Este viernes 24 de febrero vence el plazo de 48 horas que dio el contralor general de la República Manuel Galindo al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que se pronuncie sobre la intervención de la dirección de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional.
El recurso de amparo que introdujo Galindo para que el TSJ “obligue de ser posible con la fuerza pública” al Parlamento a reconocer la auditora interventora designada abre el camino a la inhabilitación de diputados, según advierten expertos.
El abogado especializado en derecho administrativo José Ignacio Hernández afirma que es probable –por los antecedentes- que la Sala Constitucional avale la legalidad de la intervención, declare otro “desacato” de la Asamblea Nacional y ordene abrir investigaciones por violación de la Ley Orgánica de la Contraloría.
Hernández, articulista de Prodavinci, escribe en el portal que “hay un claro riesgo en el horizonte de la Asamblea: la inhabilitación de diputados, lo que les impediría participar en cualquier nueva elección que pueda realizarse”.
El propio Galindo señaló que los parlamentarios pueden ser sancionados con multas o incluso con inhabilitación política si obstruyen la acción de la Contraloría.
Una acción sin fundamento
El exmagistrado del TSJ, Perkins Rocha, enfatiza que la acción que emprende la CGR carece de fundamento. “No hay norma legal ni reglamentaria que permita al Contralor intervenir la contraloría interna de cualquier organismo público, solo por el hecho de que no se ha llamado al concurso público para elegir al nuevo funcionario. La única forma es si, producto de un procedimiento administrativo, se determinara la presunción de graves irregularidades administrativas, explica.
El jurista recuerda que desde que fue creada la Asamblea Nacional en el año 2000, en sustitución del Congreso, el contralor interno del Parlamento nunca fue nombrado por concurso. “Todos los contralores han sido interinos y fueron colocados por el chavismo, incluso el más actual que fue designado por Diosdado Cabello”.
En su opinión, la única acción que puede ejercer la AN es el desconocer una posible sentencia del TSJ. “La AN debe desconocer todo acto que emane de una autoridad manifiestamente nula, porque si acepta, estaría avalando una usurpación de funciones; porque la designación del auditor interno le corresponde al Parlamento y no al Contralor”, afirmó.
“La AN tiene entre sus atribuciones la remoción del Contralor, pero para que este procedimiento se pueda llevar a cabo el Poder Moral tendría que iniciar una investigación a Galindo y eso es poco probable que pase”, agregó.
Sin Gaceta no hay nombramiento
El diputado Henry Ramos Allup, a quien el Contralor acusa directamente de obstaculizar la intervención administrativa del Poder Legislativo, reiteró que el concurso público no ha sido convocado porque el Poder Ejecutivo no les publica nada en Gaceta Oficial.
“El concurso para nombrar un contralor interno debe aparecer en Gaceta Oficial. Ábreme la Gaceta y te abro el concurso, bobo”, sentenció el parlamentario.