La inamovilidad laboral es una medida que puede originar extorsiones por parte de los empleados hacia los patronos. Así lo explicó el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Carlos Larrazábal.
Aseguró que las las inspectorías son un ente que persigue a las empresas. «Hemos registrado casos en los que hay pruebas de empleados robando, pero que no proceden porque la inspectoría no lo considera una causa suficiente para despedirlos».
«¿Qué pensarán los buenos trabajadores al ver que otros roban y no son sancionados?», preguntó, y agregó que con estas medidas «se pierde la moral del trabajo».
Solo a través de una negociación se puede sortear esta imposición. Larrazábal detalló este viernes, 4 de enero, que para que un jefe prescinda de un trabajador se concerta entre ambas partes. Por lo general, el empleador termina pagando una liquidación mucho mayor a la que dice la ley.
María Carolina Uzcátegui reforzó la idea al afirmar que la negociación, normalmente, es desfavorable para el patrono. De acuerdo con la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), el decreto de inamovilidad laboral «no funcionó antes y no funcionará ahora, porque ninguna empresa se está desprendiendo de sus trabajadores. Todo lo contrario: en estos momentos lo que se busca es mantener el talento humano».
Larrazábal coincide con este último planteamiento y ambos aseguran que el obstáculo principal para los empresarios es la fuga masiva de sus trabajadores.
«¿Qué les importa a los empleados estas medidas?», inquirió Uzcátegui. Precisó que lo que espera la gente no esta supuesta protección, sino que «el Gobierno ponga manos a la obra para resolver la crisis económica, pues son ellos los únicos que pueden hacerlo».
La inamovilidad laboral «es una medida populista«, dijo Larrazábal. «Es un saludo a la bandera», aseveró Uzcátegui. Ambos líderes gremiales concuerdan en que la solución a la crisis nacional, a la pobreza, no pasa por este decreto, sino por una mayor actividad y libertad económica.
Foto: Promar Tv
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La inamovilidad laboral es una medida que puede originar extorsiones por parte de los empleados hacia los patronos. Así lo explicó el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Carlos Larrazábal.
Aseguró que las las inspectorías son un ente que persigue a las empresas. «Hemos registrado casos en los que hay pruebas de empleados robando, pero que no proceden porque la inspectoría no lo considera una causa suficiente para despedirlos».
«¿Qué pensarán los buenos trabajadores al ver que otros roban y no son sancionados?», preguntó, y agregó que con estas medidas «se pierde la moral del trabajo».
Solo a través de una negociación se puede sortear esta imposición. Larrazábal detalló este viernes, 4 de enero, que para que un jefe prescinda de un trabajador se concerta entre ambas partes. Por lo general, el empleador termina pagando una liquidación mucho mayor a la que dice la ley.
María Carolina Uzcátegui reforzó la idea al afirmar que la negociación, normalmente, es desfavorable para el patrono. De acuerdo con la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), el decreto de inamovilidad laboral «no funcionó antes y no funcionará ahora, porque ninguna empresa se está desprendiendo de sus trabajadores. Todo lo contrario: en estos momentos lo que se busca es mantener el talento humano».
Larrazábal coincide con este último planteamiento y ambos aseguran que el obstáculo principal para los empresarios es la fuga masiva de sus trabajadores.
«¿Qué les importa a los empleados estas medidas?», inquirió Uzcátegui. Precisó que lo que espera la gente no esta supuesta protección, sino que «el Gobierno ponga manos a la obra para resolver la crisis económica, pues son ellos los únicos que pueden hacerlo».
La inamovilidad laboral «es una medida populista«, dijo Larrazábal. «Es un saludo a la bandera», aseveró Uzcátegui. Ambos líderes gremiales concuerdan en que la solución a la crisis nacional, a la pobreza, no pasa por este decreto, sino por una mayor actividad y libertad económica.
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