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Co-redactado por Vanessa Moreno y Jullet Pineda Sleinan

Continúan las promesas incumplidas y cumplidas a medias. El objetivo dos del Plan de la Patria 2013 – 2019 se explaya en planteamientos sobre la producción de alimentos, la fijación de precios justos, misiones, educación, salud y seguridad. El equipo de verificación de datos y factchecking de Efecto Cocuyo cotejó con la realidad la concreción de las el  propuestas. A continuación el objetivo general de forma textual:

«Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad, para nuestro pueblo».

A continuación los resultados, que no incluyen los objetivos que se consideraron inchequeables por su ambigüedad.

Se regularon los precios, pero lo demás está en duda. La última Memoria y Cuenta publicada por el Ministerio de Alimentación, del año 2015, apunta como logro la materialización de ajustes de precios bajo la acción de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde). La última vez que el Gobierno publicó una nueva lista de precios acordados, fue el pasado 4 de diciembre.

Los decretos de “precios acordados”, que el Gobierno asegura que se establecieron en consenso con los productores y empresarios, han generado escasez de los rubros que aparecen en las listas.

Regularon precios pero no se evitó la especulación en sus propios locales ni en el mercado negro, y no hay un modelo diversificado, sino rentista y extractivista, con la creación del Arco Minero del Orinoco y el pago de bonos pagados por el gobierno mediante la expansión de la liquidez monetaria.

Tiendas Clap ofrecen precios exorbitantes, pago en dólares y productos importados #3Dic

En el último quinquenio se consolidó el Nuevo Régimen Penitenciario, propuesta de la única ministra que Maduro mantiene en su gabinete: Iris Varela. El esquema de orden cerrado, uniformes amarillos y visitas restringidas no frena las violaciones a las normas internacionales de derechos de los privados de libertad.

En ese periodo murieron 1.240 personas (cálculos propios) en hechos violentos dentro de penales de Venezuela y otras 52 más por patologías como VIH/Sida, tuberculosis y desnutrición, según datos del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). También hubo decenas de protestas, de presos y familiares por el acceso a la alimentación, entre otros derechos.

El hacinamiento no mermó, ahora es de 300% en promedio y en algunas cárceles llega a 1.000%, como es el caso del Centro Penitenciario de Aragua o “Tocorón”. De igual forma, persisten los retardos procesales. Resultado: la mayoría de los reclusos no tienen sentencia. Para 2017, la proporción era de 68% procesados y 31% penados.

Ejemplo de este escenario fue la supuesta intoxicación de 13 detenidos del Centro Penitenciario David Viloria o “Uribana” en 2014; dos casos de rehenes tomados por presos del Internado Judicial Rodeo II, en 2015; y el hallazgo de una fosa común dentro de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), en 2017.

A partir de 2015 todos estos problemas llegaron a las comisarías policiales. Ahora existen unas cárceles paralelas, en opinión de Una Ventana para la Libertad (UVL), que ha denunciado la marginalización de al menos 30.000 personas recluidas en centros de detención preventiva. Una masacre con 21 víctimas en las celdas de la Policía de Carabobo en 2018 visibilizó la situación.

Los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2018 demuestran que este objetivo del Plan de la Patria no se cumplió. Según el estudio, el porcentaje de hogares pobres en Venezuela subió dos puntos con respecto al 2017, alcanzando 48%. Para llegar a este número, utilizó el método multidimensional, que toma en cuenta los siguientes criterios: estándar de vida, empleo y protección social, educación, servicios y vivienda.

La Encovi es la única organización que publica datos sobre la pobreza en el país. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no publica información al respecto desde el año 2015. El ente del Estado venezolano usaba tres criterios para medir la pobreza. Para el año 2013, 29,4% de los hogares venezolanos eran pobres según el método de la Línea de Ingreso y 19,6% a criterio de la metodología de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que mide acceso a servicios públicos y condiciones de la vivienda.

La vacunación es el principal instrumento de prevención en materia de salud. Sin embargo, los planes nacionales de inmunización anunciados por el Gobierno en 2018 llegaron cuando los brotes infecciosos ya se habían convertido en epidemias.

Durante el primer mandato de Maduro reaparecieron enfermedades prevenibles por vacunas, como el sarampión y la difteria. La primera, había sido erradicada hacía 15 años, mientras que la segunda hace 24 años.

Según los últimos reportes emitidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para finales de 2018, Venezuela ha notificado más de 2.360 casos sospechosos de difteria y 238 muertes desde la aparición del primer caso hace tres años. En cuanto al sarampión, el país registró más de 5.643 contagios y 73 fallecimientos desde finales de 2017.

Pese a ser uno de los objetivos del Plan de la Patria 2013-2019, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) reveló en su último informe de seguridad alimentaria en Latinoamérica y el Caribe que Venezuela retrocedió a los niveles del hambre de principios del 2000.

Haití es el único país de América Latina y el Caribe que supera a Venezuela en términos de proporción de personas subalimentadas. Bajo la gestión de Maduro, el país alcanzó 3,7 millones de personas subalimentadas para el trienio 2015-2017, lo que representa 11,7% de la población total.

Durante el primer mandato de Maduro, «se han perdido los muy importantes avances que el país había alcanzado en la década del 2000″, indicó la agencia de la ONU.

Zonas de Paz, OLP y Faes. Tres conceptos que aparecieron durante el gobierno de Maduro son ejemplos de los vaivenes de las políticas de seguridad ciudadana en Venezuela. De 2013 a 2015, la estrategia del gobierno fue “tender la mano” a la delincuencia para buscar su reinserción, a través de bonos socioeconómicos.

En Distrito Capital, Miranda y Aragua se hizo el experimento de lo que se llamó “Zonas de Paz”. Esto terminó con la unión de los grupos delictivos en contra de los cuerpos policiales, el desplazamiento de funcionarios de barriadas y la prohibición de patrullajes en esas comunidades. Nacieron así las megabandas y su trabajo mancomunado como un “holding” del delito. La unión Cota 905 – El Valle – El Cementerio es quizás el mejor ejemplo.

A mediados de 2015, el gobierno contraatacó. Nacieron las Operaciones de Liberación y Protección al Pueblo (OLP) para “limpiar” a la delincuencia. Bajo la premisa de la liberación del ciudadano se sitió a los habitantes de comunidades pobres del país, se violaron domicilios, se abusó de la autoridad policial, se detuvo arbitrariamente a miles de personas y se cometieron ejecuciones.

El Ministerio Público en 2017 informó que hubo al menos 505 personas fallecidas a manos de funcionarios policiales y militares (julio 2015-marzo 2017), se abrieron 357 investigaciones por homicidios y 77 investigaciones por otros delitos.

Activistas de derechos humanos nacionales e internacionales lanzaron la alerta y pronto el término OLP desapareció de la jerga gubernamental.

Entonces, la política de mano dura no desapareció, mutó de nombre. En 2017, aparecieron las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) integradas por miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Atrás quedó el plan de la Comisión Nacional para la Reforma Policial adelantada por el antecesor presidencial, Hugo Chávez, y de la cual nació la PNB.

La seguridad ciudadana se trabaja ahora como seguridad nacional: con militares. Desde 2017 las cifras rojas del país bajaron. Lo dicen las datos oficiales y las proyecciones del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). En 2017 hubo un total de 5 mil 535 personas muertas por resistencia a la autoridad y en 2016 hubo 5 mil 281 casos. El incremento fue de 42,4%. Las cifras que maneja el OVV dan cuenta de que a partir de 2017 las muertes violentas en el país bajan, pero la acción policial no se detiene, más bien incrementa sus víctimas.

Tenemos todo un especial dedicado a las estadísticas en Venezuela. La ONG Transparencia denunció en el año 2017 que los 32 ministerios que conforman la administración pública nacional no cumplen lo establecido en la Ley Modelo Interamericana Sobre Acceso a la Información Pública. No publican la ejecución de su presupuesto, las adjudicaciones de los contratos y la asignación de la Responsabilidad Social, por mencionar algunos ejemplos.

Hace unos meses, el proyecto Datos Abiertos Venezuela entró en la web. Tiene como objetivo la liberación de datos públicos con el fin de garantizar el derecho a la información pública. Cuenta con la participación del Centro Nacional de Tecnologías de Información (Cnti), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.  

Al momento, tienen algunos datos de telecomunicaciones, educación, ciencia y gestión de gobierno. Sin embargo, aún faltan las bases de datos de temas coyunturales en Venezuela, como salud y economía.

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