Para Provea y Cdh-Ucab, muerte de Roa no es un hecho aislado a la 8610

Ibis León / @ibisL

La muerte del liceísta Kluiberth Roa, la mañana de este martes 24 de febrero en San Cristóbal, ha generado, de nuevo, cuestionamientos a la resolución 8610 sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el control del orden público, promulgada por el Ministerio de la Defensa.

Desde que salió publicada, el 27 de enero, en Gaceta Oficial N° 40.589, diversos sectores de oposición, organizaciones no gubernamentales y representantes del oficialismo se manifestaron. Unos para rechazar lo que denominaron “la militarización de la protesta” y otros para defender el avance del establecimiento de normativas que controlen el uso progresivo de la fuerza.

A pesar de que el defensor del pueblo, Tarek William Saab, ha enfatizado que el asesinato del liceísta no tiene vinculación la resolución, Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Ucab, señaló que el punto no es que esté o no relacionado con la normativa 8610, sino que bajo ninguna circunstancia los funcionarios deben usar armas letales en manifestaciones cívicas. “En ningún caso el funcionario tiene que portar un arma de fuego en manifestaciones pacíficas y eso lo dice nuestra Constitución. Si usted autoriza el porte no es para que usen la pistola de adorno”, puntualizó.

Esta norma, establecida en el artículo 68 de la Constitución, además, se ratifica en el punto 16 de la Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme en el que se prohíbe expresamente el porte de armas blancas y de otro tipo en reuniones o manifestaciones públicas y ampliado en el 26. Quien incurra en este delito podría cumplir una condena de 4 a 8 años de prisión de acuerdo con el articulado 113. En el Código Penal también se tratan las sanciones en el 276, precisó Francisco Martínez Montero, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz en un documento sobre actuación policial en control de manifestaciones publicado en la ONG Acción Solidaria.

De acuerdo con Bolívar, en un video se ve que después de que cae el cuerpo de Roa es cuando lanzan bombas lacrimógenas y eso evidencia el uso incorrecto de los equipos antimotines. “Los gases lacrimógenos no se pueden usar cuando hay una persona herida y tampoco pueden echar a correr, como se ve en el video. Tienen que socorrer a la persona. No están apegándose a la formación que recibieron y el jefe del funcionario de la PNB que disparó tiene la misma responsabilidad por permitir que saliera armado”, dijo.

Giuseppe Cacioppo, viceministro del Sistema Integrado de Policia, aseguró que al haberse efectuado el disparo a menos de un metro y medio, sobre el liceísta, la escopeta se convirtió en un arma letal porque el reglamento establece que debe ser accionada a una distancia no menor de 30 metros. Esas declaraciones las dio en las afueras del Ministerio de Interior y Justicia, este miércoles 25F, cuando recibió el documento que el movimiento estudiantil entregó para pedir la derogación de la resolución, la destitución del director de la PNB nacional, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, y la captura y condena de los responsables de los asesinatos de seis estudiantes en lo que va del mes de febrero.

Para Bolívar,  con la promulgación de esta normativa se buscó establecer una base jurídica que legaliza la intervención de la Fanb con armas en manifestaciones violentas con el alegato de que está establecido en disposiciones sobre el orden público especificadas en el 8° Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento al delincuente celebrada en La Habana en 1990, a la que había hecho referencia el Defensor el 3 de febrero cuando habló que en esta se especifican las normas relacionadas al orden público.

Uno de los defensores de esta normativa es Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, que afirmó –en una entrevista televisada el 3 de febrero en Venezolana de Televisión– que “el propósito principal de la Resolución es el respeto de los derechos humanos. No tiene otro objetivo que normar la actuación de la Fanb en situaciones de orden público (…) no el uso de las armas”, dijo.

Nueve días después, el 12 de febrero, Padrino López precisó que la Fanb actuaría sólo después de que la situación pusiera en peligro a las autoridades civiles. “Es más la Fuerza Armada actuaría cuando ya han sido rebasadas las autoridades civiles en ese momento y a solicitud del ministerio competente y ahora con esta norma con mayor rigurosidad”, puntualizó.

El carácter ambiguo de algunos artículo como el 5, en el que se lee que la fuerza puede llegar incluso al uso de armas de fuego es lo que alerta al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos. Inti Rodríguez, coordinador de investigación de Provea, consideró que la interpretación de la ley sobre las situaciones que ponen en peligro la vida de los funcionarios no está clara y la asociación de determinados sectores con manifestaciones violentas o “guarimberas” pueden condicionar al funcionario. “Pueden interpretar que una protesta convocada por un determinado sector puede ser violenta y entonces acuden portando armas de fuego que fue lo que pasó en Táchira. Habría que preguntarse qué hace un PNB con un arma de fuego en medio de una manifestación pacífica porque recordemos que la policía también hirió de bala a tres estudiantes que protestaban en la Ucat y que devino en la destitución del director de la policía”.

Destacó que aunque el marco legal no está relacionado con la regulación de la Policía Nacional Bolivariana no se puede investigar el asesinato de Kluiberth como un hecho aislado. “Está enmarcado en un contexto de criminalización de la protesta en el país. Lo que ocurrió en Táchira está relacionado con el uso desproporcionado de la fuerza”.

Transcendió en varios medios nacionales que desde el Ministerio Público investigan si la resolución está relacionada con el asesinato del menor en Táchira.

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