El Gobierno de Costa Rica firmó este lunes el decreto que establece como obligatoria para los trabajadores del sector público la vacuna contra la covid-19 y que faculta a los patronos privados a exigirla a sus empleados.
El decreto fue firmado por el presidente del país, Carlos Alvarado, y el ministro de Salud, Daniel Salas, y se espera que sea publicado en las próximas horas en el diario oficial La Gaceta, para que entre en vigencia el próximo viernes, detalló la Casa Presidencial en un comunicado.
Este decreto indica que “será responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional, en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra el covid-19”.
El pasado 28 de septiembre, Salas anunció que se firmaría el decreto para establecer la obligatoriedad de la vacuna para todos los trabajadores del sector público, como una medida para reducir las muertes y las hospitalizaciones que en los últimos dos meses han registrado las mayores cifras a lo largo de la pandemia.
Los patronos privados también estarán facultados a exigir a sus trabajadores la vacuna, de acuerdo a sus disposiciones internas.
El Gobierno afirmó en el comunicado que el decreto está sustentado en resoluciones de la Sala Constitucional que «ha reconocido la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado costarricense en aras de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas».
Según el Gobierno, la jurisprudencia de la Sala Constitucional también determinó que «el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas».
En la actualidad, las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se encuentra por encima de su capacidad óptima de 359 espacios y alrededor del 90 % de los internados allí son personas que no tienen vacunas o que aún les falta completar su esquema de vacunación.
Con datos al 4 de octubre, en este país de 5,1 millones de habitantes se han aplicado 5.760.293 dosis de la vacuna contra la covid-19, de ellas 3.470.013 son primeras dosis y 2.290.280 segundas dosis.
Septiembre fue el mes en el que Costa Rica registró más casos y muertes por la covid-19, con 68.459 y 880, respectivamente, pero también el de más vacunas colocadas, con 1.317.990.
La semana del 26 de septiembre al 2 de octubre se contabilizaron 227 decesos por covid-19, la mayor cifra semanal en lo que va de la pandemia.
Al 8 de octubre, Costa Rica contabiliza 544.021 casos y 6.612 muertes a lo largo de la pandemia.
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El Gobierno de Costa Rica firmó este lunes el decreto que establece como obligatoria para los trabajadores del sector público la vacuna contra la covid-19 y que faculta a los patronos privados a exigirla a sus empleados.
El decreto fue firmado por el presidente del país, Carlos Alvarado, y el ministro de Salud, Daniel Salas, y se espera que sea publicado en las próximas horas en el diario oficial La Gaceta, para que entre en vigencia el próximo viernes, detalló la Casa Presidencial en un comunicado.
Este decreto indica que “será responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional, en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra el covid-19”.
El pasado 28 de septiembre, Salas anunció que se firmaría el decreto para establecer la obligatoriedad de la vacuna para todos los trabajadores del sector público, como una medida para reducir las muertes y las hospitalizaciones que en los últimos dos meses han registrado las mayores cifras a lo largo de la pandemia.
Los patronos privados también estarán facultados a exigir a sus trabajadores la vacuna, de acuerdo a sus disposiciones internas.
El Gobierno afirmó en el comunicado que el decreto está sustentado en resoluciones de la Sala Constitucional que «ha reconocido la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado costarricense en aras de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas».
Según el Gobierno, la jurisprudencia de la Sala Constitucional también determinó que «el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas».
En la actualidad, las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se encuentra por encima de su capacidad óptima de 359 espacios y alrededor del 90 % de los internados allí son personas que no tienen vacunas o que aún les falta completar su esquema de vacunación.
Con datos al 4 de octubre, en este país de 5,1 millones de habitantes se han aplicado 5.760.293 dosis de la vacuna contra la covid-19, de ellas 3.470.013 son primeras dosis y 2.290.280 segundas dosis.
Septiembre fue el mes en el que Costa Rica registró más casos y muertes por la covid-19, con 68.459 y 880, respectivamente, pero también el de más vacunas colocadas, con 1.317.990.
La semana del 26 de septiembre al 2 de octubre se contabilizaron 227 decesos por covid-19, la mayor cifra semanal en lo que va de la pandemia.
Al 8 de octubre, Costa Rica contabiliza 544.021 casos y 6.612 muertes a lo largo de la pandemia.