Los más de 111 mil kilómetros que abarca el Arco Minero del Orinoco tienen mucho más que reservas de oro, diamante y coltán. Esa misma franja se dibuja sobre parques nacionales, reservas forestales y monumentos nacionales que representan no la riqueza minera, sino ecológica del país. La certificación y exploración de minerales que afecten estas áreas también infringen los artículos 127, 128, 129 y 304 de la Constitución.
“El Arco Minero del Orinoco es un decreto emitido por el Presidente que pretende afectar las áreas protegidas por la tradición legislativa venezolana”, expresó el docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela, Alexander Luzardo. El especialista, quien también fue autor de las normas ambientales de la Constitución de 1999 precisó que las figuras de estas zonas protegidas se remontan a, por lo menos, el año 1961.
El arco dibujado por el presidente Hugo Chávez en 2012 se solapa con las reservas forestales de Imataca, donde precisamente se encuentra el área cuatro de la franja, lugar en el que, se presume, existen reservas de oro y coltán.
El territorio trazado también se extiende a los parques nacionales Canaima (Bolívar) y Yapacana y Parima-Tapirapecó, ambos en Amazonas. También se solapa con la reserva forestal del Caura, territorio al cual le fue atribuido esta figura en 1968.
Esta actividad también es el enemigo número uno de los ríos. El daño que traería implementar cianuro y mercurio para la explotación minera sería irreversible en la cuenca del río Caroní.
“El Arco Minero es una reedición del mito de El Dorado. No han certificado las reservas y ya dicen que es la solución”, argumentó Luzardo desde una conferencia celebrada en el Colegio de Ingenieros de Caracas este lunes, 19 de septiembre.
Agregó que el Gobierno aún no ha evaluado las consecuencias socioculturales que traería un proyecto minero de estas dimensiones y aseguró que hay que plantear un esquema de desarrollo que no signifique un ecocidio ni un etnocidio de las comunidades indígenas que se encuentran en la zona.
De acuerdo con el especialista, el esquema del Arco Minero infringe las normas ambientales contempladas en la Constitución:
.- Artículo 127. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro (…) El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica.
.- Artículo 128. El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana.
.- Artículo 129. Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas.
Para Luzardo, el Gobierno actual retoma un esquema extractivista que ya había sido planteando a mediados de la década de los 90 tras la baja de los precios del petróleo. En ese momento se buscó utilizar la alternativa minera como una vía para superar el rentismo petrolero. Sin embargo, la medida también encontró sus detractores en aquella época.
El especialista precisó que las zonas en donde se encuentran estas reservas forestales reclaman un uso sustentable de los bosques y son incompatibles con la minería. En esta área del país se encuentran no solo las reservas minerales, sino también las últimas reservas de agua no contaminada, al sur del río Orinoco. “El Arco Minero no es más que una ilusión rentista”, indicó Luzardo.