Promesa incumplida: Nuevo Régimen Penitenciario en celdas policiales aún no se ejecuta - Efecto Cocuyo

Promesa incumplida: Nuevo Régimen Penitenciario en celdas policiales aún no se ejecuta

En 2018, después de una tragedia en la que murieron 69 personas dentro de una comandancia policial en Carabobo, el Ministerio para Servicios Penitenciarios aseguró que llevaría su modelo de disciplina y atención a los centros de detención preventiva: el Nuevo Régimen Penitenciario. ¿Qué pasó un año después? Un hecho similar se repite, esta vez en el estado Portuguesa, y la promesa pasó a la lista de deudas del Gobierno.

El Nuevo Régimen Penitenciario es el nombre acuñado por Iris Varela para su gestión en el Ministerio. Es la única funcionaria de su rango que no ha sido removida del cargo, pese a múltiples polémicas y cientos de privados de libertad fallecidos.

Para 2014, en su tercer año de gestión, aseveró que el nuevo régimen fue implementado en más del 50% de los penales del país. Cuatro años después, el porcentaje aumentó a 98%, lo que es igual a uno solo: Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón.

¿Qué es el Nuevo Régimen Penitenciario? En teoría consiste en un modelo de disciplina militar mezclado con cronogramas de estudio, deporte y actividades culturales. En la práctica se trata de uniformar al reo, restringir las visitas y llamadas a dos veces al mes, obligar al interno a hacer orden cerrado y la prohibición del ingreso de alimentos.

“Nada de eso se ha aplicado en los centros de detención preventiva”, sentenció Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana para la Libertad.

El activista desde hace tres años se enfocó en la evaluación de las condiciones de vida en las comisarías policiales y militares. El monitoreo abarca a 15 estados y 174 centros de detención preventiva.

“A veces les llevan el Plan Cayapa, pero no pasa de ahí”, recalcó. Este es un mecanismo del Ministerio para brindar apoyo jurídico a los detenidos.

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Inicios del “Plan Pasos para la Libertad”

Leudi Torres, se identifica como trabajadora del Ministerio en su cuenta de Twitter. En febrero escribió un tuit en el que se leía: “MPPSP Continúa Diplomado, atención jurídica e integral para los privados y privadas de libertad, ‘Plan Pasos de Libertad’, para formar profesionales y estudiantes, propósito combatir retardo procesal y hacinamiento en centros de arresto preventivo”.

Es la primera vez que en las redes cercanas al Ministerio se menciona el Plan Pasos para la Libertad. Tres meses después, un comunicado de prensa de la institución revela que se realizó el “1º Diplomado de Atención Jurídica Integral para los privados de libertad que se encuentran en Centros de Detención Preventiva”. La cohorte fue de 60 personas, certificadas por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes).

Los participantes fueron trabajadores de diferentes instituciones, entre las que se encontraban Jóvenes del Barrio, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), viceministerio del Sistema Integrado de Policía (VISIPOL), Policía de Sucre,, Policía de Libertador, Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Gobernación de Miranda, entre otros.

Varela anunció en esa nota de prensa del 10 de mayo de este año que este era el inicio del “Plan Piloto Pasos de Libertad” y designó a Lisset Blanco para dirigir el proyecto. Es decir, un año y dos meses después de la masacre de Policarabobo.

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El traslado del conflicto carcelario

Antes de la creación del Ministerio para Servicios Penitenciarios el cuidado de los privados de libertad estaba a cargo del Ministerio para Interior y Justicia.

Un conflicto en el Internado Judicial Rodeo I y II, en el estado Miranda, causó polémica no solo por el resultado fatal que dejó, sino por las razones detrás del motín. Una mafia carcelaria, controlada por un líder delictivo, se movía en las entrañas de los centros de reclusión del país. En anuencia de autoridades militares a cargo de la vigilancia perimetral.

“Crean el Ministerio para Servicios Penitenciarios (2011) y se entiende que toda la población penitenciaria estaba bajo su control. Pero Varela cambió todo. Ella estableció que solo iban a pasar a las cárceles aquellas personas en fase intermedia. Es decir, cuando haya una acusación”, expuso Zair Mundaray, exdirectivo del Ministerio Público.

Los centros de detención preventiva, celdas dentro de comandancias policiales, comenzaron a llenarse. Mundaray explicó que en el artículo 44 de la Constitución se establece que una persona solo debe estar en estos lugares por 48 horas. Por esto, ninguna comisaría tenía incorporadas otras comodidades diferentes al acceso al agua y al aseo personal.

Ahora, múltiples fugas y muertes han tenido como escenario los centros de detención preventiva. Mientras que en las cárceles formales las muertes violentas disminuyeron, de acuerdo a las cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). En 2018, este índice volvió a subir en 100% con relación a 2017.

Mundaray enumera las consecuencias de la decisión de Varela:

1.- Hacinamiento en comisarías policiales

2.- Desprofesionalización de los funcionarios policiales

3.- Proliferación del pranato a todas las comisarías policiales

4.- Convivencia entre policías y detenidos

5.- Violación de derechos como: debido proceso, alimentación, salud, visita y recreación.

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