en los productores indígenas.
«La población indígena es fundamental porque son la gente que está apegada a la tierra (…) son los que nos enseñan a seguir avanzando en ese concepto de desarrollo sostenible», subrayó.
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El Gobierno de Nicolás Maduro, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Unión Europea firmaron este martes dos convenios para promover la seguridad alimentaria y la agricultura familiar en 19 estados del país.
«Venimos a colaborar, a trabajar juntos, a estar allí donde más se pueda necesitar y creo que este proyecto con la FAO que firmamos hoy (…) representa esa apuesta fundamental por estar trabajando juntos», expresó el jefe de la misión de la Delegación de la UE en Venezuela, Rafael Dochao, en Barlovento, municipio del estado Miranda.
El proyecto, centrado en la agricultura familiar, innovadora y remunerativa, tiene como objetivo promover el reforzamiento de las capacidades de producción de alimentos para una mejora en la dieta y de los ingresos de los involucrados en esta actividad, según la ficha del mismo.
Uno de los ejes de este programa es incrementar «de manera inmediata» la producción y disponibilidad de alimentos «saludables, frescos, variados y nutritivos» a través de la rehabilitación directa de la capacidad productiva de asociaciones locales de productores (ALP) de la agricultura familiar en asociación con Escuelas Técnicas de Agricultura.
El otro enfoque es «fortalecer» las capacidades productivas de las ALP y de organizaciones de productores agrícolas (OPA) comerciales con el desarrollo de una oferta de «servicios integrales» para mejorar sus capacidades de organización, acceso a financiamiento y establecimiento de «herramientas digitales» para mejorar el acceso a la información y asistencia técnica.
Este proyecto, que durará 18 meses y cuenta con un presupuesto de un millón de euros, tendrá presencia en los estados Delta Amacuro, Amazonas, Zulia, Apure, Bolívar, Monagas, Yaracuy, Trujillo, Portuguesa, Sucre, Falcón, Guárico, Anzoátegui, Cojedes y Miranda.
Por otra parte, el segundo plan está enfocado en la promoción de la seguridad alimentaria a través de un enfoque multi-actores y tiene como fin promover el desarrollo de «esquemas asociativos» de fortalecimiento de producción y comercialización de semillas de cereales y leguminosas.
Esto incluye sinergias entre organizaciones de la sociedad civil, el sector privado agroindustrial de semillas en el país y las instituciones públicas de Venezuela.
Se implementará en los estados Anzoátegui, Aragua, Barinas, Carabobo, Portuguesa, Guárico, Lara, Monagas y Yaracuy por 30 meses con un presupuesto de dos millones de euros.
El representante de la FAO en Venezuela, Alexis Bonte, explicó que, actualmente, hay 135 escuelas de agricultura en el país y que se impulsará la producción entre 20 y 25 que se encuentran en esos estados.
«El objetivo inicial y mayor del proyecto es la seguridad alimentaria y nutricional de los niños», indicó.
Bonte añadió que en la nación se está formulando una ley de compras públicas y la «FAO que tiene como interés defender el derecho a las oportunidades para los pequeños productores, queremos que en esa ley se integre unas cláusulas para que esas compras públicas» los incluya.
Igualmente, Dochao sostuvo que ambos programas tienen «acento2 en los productores indígenas.
«La población indígena es fundamental porque son la gente que está apegada a la tierra (…) son los que nos enseñan a seguir avanzando en ese concepto de desarrollo sostenible», subrayó.