Exempleado de Casa cumplirá un año preso en El Helicoide sin una acusación

Cumplir con su trabajo le costó la libertad. Luis Edgardo Olmos Gil, exjefe de Tecnología de la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (Casa), está preso desde el 15 de septiembre del 2017. Es uno de los detenidos de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que aún no recibe una acusación formal.

Dos protestas protagonizadas por los detenidos en esta comisaría pusieron en evidencia las fallas en el sistema judicial. Entre otros derechos, los privados de libertad exigieron que se cumplieran los traslados a tribunales. Como Luis Edgardo, hay decenas de aprehendidos cuyo derecho al debido proceso es vulnerado. Principalmente, porque los funcionarios del Sebin no los llevan ante el juez.

Por esto los procesos están paralizados. Los detenidos no pueden defenderse, sus medidas cautelares no pueden ser revisadas y mucho menos se determina el lapso de tiempo que deben permanecer encarcelados. Tienen una pena sin fecha de caducidad.

Luis Edgardo, por ejemplo, solo ha pisado una vez un tribunal. El 15 de septiembre de 2017 una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se lo llevó de su oficina en la sede principal de Casa, ubicada la avenida Andrés Bello de Caracas. Al día siguiente, lo llevaron ante al juez 27° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC).

Allí lo imputaron por corrupción y acceso indebido o sabotaje a sistemas protegidos. “Él lo que hizo fue cumplir las órdenes de su superior, Jenny González“, aseveró Marbelys Bauza, esposa del joven.

Explicó que, para ese momento, Casa pasaba por un proceso de liquidación y supresión como institución, por lo que varios empleados pasaron a nómina de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal).

“A Luis le pidieron que inhabilitara los usuarios de los empleados que ya no estaban activos en Casa. Eso trajo como consecuencia que esas personas no pudieron cobrar. Lo acusaron de haber saboteado el sistema. ¿Pero qué culpa tiene él, de que Cuspal no haya creado los usuarios a tiempo?”, se pregunta Marbelys.

Mencionó que, a diferencia de su esposo, Jenny González no fue investigada y actualmente forma parte del equipo de trabajo de Rodolfo Marco Torres, gobernador de Aragua.

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Versión oficial

El 26 de septiembre de 2017, el Ministerio Público envió un comunicado donde relataba los hechos. Se cumplían 10 días de la presentación de Luis Edgardo.

La Fiscalía aseguraba que desde principios de septiembre, los servidores de Casa y Cuspal fallaron. El 13 de septiembre, las directivas de ambas empresas detectaron la interrupción de los procesos de comercialización. Fue ese día cuando también vieron las irregularidades internas en las áreas de importaciones, inventario, materia prima, cotizaciones, facturación y despacho de mercancía.

Las investigaciones llevaron a Luis Edgardo. Al parecer, él tenía acceso al sistema central de las compañías.

En la única audiencia que tuvo el señalado, la fiscal 79° del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Isabel Labrador, lo imputó. El tribunal aceptó la precalificación de los delitos.

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Un bebé que no verá nacer

El 1 de junio de 2018, Marbelys Bauza pasó todo el día en las cercanías de la Cancillería de Venezuela en la avenida Baralt de la ciudad capital. La noticia de que iban a ser excarcelados algunos de los presos de El Helicoide llegó temprano a su casa. Los funcionarios del Sebin llevaron en autobuses a un grupo de detenidos, pero nadie sabía quiénes eran.

La Asamblea Nacional Constituyente, por órdenes del presidente Nicolás Maduro, excarceló cientos de personas, considerados presos políticos. Luis Edgardo no estaba en la lista.

“Esto es horrible, porque no sabemos qué va a pasar con él. No lo llevan a tribunales y ya tiene 18 audiencias diferidas. No sabemos si lo van a condenar o si lo van a liberar”, expuso Marbelys.

El proceso penal tiene tres fases. La primera responde a la presentación en tribunales donde se precalifica un delito y según el riesgo de fuga o la peligrosidad del imputado, se otorga una medida cautelar. Esto permite que las investigaciones continúen en contra de la persona, pero en libertad.

La Fiscalía tiene 45 días para presentar elementos que comprueben que el imputado cometió el delito en una audiencia preliminar. Se pasa así a la segunda fase. En esta cita puede ser diferida dos veces, para dar más tiempo a los fiscales de reunir las pruebas.

Cuando se da esta audiencia, se decide si la persona debe pasar a juicio o se le sobresee la causa por falta de argumentos. Se cumple así la tercera fase.

“Él está preocupado porque pronto voy a dar a luz y no va a estar. Tampoco va a poder ver al bebé, su único hijo. En El Helicoide no dejan pasar recién nacidos. Esto nos tiene muy mal”, exclamó Marbelys, quien está desempleada y sobrevive de trabajos a destajos en informática.

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