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40 organizaciones de la sociedad civil con incidencia en el tema de la salud solicitaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que intervenga y realice propuestas concretas e inmediatas ante el Estado venezolano, para que adopte medidas efectivas y oportunas dirigidas a respetar los derechos humanos de la población venezolana.

Abogan en especial por el respeto a la vida, la salud y la no discriminación, la igualdad y la equidad.

En carta enviada el pasado 29 de mayo le solicitaron que medie para la aprobación y divulgación -con carácter de urgencia y mediante el acto administrativo que considere adecuado-, del Plan de Vacunación Oficial contra el COVID-19, cuya elaboración ha de atender los principios básicos del marco de valores para la asignación y priorización de la vacunación del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico de la Organización Mundial de la Salud.

Le exhortan además que dentro de esas propuestas debe estar la protección adecuada a los grupos de población que sufren una carga desproporcionada por el COVID-19, y que por tal razón son clasificados como priorizados, entre los cuales el personal de salud conforma la primera prioridad.

Y, también, piden sus buenos oficios para que el Estado cumpla efectivamente la meta nacional de vacunados contra el virus consistente en 22.820.000 personas.

“Como organizaciones de la sociedad civil venezolana queremos hacerle llegar nuestra inquietud ante las recientes violaciones a los derechos humanos que se han venido produciendo en el país”, se lee en la carta.

Citan casos específicos como el hecho público del pasado 12 de mayo, cuando fue denunciado, con testimonios y registros fotográficos, en el que en una jornada para la vacunación contra el COVID 19, a realizarse en el puesto de vacunación, ubicado en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, médicos y personas de la tercera edad no fueron atendidos por no estar registrados en el Sistema Patria.

“Luego de una espera de varias horas, el personal a cargo de esta jornada puso un aviso, en la parte exterior de las instalaciones, en las que se exigía como requisito la referida inscripción. A los efectos de hacer cumplir con esta providencia fue destacado en el lugar personal policial”.

En contexto

Señalan, además, que en Venezuela existe un antecedente similar cuando se pretendió exigir el documento denominado carnet de la patria en campañas de vacunación. “El 7 de septiembre del 2017, en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones, el vicepresidente de la República en ejercicio, Tareck El Aisami, declaró:

“Se han administrado más de 2 millones de vacunas a 1 millón de personas, esto por el Plan Nacional de Vacunación. Hay 15.319 puntos de vacunación en todo el país, así que, si usted o un familiar necesita una vacuna, de manera gratuita, con el carnet de la patria se le suministrará la vacuna”.

Esta medida fue suspendida luego de que la Sociedad de Puericultura y Pediatría de Venezuela rechazara tales declaraciones y enviara comunicaciones al mismo vicepresidente, al Defensor del Pueblo y a la opinión pública nacional, en las que les solicitaba desistir de la implementación de la medida anunciada. Iniciativa que fue acompañada por la organización no gubernamental, Alianza Venezolana Por La Salud.

Los firmantes de la petición, señalan que lo ocurrido en Carabobo es un elemento que le permitirá (a la Alta Comisionada) contextualizar la situación particular de los eventos ocurridos, la cual podría ser extensiva al resto del personal de salud del país que trabaja, en el sector público y privado en Venezuela y que reclama su derecho a ser vacunado.

“De acuerdo con la Actualización Epidemiológica Enfermedad por Coronavirus (COVID-19), emanada de la OPS, el 9 de febrero del 2021, este personal ocupa la posición más elevada en el índice de letalidad por COVID-19, 7,21%, 14,5 veces el promedio del total, entre los países del continente americano, con el agravante que esta situación ocurre en el contexto de no haberse respetado en razón de los grupos de mayor riesgo por exposición, a diferencia del caso de los parlamentarios de la Asamblea Nacional electa en el 2020 y los miembros del gabinete Ejecutivo, quienes pese a estar ubicados en el orden de prioridades 17, fueron vacunados mucho tiempo antes de la convocatoria prevista».

Por las razones expuestas, y amparados en el hecho de que la salud es un bien supremo y derecho inalienable de todos los seres humanos, recalcan la solicitud de le hacen a la Alta Comisionada, para que haga propuestas expeditas que garanticen la vida de los venezolanos en medio de la pandemia ocasionada por el COVID-19.