Doce presos políticos permanecen en celdas del Sebin, según Foro Penal - Efecto Cocuyo

Doce presos políticos permanecen en celdas del Sebin, según Foro Penal

Octubre fue un mes conmocionado para la defensa de los derechos humanos. La muerte de un concejal, considerado uno más de los preso políticos del Gobierno, recluido dentro de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), puso nuevamente en tela de juicio la garantía de los derechos de los privados de libertad.

Por la muerte de Fernando Albán, edil del municipio Libertador de Distrito Capital, serán procesados Keiberth Cirelli y Miguel Dos Santos, funcionarios del Sebin. Al parecer, la Fiscalía quiere imputarles el delito  quebrantamiento de obligaciones de custodia.

El abogado de la familia Albán, Joel García, indicó el 24 de octubre que el delito que se pretende asignar a los agentes es mucho menor a lo que realmente ocurrió. Recordó que la vida de un detenido es responsabilidad del cuerpo de seguridad que lo mantenga bajo custodia, así como tiene el deber de garantizarle alimentación y salud, entre otros. Mencionó que esto está contemplado tanto en la Constitución venezolana (artículo 272), como en convenios internacionales firmados por el Estado.

Bajo la custodia del Sebin en Distrito Capital se encuentran actualmente 12 presos políticos, según Foro Penal. En la capital de Venezuela hay dos sedes, una en Plaza Venezuela y otra en la parroquia San Agustín.

Foro Penal es una organización que lleva el registro de las personas privadas de libertad por motivos políticos, que no estén vinculadas en delitos violentos. En total, para el 21 de octubre, la agrupación de defensores aseguró que hay 234 presos políticos.

👉 Yelut Iniestra:

El próximo 16 de diciembre cumple tres años como privada de libertad, aunque aún no se ha celebrado su primera audiencia de presentación.

Según su abogado, Dimas Rivas, miembro de Foro Penal, Yelut solo ha pisado una vez un tribunal. Su caso lo lleva el Tribunal 8° de Control de Aragua, quien aceptó la imputación de la Fiscalía por los delitos de homicidio, como autora intelectual, y terrorismo.

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👉 Juan Guevara, Otoniel Guevara y Rolando Guevara:

Después del asesinato del fiscal Danilo Anderson, el 18 de noviembre de 2004, el 20 de diciembre de 2005, Otoniel y Rolando Guevara fueron sentenciados a 27 años y nueve meses en prisión, mientras que Juan, su hermano, fue sentenciado a 30 años de prisión.

En el año 2011 se solicitaron medidas alternativas de la pena. Aún se espera decisión en virtud de que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no ha realizado las evaluaciones pertinentes.

👉 Jorman Ortiz y Heber Ramírez:

Fueron privados de libertad el jueves 24 de mayo de este año. Ambos son miembros del Movimiento Neomar Lander y estuvieron desaparecidos durante 48 horas, según denunciaron sus familiares.

Los jóvenes fueron llevados al Tribunal 30° de Control del Área Metropolitana de Caracas.

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👉Jonathan Medina, Andrea Rivas y Thays Valera:

Fueron privados de libertad el 22 de agosto de este año por el Tribunal 1° de Control con competencia de Terrorismo. Son relacionados con el atentado fallido contra Nicolás Maduro el 4 de agosto de este año.

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👉 Juan Carlos Requesens Martínez:

El joven político fue privado de libertad por el Tribunal 20 de Control la tarde del 14 de agosto de este año.  Es relacionado en el atentado fallido contra el presidente. Es uno de los diputados eletos en 2015, en representación del estado Táchira  e integrante de Primero Justicia.

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👉 Gabriel Alejandro Reyes Beltrán:

Fue detenido el 30 de marzo de 2014 cuando se encontraba en una manifestación en la avenida Ferrero Tamayo de San Cristóbal, en el estado Táchira. En principio se dijo que  tenía una alerta roja por Interpol, pero el equipo de Foro Penal Táchira logró desmontar esta acusación.

👉 General Raúl Isaías Baduel:

En enero de 2017 y un día ante de que terminara su condena por corrupción -que cumplía en su casa gracias a una medida cautelar-, el general retirado y exministro de la Defensa Raúl Isaías Baduel volvió a ser apresado por la comisión de presuntos delitos que afectan la “integridad” del país, aunque estos no han sido aclarados por la Fiscalía venezolana.

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