Asociaciones y ciudadanos rechazan reforma de la Ley de Registros y Notarías 

ECONOMÍA · 13 ENERO, 2022 17:48

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Albany Andara Meza | @AlbanyAndara


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La reforma de la Ley de Registros y Notarías en Venezuela, publicada el 16 de diciembre de 2021 en Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.668, ha levantado una oleada de críticas de ciudadanos y organizaciones por el incremento de las tasas, que ahora pasan a calcularse con base en el valor del petro.

La medida, sancionada por la mayoría del chavismo en la Asamblea Nacional (AN), causó el rechazo de la Federación de Colegios de Abogados y la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT) en enero de 2022.

Hasta finales de 2021, las tasas para trámites ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) se cobraban en unidades tributarias (UT). Ahora, personas se quejan por los altos costos de aranceles que van desde cientos hasta miles de dólares. Por ejemplo, algunos denuncian que un contrato de compra-venta de un carro puede ubicarse alrededor de los 400 dólares, mientras que un contrato de arrendamiento pasa a costar más de 300 .  

El 6 de diciembre de 2021, diputados de la oposición habrían advertido en el Parlamento que la reforma impediría a los venezolanos tramitar documentos como copias certificadas o papeles de compra-venta. Actualmente, el sueldo mínimo en Venezuela se ubica en 2 dólares (10,00 bolívares). Mientras tanto, el valor del petro fluctúa a diario: para el 13 de enero de 2022 es de 262,5200 bolívares lo que equivale a 56,55 dólares al cambio. 

Para ejemplificar: en el presente, una persona debe pagar hasta ocho petros (8 PTR) por la inscripción de sentencias de divorcio, separaciones de cuerpos, y nulidad del matrimonio, si son más de seis folios. Siguiendo la ley, el monto equivaldría a 452,4 dólares para el 13 de enero de 2022. 

Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, indicó que la reforma es «una variación que lleva anclaje al dólar». En una entrevista concedida a Unión Radio el 13 de enero, expresó que el aumento de las tasas, sin ningún estudio económico de por medio, lo que hace es desnaturalizarlas y convertirlas en impuestos.

«Esto incluso atenta contra el ejercicio de derechos fundamentales, como es el de la libertad económica que requiere de seguridad jurídica: para eso existen el registro y la notaría», dijo Palacios. También aseguró que el gobierno está «reconociendo implícitamente» la necesidad de girar todo el cobro en tributos con base en el dólar, porque el valor del petro se expresa en dólares a pesar de que la conversión es en bolívares.  

Claves de la Ley de Registros y Notarías

Una decisión desacertada

Para la Avdt, tomar el petro como medida de valor para fijar las tasas, a pesar de que se mantiene al bolívar como moneda de pago, es una decisión desacertada y violatoria del principio de legalidad tributaria. En un comunicado publicado por la asociación el 12 de enero de 2022, apuntó que el aumento de las tasas en algunos casos superan el 1.500.000 % respecto a la valoración que tendrían con una unidad tributaria

«Es importante recordar que las tasas son tributos que paga el receptor de un servicio prestado por un ente público, las cuáles se deben determinar, a diferencia de los precios públicos, solo tomando el costo que dicho servicio genera, sin tomar en cuenta ganancia alguna o la relación con la oferta y la demanda», dice el documento firmado por el consejo directivo de Avdt. 

La Asociación Venezolana de Derecho Tributario también denunció la ausencia de una consulta pública para establecer los parámetros de la nueva reforma. Insistió en que no concuerdan con la realidad económica del país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) la pobreza en Venezuela es del 94,5 %.

Expertos solicitan nueva reforma

Jose Alejandro Lossada, presidente de la Federación de Comercio de Venezuela (Fedecomercio), expresó su rechazo a la reforma de Ley de Registros y Notarías y aseguró que la organización no fue convocada para discutir el ajuste. Igualmente, destacó que es urgente que el gobierno convoque una reunión donde estén presentes aquellos entes que regulan las actividades empresariales del país así como las autoridades municipales y regionales, para abordar el tema. 

«Catalogamos como irresponsable a quienes estuvieron al frente de hacer la reforma así como a quienes la aprobaron. Todo esto afectará de forma negativa al consumidor y representará un retroceso en el poder de compra del venezolano, que durante el año 2021 se ha recuperado exclusivamente gracias a la organización y compromiso de la empresa privada con el país, su desarrollo y progreso», expresó Lossada a Efecto Cocuyo

Otros expertos juristas y líderes de asociaciones también reiteran la necesidad de una nueva reforma que se ajuste a la realidad nacional. El 11 de enero, la Federación de Colegios de Abogados señaló que la ley actual es inconstitucional y que lo demandará frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).