“Con un examen a la Sala Constitucional, se detecta que el problema está allí, (porque) tiene problemas desde su concepción. Algo malo está pasando cuando la Sala Constitucional ni siquiera admite la discrepancia y las sentencias se emiten con unanimidad. Volvieron la Constitución un instrumento que complace al que manda”, afirmó Eugenio Hernández Bretón, profesor de Derecho Internacional Privado en la UCV y en la Universidad Monteávila, durante su ponencia en Primer Seminario de Acceso a la Justicia, organizado por la institución del mismo nombre.
Al evento fueron invitados varios académicos de reconocida trayectoria en derecho, políticas públicas y gestión judicial para analizar la situación actual de Venezuela en materia de justicia, el impacto que han tenido las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el país; y las consecuencia a mediano y largo plazo que puede acarrear la falta de independencia judicial.
“Ahora el papel del juez no se comprende y se convierte en la defensa de un bando. Eso conduce a la deslegitimación del sistema, pues los juristas muestran en sus decisiones aceleradas que desconocen la ley. El sistema formal de justicia actual es un brazo del régimen”, apuntó Rogelio Pérez Perdomo, profesor de la Universidad Metropolitana, quien en su ponencia detalló cómo evolucionó el poder judicial desde la dictadura.
Precisó que durante el mandato de Marcos Pérez Jiménez existían dos sistemas judiciales; uno formal que atendía casos comunes y otro en el que se “procesaba” a los presos del régimen, cuyo juez era el propio dictador. “En la era de la ‘revolución’, el aparato que aplica justicia en el país se convirtió en el agente de la represión. La justicia ahora perdió su independencia”, dijo el especialista.
Pérez Perdomo explicó que luego de la dictadura, durante las década de establecimiento de la democracia, la justicia se caracterizó por el reconocimiento de la lealtad partidista, antes que el profesionalismo; por la deficiencia en la estabilidad de los jueces y por las “tribus judiciales”, que funcionaba con jurista líder al que los demás seguían.
Agregó que la justicia tuvo una “época de oro cuando los partidos perdieron el poder”, en los años 90 cuando la ciudadanía dejó de sentirse representada. Aunque seguía siendo partidista, los ciudadanos comenzaron a confiar en el sistema, porque los miembros eran independientes y fueron árbitros de conflictos políticos y económicos”, manifestó el profesor. Un ejemplo de esto fue el antejuicio de mérito sobre el entonces presidente Carlos Andrés Pérez por malversación de fondos.
Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, indicó que se debe exigir que el poder judicial sea independiente para poder avanzar como país. “La intención de este seminario es poder entender por qué estamos en esta situación. ¿Y cuál es la situación? El pecado capital. Ni los jueces ni los magistrados son lo que deberían ser desde el punto de vista de la formación profesional, no tienen las credenciales, no tienen requisitos constitucionales y el proceso de selección no es el que es”, exclamó la abogada.
Criticó la falta de transparencia del Tribunal Supremo de Justicia y la partidización de la línea estratégica del ente. “La presidente del TSJ ha dicho muchas veces que va a cumplir el Plan de la Patria. Es decir, no hay imparcialidad. La justicia debe estar orientada por la Constitución, no por un plan de gobierno”, indicó.