Abogado de Albán dice que a tres meses de su muerte "no hay averiguación en la Fiscalía" - Efecto Cocuyo

Abogado de Albán dice que a tres meses de su muerte “no hay averiguación en la Fiscalía”

Uno de los abogados del concejal Fernando Albán, quien murió bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado 8 de octubre de 2018, aseguró que después de tres meses después de su fallecimiento, en la Fiscalíano hay una averiguación” del caso.

“A más de 100 días, no se ha realizado ninguna diligencia para investigar la desaparición forzada, cuya consumación del delito por parte del Sebin fue pública y notoria. La hermana del concejal hizo la denuncia al día siguiente de su detención ilegal y dos días antes de su muerte”, aseveró el abogado Ramón Aguilar.

En rueda de prensa, este miércoles 16 de enero, el defensor Aguilar afirmó que el Ministerio Público no se ha pronunciado por los delitos de desaparición forzada, privación ilegítima de libertad, encubrimiento de desaparición forzadatorturas, tratos crueles, homicidio calificado, ejecución extrajudicial, encubrimiento de los delitos anteriores y asociación para delinquir. Precisó que esta denuncia formal fue hecha el 4 de diciembre de 2018.

En dicha denuncia se solicitó la investigación de los funcionarios del Sebin actuantes. Incluso exigieron que fuese investigado el entonces director del cuerpo, Gustavo González López, así como de la juez Carol Padilla.

“Hasta la fecha solo hubo una notificación de la vicefiscal en la que declaró la recusación contra Tarek William Saab”, agregó. Esta acción de la defensa buscaba la separación del caso del Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, debido a su pronta declaración sobre la muerte.

El mismo día de la muerte de Albán, el alto funcionario aseveró que se trataba de un suicidio. Para la defensa del concejal este hecho puede perturbar la investigación imparcial de la Fiscalía.

En la denuncia presentada por el grupo de abogados de Albán, se solicitó la exhumación del cadáver, así como la práctica de una nueva autopsia por expertos independientes.

“La Fiscalía se perpetúa como encubridora de estos delitos”, sentenció.

La víctima es el Estado

Durante la rueda de prensa, Aguilar expuso que la única investigación que se sabe que fue abierta es contra la administración de justicia. Esto se refiere al proceso iniciado contra los funcionarios del Sebin, a quienes se les pretendía imputar por fallar en la cadena de custodia de un detenido.

El abogado denunció que la defensa de Albán solo tuvo acceso a ese expediente durante escasos minutos. Dijo que el fiscal Ángel Betancourt no ha permitido nuevas revisiones de ese documento y tampoco que la defensa pueda sacarle copias. Tampoco ha tenido acceso a esas audiencias, porque el juez no concibe al concejal como víctima, sino el Estado venezolano.

Aguilar además informó que los funcionarios del Sebin nunca fueron detenidos y la audiencia de presentación les fue diferida en dos ocasiones. Desconocen si finalmente ocurrió la imputación.

El viernes 5 de octubre de 2018, Fernando Albán, quien para la fecha era concejal del municipio Libertador de Caracas, fue detenido a su llegada de Estados Unidos. Lo apresaron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, y durante dos días los dirigentes del partido Primero Justicia, al que pertenecía, denunciaron su desaparición forzada.

Fue el domingo 7 de octubre cuando tuvieron comunicación con él y el lunes 8 de octubre, cuando iba a ser presentado ante los Tribunales, falleció en circunstancias que no han sido aclaradas por las autoridades.

La versión del fiscal designado es que Albán se lanzó del piso 10 del Sebin en la sede de Plaza Venezuela. Sin embargo, la oposición rechazó esta tesis y acusó al gobernante Nicolás Maduro de haberlo asesinado al lanzarlo de ese edificio.

Desde entonces pese a las denuncias, condenas nacionales e internacionales, el Ministerio Público no ha presentado una conclusión sobre el caso, según los defensores de Albán.

La defensa  y su familia piden que se abra una averiguación a los funcionarios que actuaron en la privación ilegítima de libertad del concejal, así como a Gustavo González López, quien era el director del Sebin en ese momento, a quien destituyeron posteriormente del cargo.

Repatriación ignorada

La esposa del concejal, Meudy Osío, el 5 de diciembre de 2018 expuso el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). En esa audiencia pidió la repatriación del cuerpo para ser enterrado en Estados Unidos, junto a su familia.

Esta petición fue formalizada por miembros de la Cidh ante el representante del gobierno de Venezuela. Hasta la fecha, no hay respuesta a esta solicitud.

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