Trabajadores de Kreisel no han cobrado desde que fue intervenida por el Gobierno

“Lo que estoy haciendo es justicia”, dijo el presidente Nicolás Maduro tras la intervención de la distribuidora de juguetes Kreisel. Sin embargo, los cincuenta y dos trabajadores de esta empresa no creen lo mismo. Desde el 8 de diciembre no cobran un centavo de su salario, pese a que tienen que asistir todos los días a una jornada laboral regular.

En la avenida principal de Boleíta, hacia el este de Caracas, en medio de industrias, se encuentran todas las mañanas trabajadores de todos los niveles la distribuidora. ¿Por qué no entran? Porque no pueden; la intervención gubernamental en la empresa les cambió la forma de trabajar y lo peor es que lo están haciendo gratis.

“La última fecha en que cobramos fue el 30 de noviembre. A raíz de la toma del Sundee, estamos en el aire”, dice Marellys Crespo, empleada por más de nueve años en el área administrativa de Kreisel, quien junto a sus compañeros lleva una cruzada para exigir el pago de los pasivos laborales.

El pasado 8 de noviembre, Maduro ordenó a la Sundee la intervención de la distribuidora de juguetes más grande del país, porque según una declaración gubernamental, estaban vendiendo a sobreprecio e inclusive comercializaban los jueguetes en dólares.

A la fecha son tres quincenas, un bono navideño y los tickets de alimentación de diciembre que les adeudan a estos empleados. Sin embargo el mayor temor de ellos es que la situación se mantenga en el tiempo. “Nosotros tenemos que seguir viniendo a trabajar porque si no, podrían decir que abandonamos nuestros puestos de trabajo y eso sería causa de despido”, recordó Crespo.

Ninguno tiene intenciones de renunciar o de que lo despidan, pero tras la intervención, a los trabajadores de Kreisel se les complica hasta llegar a sus escritorios y sentarse sin problemas.

“No podemos entrar al edificio hasta que llegue la representante de la junta interventora (Ana Karina Febres)”, cuenta la empleada, quien agregó que la semana pasada, la funcionaria pública llegó a las 12 del mediodía y ellos estaban en el sitio desde las ocho de la mañana. “El 29 de diciembre nos prohibieron el acceso al edificio Leo”, denunció.

Dentro de las restricciones, también está la prohibición de sacar cualquier artículo de la empresa, inclusive las cosas personales de cada empleado. “Se llevaron computadoras y también nos prohibieron llevarnos nuestras cosas”, dice Crespo.

Justo antes de la intervención, el dinero para la nómina ya estaba disponible en las cuentas, con el que se haría el pago de la primera quincena de diciembre. No obstante, como la Sundee congeló las cuentas, los trabajadores se quedaron en el aire.

“Quedaron en que ellos iban a hacer una junta para que nos pagaran, pero hasta el momento no nos han dado respuesta”, refiere Marellys.

Por su parte, Judith Parra, otra de las afectadas, asegura que pasaron un diciembre muy triste porque, además de la crisis que atraviesa Venezuela, ellos no pudieron tener ningún tipo de remuneración.

“Aquí se vivieron cosas que nunca en mis 73 años lo he visto”, afirma Antonio Lima, trabajador con más de 15 años en la organización, quien añade que hay varias personas de la tercera edad esperando por su pago, entre ellos, la jefe de Crédito y Cobranza, quien tras una caída no puede caminar bien.

Ella -quien prefiere reservar su identidad porque toda la situación la tiene muy conmovida- asevera que en sus 32 años en la empresa, jamás había tenido que estar tantas horas afuera del edificio, expuesta al sol y a la lluvia.

En esta sede de Kreisel hay militares que resguardan las instalaciones. En los galpones también hay funcionarios castrenses.

Mientras que estos trabajadores exigen sus pagos en el Ministerio del Trabajo, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, hay dos empleados que no eran directivos, pero que están detenidos en el Sebin. “Ellos no le deben a la justicia”, aseguran sus compañeros. Ningún organismo público les ha dado respuesta a este grupo de personas.

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