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El negocio de las cremaciones en Colombia se expandió como la COVID-19. Sin embargo, las autoridades colombianas toman medidas para detener eventuales hechos de corrupción.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la autoridad ambiental de este departamento, suspendió la construcción de un complejo funerario, a través del cual el Consorcio Exequial SAS pretendía aumentar sus ganancias en medio de la pandemia.

El Consorcio Exequial SAS es una de las empresas más favorecidas por el negocio de las cremaciones a través de contratos públicos, como lo precisó la investigación realizada por los periodistas de Cuestión Pública Ingrid Ramírez, Iván Serrano y Diana Salinas para el proyecto de periodismo colaborativo Salud con lupa, al cual está integrado Efecto Cocuyo.

Ramírez, Serrano y Salinas consultaron los registros on line del Poder Judicial de Colombia, en los cuales Consorcio Exequial SAS aparece comprometida en 25 procesos judiciales, entre mayo de 2016 y mayo de 2020.

“Además, María Adelaida Paris, representante legal en los contratos funerarios del consorcio, tuvo un proceso por estafa, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito que cursó en el Juzgado Décimo Penal del Circuito en 2011”,  se precisa.

El Consorcio Exequial SAS enfrentaba un litigio con la municipalidad de la Calera, vecina de Bogotá, por la construcción del nuevo cementerio.  “Habitantes del municipio se oponen a esta obra por su cercanía al río más importante de la región, el Teusaca. En abril pasado, Carlos Cenen Escobar, el alcalde del municipio, envió cartas a la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y a la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca».

El objetivo del alcalde era que se emprendan investigaciones. «Este parque cementerio se estaría construyendo con argucias jurídicas”, indicaron Salud con lupa y Cuestión Pública.

Además de la suspensión de la obra, el caso fue remitido a la Fiscalía General de la Nación, a efectos de la determinación de eventuales responsabilidades de carácter penal.

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Este reportaje forma parte del Programa Lupa, liderado por la plataforma digital colaborativa Salud con Lupa, con el apoyo del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).