Foro Penal rechaza empleo de armas de guerra en operativo contra Óscar Pérez y su grupo

Tras el operativo policial y militar que derivó en las muertes violentas de Óscar Pérez y al menos ocho personas más, la ONG Foro Penal (FP) expresó su rechazo ante el “uso de armas de guerra como lanzacohetes” por parte de funcionarios contra personas que “públicamente habían manifestado su intención de deponer las armas y de entregarse a las autoridades”.

En un comunicado dirigido a los venezolanos y a la comunidad internacional, la organización no gubernamental asegura que “es deber del Estado (…) garantizar la vida y la integridad física de todos los ciudadanos, incluso la de aquellos que hayan sido señalados como autores o partícipes en hechos punibles”,  además de enfatizar que “el derecho a la vida es inviolable, así lo establecen de manera clara el artículo 43 de la Constitución y múltiples Tratados Internacionales vigentes en Venezuela”.

Al respecto, aseveró que el debido proceso fue irrespetado tras el video publicado por el mismo Pérez expresando su rendición en redes sociales durante el enfrentamiento. Foro Penal también recordó que los funcionarios involucrados tenían y tienen el deber de agotar los medios no violentos para neutralizar una situación, antes de recurrir al empleo de la fuerza y armas de fuego.

Por esta razón, la organización subraya la importancia de que las personas sean tratadas como inocentes hasta que se emita una sentencia que indique lo contrario.

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La ONG también exigió al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo llevar a cabo una “investigación independiente, exhaustiva, objetiva e imparcial” sobre lo ocurrido en El Junquito, Distrito Capital, para esclarecer los hechos donde siete personas fueron asesinadas sin haber sido sometidas previamente a la justicia. Asimismo, se podrá establecer las responsabilidades de los funcionarios policiales y militares y otros civiles involucrados en el “uso ilegal, indebido y desproporcionado de la fuerza letal“.

Además, que “de acuerdo a las normas vigentes, el uso diferenciado y progresivo de la fuerza pública y de las armas, en el contexto de una investigación penal legítima adelantada conforme a la normas respectivas, no se justifica en ningún caso, y es un craso contrasentido, que en un acto de pretendida lucha contra la delincuencia, el Estado mismo y sus funcionarios violen las reglas nacionales e internacionales que están obligados a cumplir en estas situaciones y se coloque, también, al margen de la ley”.

Finalmente, FP declaró que, de acuerdo con el artículo 324 de la Constitución, es “inaceptable, y constituye incluso una gravísima violación a los DDHH, que se permita, promueva o avale la participación de individuos o grupos civiles irregulares o paramilitares, sin competencia legal ni entrenamiento, en operaciones policiales o militares o, en general, en funciones de seguridad o de control del orden público”.

Lea el comunicado completo:

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