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A un año de la pandemia del COVID-19 en Venezuela, Adriana Paredes padeció en carne propia el nuevo coronavirus internada en el mismo hospital donde trabajó durante siete años como enfermera neonatal.

Estaba recluida, a finales de febrero de 2021, en el área de terapia intensiva del Hospital Domingo Luciani, ubicado en la zona metropolitana de Caracas.

“No dejemos solos a quienes se exponen a morir contagiados de COVID19 por cuidar a los pacientes”, pidió Ana Rosario Conteras, presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería del Distrito Capital, en su cuenta en Twitter.

El Hospital Domingo Luciani figura entre los 46 centros centinelas dispuestos por el Gobierno de Nicolás Maduro, para atender los casos del nuevo coronavirus.

La administración de Maduro ha prometido dotación suficiente para estos recintos. El caso de Adriana es una evidencia de lo contrario: miembros del gremio de Enfermería circularon mensajes e imágenes desde el 28 de febrero, en sus redes sociales, con el objetivo de recolectar donaciones para su tratamiento.

Los colegas solicitaron material de bioseguridad esencial, recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para enfrentar la pandemia: mascarillas, guantes, alcohol, agua y jabón. También pedían donaciones de varios medicamentos, y entre ellos hay dos —Remdesivir y Dexametasona— que incluso forman parte del protocolo oficial establecido en la Guía para el Manejo y Tratamiento de Contactos y Pacientes con COVID-19, del Ministerio de Salud.

La respuesta del Estado venezolano a la pandemia está presentada en el “Plan nacional de Prevención y Control del COVID-19 en Venezuela”, dividido en la Fase Temprana (desde enero hasta el 13 de marzo de 2020) y la Fase de Brote (a partir del 13 de marzo de 2020, con la detección de los dos primeros casos en el país).

El primer año de la Fase de Brote transcurrió con fallas en el punto 3 del Plan nacional, el cual estipula garantías de abastecimiento de pruebas diagnósticas, equipos de protección personal y tratamientos.

Compras bajo sombra

La inversión del Estado en el sistema público de salud no fue reportada a la población venezolana durante el primer año de pandemia. Las páginas web oficiales del Ministerio de Salud y de la plataforma tecnológica Patria no ofrecen información sobre el presupuesto total ejecutado para la adquisición de insumos para prevenir y tratar el coronavirus en Venezuela.

La Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Salud, sin embargo, presentó un balance de su gestión ante el IX Foro Andino de Salud y Economía. La actividad fue realizada de manera online en diciembre de 2020, a cargo de la organización de integración subregional Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU).

El Ministerio de Salud reporta ante el ORAS-CONHU una inversión total de 78.184.867,05 dólares en contratos bilaterales y multilaterales para comprar medicinas, material médico quirúrgico, insumos y equipos médicos, destinados a controlar la propagación del COVID-19.

El 92% de la inversión consiste en contratos de cooperación bilateral, con los siguientes países: China, Cuba, Turquía, India, Qatar, Alemania, Suiza, Rusia, Portugal y España, según la información oficial.

La cifra es menor al monto de inversión mencionado por Maduro, a finales de mayo, para las pruebas diagnósticas adquiridas hasta entonces: “En Venezuela se han hecho 970.394 pruebas. Esto quiere decir una inversión de más de 200 millones de dólares, ¿verdad, doña vicepresidenta?”.

El mandatario ha celebrado un abastecimiento óptimo de pruebas diagnósticas de COVID-19 en Venezuela. En 2020, sin embargo, surgieron denuncias de escasez de pruebas en la red primaria de atención.

A un mes de la pandemia, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, había advertido: “No debemos olvidar que estamos en medio de un criminal bloqueo que nos limita y nos dificulta el acceso a medicamentos, a pruebas y kits diagnósticos para el combate contra el coronavirus, y por lo tanto hemos fortalecido nuestras relaciones con China, no solamente en materia de ayuda técnica humanitaria sino también en lo que respecta a compras”.

Los anuncios oficiales sobre la llegada de cargamentos al país, con productos para enfrentar el COVID-19, no distinguen las compras de las donaciones. Las autoridades del gobierno de Maduro sólo reportan el total de toneladas en cada arribo, y en algunos casos mencionan cantidades recibidas por tipo de producto.

“En este contexto de opacidad, en que no sabemos exactamente los cambios presupuestarios, ni los programas o proyectos, hay la oportunidad para el manejo clientelar de los insumos, que es un hecho de corrupción”’, explicó Christi Rangel, miembro de la ONG Transparencia Venezuela, en entrevista con Efecto Cocuyo.

El quinto cargamento recibido en el “puente aéreo humanitario” con China, el 12 de mayo de 2020, incluyó tanto donaciones como compras del Gobierno, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores. La nota oficial menciona: “(…) la carga recibida abarca una donación de mascarillas del Comité Central del Partido Comunista de China destinada al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv)”.

El reporte indicó más de 3,8 millones de mascarillas en todo el cargamento, pero no precisó cuántas eran donaciones del partido chino al Psuv y cuántas fueron compradas con dineros públicos.

El canciller Jorge Arreaza aseguró, en un balance ofrecido en febrero de 2021, que el país había recibido hasta entonces 550 toneladas de insumos, equipos y medicamentos, de las cuales 246 toneladas provienen de China.

Rangel sugiere contraloría social sobre la relación bilateral China-Venezuela: “Hay que hacer una exigencia de parte de la sociedad civil en relación con mayor claridad sobre qué tipo de asistencia es ésta, sobre cómo se va a distribuir”.

La distribución depende de un proyecto inconcluso

A los trabajadores de la salud se nos hace necesario preguntar, ¿Dónde están estos Equipos de Protecctw-align-centerión Personal?, Nuestros médicos y enfermeras siguen reutilizando los tapabocas, en muchos de los casos no tienen guantes y menos lentes de seguridad. https://t.co/AtPVi5G2lJ — Mauro Zambrano (@maurozam10) February 1, 2021

La crisis sanitaria nacional, agravada con la pandemia, también protagonizó la agenda de la oposición liderada por Juan Guaidó, reconocido desde 2019 como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, principalmente Estados Unidos. 

Su administración, que funciona en paralelo a la de Nicolás Maduro, creó en marzo de 2020 un Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, con 37.366.100 dólares aprobados para fines sanitarios y humanitarios.

Los recursos provienen de una cuenta a favor del Banco Central de Venezuela bajo custodia de la Reserva Federal de Estados Unidos. Maduro no puede acceder a esos fondos porque la Casa Blanca no reconoce su gobierno.

Los gobiernos de Maduro y Guaidó coinciden en el manejo opaco de fondos públicos.

El uso de los recursos aprobados por Guaidó no es reportado periódicamente a la población. Hasta octubre de 2020, el Gobierno interino había desembolsado 14.000.000 dólares para respuestas humanitarias, ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Federación Internacional de la Cruz Roja. Fue la respuesta oficial a una solicitud de información de Efecto Cocuyo.

Voceros de ambos gobiernos han explicado que esta dotación, financiada con recursos congelados a Maduro en el exterior, también ingresa al país en los cargamentos que se reciben y reportan en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Los insumos, donados y comprados, quedan bajo la distribución de agencias humanitarias y del Ministerio de Salud, este último bajo el poder de Maduro.

La ruta del abastecimiento comienza en Maiquetía y sigue hacia los Valles del Tuy, en el estado Miranda, donde está ubicado el principal almacén robotizado del Ministerio. Parte de los insumos son remitidos a otros almacenes del mismo tipo en los estados Aragua, Lara, Barinas y Anzoátegui.

Cada almacén robotizado está encargado de abastecer los centros públicos de salud de la región en que se encuentra. Esto es resultado de un convenio con China, ejecutado con retrasos desde hace una década. 

No hay rastros de información sobre dos almacenes más (uno en Zulia y otro en Bolívar) previstos a inaugurarse en 2019, con una inversión de 131 millones de dólares, según los Informes de Gestión de 2014 y 2015 del Ministerio de Salud.

Presione sobre cada uno de los puntos en el mapa para conocer el nombre del almacén y su función.

El proyecto prometido año tras año, desde 2011, estaba claro: un «Sistema Integral a Nivel Nacional de Almacenamiento Automatizado».

Una red tecnológica de comunicación, con conexión al Satélite Simón Bolívar, estaba planteada para garantizar que los almacenes robotizados pudieran conocer y suministrar de forma oportuna los insumos y medicamentos que necesitan los centros públicos de salud.

El Ministerio de Salud incluyó este sistema automatizado entre sus logros de 2015. Maduro, sin embargo, retoma la oferta como idea nueva en tiempos de pandemia.

El mandatario instruyó el 26 de enero de 2021, en el Encuentro Nacional con el Estado Mayor de la Salud, consolidar una red automatizada de almacenamiento, distribución y control de insumos de la salud. El objetivo es fortalecer y supervisar la distribución.

Mientras tanto, trabajadores de la salud denuncian escasez de insumos y medicamentos en los recintos sanitarios.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social totalizó al menos 806 protestas en el país por derecho a la salud, a lo largo de 2020. Los reclamos han sido protagonizados tanto por médicos, enfermeras y personal de salud, como también por pacientes y sus familiares.

A seis meses de la pandemia, más de la mitad de los 58 hospitales encuestados por el proyecto sindical Monitor Salud, en las distintas regiones del país, reportaban ausencia de tapabocas y guantes en salas de emergencia y unidades de cuidados intensivos.

Los gremios han rechazado las muertes de personal de salud por su alta exposición al virus. El 2 de marzo, por ejemplo, el Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Capital lamentó el fallecimiento de Adriana Paredes, enfermera del Hospital Domingo Luciani, por COVID-19.

Capacidad en picada

El desabastecimiento es un antiguo acompañante de los médicos venezolanos. La OMS reconoce una crisis humanitaria en Venezuela desde 2017. Era el país menos preparado de toda Sudamérica para enfrentar una pandemia, de acuerdo con un Índice Global de Seguridad en Salud.

La preparación anunciada en marzo de 2020 por el Gobierno de Nicolás Maduro contrasta con lo reportado a final de año por el Ministerio de Salud, ante el organismo subregional ORAS-CONHU.

El entonces vicepresidente sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, informó el 23 de marzo que el país contaba con un total de 23.762 camas de hospitalización. El Ministerio de Salud, en cambio, contabiliza 40% menos camas hospitalarias en 2020: sólo 14.343, entre hospitales, centros del programa Barrio Adentro, clínicas privadas y hoteles. 

La capacidad de atención en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) reportada por el Ministerio es un poco mayor a las 1.212 camas anunciadas por Rodríguez. El dato oficial más reciente indica 1.621 camas en UCI, en su mayoría —1.160 de éstas— ubicadas en centros de Barrio Adentro.

El sistema público de salud de Venezuela cumple el primer año de pandemia con deudas sociales y datos dispares.