En Italia, el país con más número de muertes por la pandemia del COVID-19, los médicos y enfermeros reclaman pruebas de despistaje para saber si están enfermos y no abultar la lista de personas fallecidas por falta de detección temprana. Hasta este 31 de marzo se contabilizaban 105.792 contagiados y 12.428 muertos en todo el país, según los registros de Worldometers. Marcelo Natali, el médico italiano que encabezó las denuncias sobre déficit de equipos de protección para los profesionales de la salud, es uno de los fallecidos.
En solo 12 días el número de contagios por COVID-19 correspondientes al personal sanitario se quintuplicó en Italia. La Federación Nacional de Médicos Cirujanos y Odontólogos registró 1.116 casos el 12 de marzo y 12 días después, el 24 de marzo, ya había 5.280 infectados.
“Es necesario hacer pruebas a todos los profesionales de la salud. No hay más tiempo. Los médicos positivos están aumentando”, alerta el doctor Antonio Magi, presidente de la Orden de cirujanos en Roma.
El Estado italiano tiene la obligación de garantizar la protección del personal de salud y el gremio de las batas blancas en ese país reclama más test y equipos de protección especial (EPP) para atender a los enfermos, con fundamento en el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud.
El Ministerio de Salud prioriza las pruebas para las personas que presentan síntomas. Esta restricción incluye a los médicos y enfermeros a pesar de estar altamente expuestos al nuevo coronavirus, lo que eleva la probabilidad de que aquellos que sean asintomáticos propaguen con rapidez el virus entre sus pacientes.
La autoridad sanitaria asegura que los exámenes también se aplican a las personas que tienen contacto con un caso positivo porque se consideran sospechosas. Sin embargo las denuncias confirman lo contrario.
“Todos los médicos infectados tuvieron la oportunidad de contagiar a los pacientes porque algunos no sabían que estaban infectados”, advierte Magi.
Los registros de la Federación Nacional Italiana de Órdenes Médicas (FNOMCeO, por sus siglas en italiano) sobre médicos que han muerto por el Sars-Cov-2 suma 50 fallecidos hasta el 27 de marzo. En pequeñas fichas destacan los nombres, las especialidades y los centros médicos en los que trabajaban los profesionales de la salud.
Las fallas en la asistencia de casos sospechosos también fueron expuestas por una figura pública en redes sociales. “El jefe de mi hermana dio positivo, está hospitalizado, entubado y mi hermana ni siquiera recibió una llamada”, este es uno de los múltiples mensajes que publicó Cristina Fogazzi, una influencer italiana en Instagram, en los que etiquetó al asesor de salud de Lombardía, Giulio Gallera, y al presidente de la región de Lombardía, Attilio Fontana.

Un virus “fantasma”
El caso de “Mattia”, como la prensa italiana dio a conocer al supuesto “paciente uno”, revela lo peligroso que es un enfermo asintomático y la rigidez del protocolo para aplicar las pruebas de COVID-19 en el sistema de salud del país europeo.
El hombre italiano, de 38 años de edad, llegó a la sala de emergencias del hospital de Codogno, localidad ubicada en la región de Lombardía (zona crítica por la cantidad de casos confirmados), con síntomas de gripe el 18 de febrero. Pero como las placas mostraron una “leve neumonía” fue dado de alta, aunque ya se había decretado estado de alarma nacional por la pandemia el 31 de enero.
El 19 de febrero regresó al hospital con un cuadro clínico grave. La médica tratante, Annalisa Malara, declaró al diario La Repubblica que los protocolos italianos no justificaban la prueba de COVID-19 para Mattia porque los síntomas eran leves al principio: “Tenía que buscar la autorización de la compañía de atención médica”.
Finalmente la doctora asumió la responsabilidad de hacer el test y dio positivo, entonces se descubrió que había sido un “superpropagador”. El hombre había estado en al menos tres cenas, jugó fútbol y participó en una carrera con un equipo, todo esto lo hizo en un estado contagioso sin manifestar síntomas graves.
El tiempo de incubación del virus de 14 días hace posible que una persona infectada no tenga síntomas y contagie a los demás sin saberlo.

Luego determinaron que Mattia tampoco había tenido ningún contacto directo con China y los expertos sospechan que contrajo el virus de otro habitante europeo, lo cual quiere decir que Italia no tiene un paciente cero que pueda identificar ni una fuente de contagio que pueda rastrear para ayudar a contener el virus.
Para la viróloga italiana Susanna Esposito, presidenta de la Asociación Mundial de Enfermedades Infecciosas y Trastornos Inmunológicos y profesora titular en la Universidad de Parma, es un error descartar a quienes tienen síntomas leves en los procesos de detección.
“Los hisopos se recomiendan solo en sujetos sintomáticos con un criterio epidemiológico, es decir, que tengan tos, fiebre y haber tenido un contacto con un caso positivo y ese es exactamente el error. A los que tienen síntomas modestos se les dice que no vayan a la sala de emergencias, pero nadie sale a visitarlos a darles un hisopo”, declaró la experta a Euronews.
La falta de recursos es la razón por la que no pueden masificar las pruebas, responde el gobierno. El presidente del Consejo Superior de Salud, Franco Locatelli, ha dicho que es “poco realista” hacer exámenes a toda la población, incluyendo a los que no tienen síntomas. Sin embargo, evalúa ampliar los exámenes en las “zonas rojas” del país.

Un experimento en Vo´Eugane, un pueblo de 3.300 habitantes ubicado en la región de Véneto, demostró la importancia de analizar a personas que no manifiestan un cuadro grave. Dos lugareños dieron positivo, ninguno tenía síntomas ni había tenido contacto con China ni con personas que se mostraran enfermas.
Un equipo de médicos instaló un centro de análisis en una escuela de la localidad y le hizo exámenes a todos los vecinos que quisieron. En los seis días siguientes prácticamente todos los locales se habían sometido al test, informó a la BBC el alcalde Giuliano Martini.
Se detectó el virus en 89 personas y el 50% de ellos mostraban pocos o ningún síntoma. Todos fueron puestos en aislamiento y el número de contagios se frenó en el pueblo.
Cuarentena después de 463 muertes
El 9 de marzo, después de la confirmación de 7.985 casos positivos y cuando el virus había causado 463 muertes, el gobierno de Giuseppe Conte declaró la cuarentena nacional con el decreto Io resto a casa (me quedo en casa) a pesar de que el estado de alarma estaba vigente desde el 31 de enero. Las autoridades intentaban proteger la economía del país.
Las divergencias entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales derivaron en una cadena de mando fragmentada y llena de mensajes inconsistentes que retrasaron las medidas al menos 10 días, dijo a The New York Times Walter Ricciardi, miembro del Consejo Administrativo de la Organización Mundial de la Salud y consejero principal del Ministerio de Salud de Italia.
Mientras el presidente del Consejo de Ministros declaraba estado de alarma, el alcalde de Milán, Beppe Sala, inició en el mes de febrero la campaña “Milán no se detiene” y reabrió el Duomo, la histórica catedral de la ciudad, que atrae a turistas de todo el mundo y la gente salió de sus casas.

Incluso después del decreto, las medidas seguían siendo ejecutadas parcialmente. El vicepresidente de la Cruz Roja de China, Yang Huichuan, criticó la laxitud de las políticas de confinamiento. “Las medidas que se han adoptado son demasiado poco rigurosas. Si no se cambia el modo de afrontar este problema, el virus seguirá circulando”, declaró en una conferencia de prensa desde Milán el 20 de marzo, reseña El País.
Muchos sienten que su vida está en pausa desde el 9 de marzo. “Una ciudad tan movida como Roma, una zona tan céntrica como la mía, está sumergida en un silencio de incertidumbre. Solo abren las farmacias y los supermercados, todo lo demás está cerrado. Nos saludamos a distancia, no hay conversaciones con los vecinos en las aceras o en las entradas de los edificios, no hay reuniones entre amigos en las cafeterías. Aquí la vida está completamente en pausa”, describe Adelina Dragotta, venezolana residenciada en Monte Verde, Roma, desde hace tres años y 10 meses.
La comunicadora social de 27 años explica que su medico di famiglia, un galeno que es asignado por zona, le recomendó hacer cualquier consulta por teléfono. “Él asegura haber tratado a varios pacientes contagiados y prefiere que los que no presentemos síntomas no vayamos ni siquiera a su consultorio”, explica.

La angustia también cundió en la capital de Italia los días siguientes al anuncio de cuarentena y por primera vez Adelina vio de nuevo estantes vacíos en el supermercado, una imagen que recuerda de su último año, 2016, en Venezuela, donde la escasez de comida fue un síntoma agudo de la emergencia humanitaria que vive el país y que la obligó a emigrar.
“Es un poco difícil conseguir artículos de higiene personal como pasta dental, alcohol, antibacterial, guantes y toallitas húmedas. Se hacen filas fuera de los supermercados porque no permiten entrar a muchas personas a la vez para garantizar el distanciamiento. Todo el personal ahora usa mascarillas. Afuera estamos uno lejos de otro así seamos familia”, afirma.

Los servicios de agua, electricidad e internet han funcionado con normalidad en la zona donde reside y el pago de facturas se mantiene aunque los ingresos disminuyeron. Una familiar con la que comparte casa trabaja como babysitter; es un trabajo informal porque no tiene contrato y, por ende, le dejaron de pagar durante el periodo de emergencia.
El pago de los servicios está suspendido solo en 11 municipios: 10 en Lombardía y uno en Veneto porque son las zonas más afectadas por la pandemia.
La noche del 28 de marzo, el gobierno ofreció bonos de 600 euros a los trabajadores independientes con el fin de mitigar los efectos económicos de la pandemia, que no solo ha cobrado vidas sino puestos de trabajadores. “Esta es una indemnización para casi 5 millones de personas”, dijo el Ministro de Economía Roberto Gualtieri.
La medida es parte de un paquete de ayudas económicas bautizado como “Cura Italia” que incluye la suspensión de cuotas hipotecarias; el aplazamiento de las obligaciones tributarias, de las contribuciones a la seguridad social; la suspensión del pago de IVA y prohíbe los despidos durante 60 días por el coronavirus.
El primer ministro Conte adelantó 4.300 millones de euros para atender la crisis en las municipalidades y agregó 400 millones más para dar bonos alimentarios o ayudas directas con comida a los sectores más vulnerables.

Saqueos y llamados a la rebelión
El anuncio se dio a conocer luego de que el video de una pareja que intenta entrar desesperadamente a un banco cerrado, para cobrar la pensión de un familiar, porque asegura no tener dinero para comprar comida se hiciera viral en las redes sociales.
El hombre trata de abrir la reja de un banco ubicado en Bari, una ciudad al sur de Italia, da patadas y grita desesperado: “No tenemos más dinero, no nos queda nada. Por favor, ven a la casa a ver”, mientras dos funcionarios de la policía intentan calmarlo. El diario La Repubblica confirmó el suceso y agregó que la concejal Francesca Bottalico les dio dos paquetes con víveres y una promesa: “Si tiene problemas no estará solo. Pero tiene que decirnos”.
La desesperación de la gente aumenta al ritmo del número de contagiados y muertos. El 28 de enero, en el sur de Italia se registraron los primeros saqueos y llamados a la rebelión, según ABC de España.

El país ha recibido ayuda de China, Rusia y Alemania: desde suministros médicos que incluyen equipos de asistencia respiratoria y mascarillas hasta aerosol desinfectante para limpiar vehículos y espacios públicos. La OMS envió misiones científicas con la intención de ayudar a poner en marcha las medidas de contención necesarias y el gobierno italiano pidió a la Unión Europea abrir líneas de crédito a través del mecanismo de rescate europeo (MEDE) sin imponer condiciones para enfrentar la crisis.
Las sanciones se endurecieron y las multas por incumplir el aislamiento van desde 400 a 3.000 euros o prisión de tres meses. Según el Ministerio de Interior solo el fin de semana del 22 de marzo se impusieron 10.000 multas.
La Oficina de Políticas para Personas con Discapacidad también dictó lineamientos para la protección de esta población en medio de la crisis. Se otorgará un bono de 600 euros para que las familias cubran los costos de cuidado de niños debido al cierre de los centros semi-residenciales para personas con discapacidad; se extendieron los días de permiso por mes a un total de 18 para los trabajadores públicos y privados a quienes se les reconoce una discapacidad grave.
Se establecieron servicios de entrega a domicilio de medicamentos y de comestibles. Los ciudadanos que lo necesiten pueden comunicarse con el comité de la Cruz Roja más cercano y hay voluntarios entrenados para suplir estas necesidades.
Cura Italia además destina 340 millones para el aumento de camas en las unidades de cuidados intensivos. El país cuenta con 3 camas de hospital por cada 1.000 habitantes, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la OMS. Sin embargo, el virus continúa desbordando a los centros de salud.
Alessandro Serrano vive en Montemario, Roma, y es testigo del colapso del Policlínico Agostino Gemelli. “La situación es muy compleja a causa del congestionamiento de los accesos a la emergencia. Los pacientes que llegan son retenidos en las ambulancias, incluso por noche enteras”, afirma el italiano.

La noche del martes 24 de marzo, una fila de 82 ambulancias permanecía estacionada en el área de emergencia de la clínica. Los paramédicos mantenían a los enfermos en los vehículos mientras esperaban que las estaciones de aislamiento fueran habilitadas en el centro médico. Las imágenes fueron captadas en un video que publicó Roma Today.
“Estos pacientes deben seguir un estricto protocolo de aislamiento y distanciamiento y en caso de hacinamiento al llegar a emergencia es más seguro y prudente mantener al paciente dentro de la ambulancia”, respondieron las autoridades sanitarias.
Serrano, quien es fotoperiodista, considera que las medidas para contener la pandemia fueron tardías: “Todo lo que ha sido adoptado para contrarrestar la pandemia del COVID-19 fue por un estado de necesidad. Pienso que podían haberlo iniciado antes. Hubo mucha indecisión sobre qué hacer”.
Y advierte sobre acciones promovidas por dirigentes políticos en detrimento de la seguridad de los ciudadanos. “Lo que me parece injusto y muy discutible es la autojusticia; es decir, los ciudadanos que fotografían a la gente por la calle y las publican en Facebook, insultándolos sin saber los motivos reales por los que una persona está en la calle. En la onda de hacer justicia por nuestras propias manos, la municipalidad de Roma ha abierto una plataforma online para señalar a las personas que sean vistas en la calle. ¡Todo esto es una locura!”, concluye.
